La prevención del embarazo no deseado, causa principal de abortos en el país, no fue una prioridad para el Gobierno en sus dos primeros años de gestión. En 2016 y en 2017 se subejecutaron las partidas presupuestarias de educación y salud sexual, y se incumplieron las metas de distribución gratuita de anticonceptivos en la población. La situación dio un giro este año, en coincidencia con el debate sobre la despenalización del aborto, que comenzará a tratarse mañana, en comisión, en la Cámara de Diputados.

Con la instrumentación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), en los primeros tres meses de este año subió un 67% el presupuesto destinado a promover la salud sexual y la procreación responsable.

La decisión del presidente Mauricio Macri de impulsar la agenda de género en el Congreso marca, así, un punto de inflexión. En efecto, los presupuestos ejecutados de 2016 y de 2017 dan cuenta de fuertes subejecuciones en el programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, a cargo del Ministerio de Salud, destinado a la prevención del embarazo no deseado y de las enfermedades de transmisión sexual. Por caso, en 2016 solo se repartió el 10% de los preservativos previstos y apenas el 27% de los tratamientos anticonceptivos planificados. En 2017, esos porcentajes treparon al 75% y al 70%, respectivamente.

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Estas cifras oficiales, que figuran en la Cuenta de Inversión 2016 y en el último informe de gestión del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, contrastan con la ejecución presupuestaria de este año: en solo tres meses, el mismo programa creció en $150 millones, un 67% más. Hasta diciembre pasado había gastado $223 millones, el Gobierno previó un presupuesto de $245 millones para este año y, sobre la marcha, lo aumentó hasta trepar a $373 millones.

El repunte presupuestario y la jerarquización del programa (se lo convirtió en Dirección de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable) se enmarcan en el lanzamiento del Plan ENIA, en agosto de 2017. Este plan, que conjuga los programas ya vigentes de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, es administrado por la ministra Carolina Stanley y contará con un presupuesto de $2000 millones hasta junio de 2020. Así lo informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe al Congreso.

Empero, este refuerzo en materia de prevención sanitaria no se refleja en el Programa Nacional de Salud Sexual Integral (ESI), dependiente del Ministerio de Educación, que cuenta cada vez con menos recursos: para este año se presupuestaron $21,8 millones, cuando en 2017 se ejecutaron $32 millones, según el informe del jefe de Gabinete. Creado en 2006 a partir de la ley 26.150, el ESI fomenta la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado y la toma de decisiones en la vida sexual. Desde su creación, la ley establece y garantiza el dictado de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, tanto privados como públicos, laicos y confesionales.

Sin embargo, a doce años de sancionada, la ley no se cumple de manera satisfactoria. Así se desprende de una encuesta que realizó la Fundación Huésped entre casi 2900 jóvenes de todo el país y que ingresaron a la escuela secundaria desde el año 2000. Según ese sondeo, siete de cada diez estudiantes señalan haber observado experiencias de embarazo en su escuela secundaria. Frente a esa situación lo que predomina es el debate entre los propios estudiantes (45%). Solo el 39% menciona algún abordaje por parte de personal de la institución (docentes y preceptores) y el 38% indica directamente que no se habló del tema.

Además, el 50% de los estudiantes y el 96% de los docentes dicen conocer la ley de educación sexual integral (ESI), pero solo la mitad de los docentes entrevistados recibió formación en capacitaciones proporcionadas por el Estado. El 57% de los docentes indica que buscó información por sus propios medios.

La Fundación Huésped realizó un pedido de acceso a la información al Ministerio de Educación de la Nación: allí se le informó que durante 2016 se capacitaron de manera presencial 200 docentes y hasta agosto de 2017, 1050. Por contraste, en 2015 habían sido 55 mil y en 2014, 28 mil.

«La prevención en salud y en educación sexual es clave para evitar los abortos. La última campaña importante de difusión pública en materia de educación sexual tuvo lugar en 2008 -advierte Natalia Haag, directora nacional de Prevención y Testeo de la sede local de AHF (Aids Healthcare Foundation)-. Nosotros venimos advirtiendo, además, una caída en la distribución de preservativos en los centros públicos de salud: esto es un problema, no solo por los abortos clandestinos, sino por el aumento detectado de sífilis en madres y niños recién nacidos».

El Gobierno espera revertir esta situación con la instrumentación del Plan ENIA, que comenzará a desplegarse este año. Sus objetivos principales son el acceso a la consejería en salud sexual y salud reproductiva en centros de salud y en las escuelas, la educación sexual integral en las escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos de probada eficacia para evitar un embarazo.

Además se prevé el acceso a mecanismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que sufren situaciones de vulnerabilidad social y estén expuestos a situaciones de abuso sexual dentro y fuera de sus familias, así como el acceso a la interrupción legal del embarazo en las situaciones previstas por el marco normativo del país.

Recursos y prioridades
67%

Prevención del embarazo

En los primeros tres meses de 2018 subió el presupuesto del plan de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, destinado a promover la salud sexual y la procreación responsable.

fuente LA NACION

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