El PJ pone en marcha hoy un intento para disputar una bandera que despreció durante años. «Hablemos de corrupción», es el título de la convocatoria que reúne desde las 18.30, en la sede partidaria, un grupo de dirigentes peronistas decididos a tomar la agenda de la transparencia.
Con la apertura del cargo del presidente del PJ, José Luis Gioja, la convocatoria tendrá como oradores principales a los diputados nacionales Guillermo Carmona (Mendoza), María Emilia Soria (Río Negro) y Darío Martínez (Neuquén), y al dirigente del PJ porteño Francisco Cafiero, nieto de Antonio Cafiero.
«No hay ningún prurito en el debate sobre la corrupción, porque no se puede generalizar, y porque no hay una fuerza política que pueda mostrar más compromiso que otras. Eso es un prejuicio», dijo Carmona a la Nación.
«Los peronistas tenemos que hablar en serio de esto y decir tolerancia cero a los corruptos. Es fundamental trabajar en una nueva ley de ética pública y reforzar los mecanismos institucionales para hacer frente contra lo que es de todos», afirmó Cafiero.
Integrantes del Frente para la Victoria (FPV), pero fuera del núcleo duro kirchnerista, Carmona y Martínez hijo de los diputados más críticos del nivel de transparencia de la gestión de Mauricio Macri. Como vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Soria es una de las caras del FPV en el debate de los proyectos sobre la transparencia que promueve el Gobierno de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, una carga de Fernando Sánchez.
Los diputados del FPV se presentan como propuestas para la discusión parlamentaria que sirvan, a la vez, para exponer lo que considera irregularidades de los funcionarios de Cambiemos.
Carmona ya presentó un proyecto para soportar la regulación de los conflictos de intereses, una fórmula para arribar a los funcionarios macristas con el pasado reciente en el sector privado. El caso más emblemático es el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que responde mañana ante una comisión bicameral del Congreso sobre su vínculo con firmas offshore.
fuente LA NACION