Definida la estrategia de impulsar la reforma laboral por capítulos, Mauricio Macri dio la orden de volver a la carga con el proyecto oficial, cuyo tratamiento se empantanó en diciembre en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano.
El plan del Gobierno será aprobar antes del primer semestre los puntos en los que domina un consenso con los bloques legislativos y con la CGT, en la que ya no tiene más injerencia el jefe camionero. En la primera tanda, que sería tal vez después del debate sobre el aborto, se avanzaría sin problemas con el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral.
Llegaría después la pulseada por las modificaciones que generan más resistencia, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017.
Ese debate se daría en junio, según afirmaron dirigentes sindicales con buena llegada al oficialismo y fuentes legislativas de Cambiemos. La fecha no sería casual: durante ese mes comienza el Mundial de fútbol, un punto en el calendario que nada tiene que ver con los gremios, pero que se vislumbra ya como una suerte de bisagra en la trastienda política.
En la Casa Rosada se entusiasman con un «efecto dominó»: si avanzan con blanqueo laboral, licencias y pasantías, difícilmente se frenen los otros puntos. La expectativa crece a partir de un acuerdo, hasta ahora retórico, que se dio entre los principales dirigentes de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para aprobar el blanqueo laboral durante el primer semestre.
«La CGT nos va acompañar, la mayoría entendió que no es una reforma salvaje. Vamos a depender de los legisladores», pronosticó un jerárquico de la cartera laboral.
Triaca y la CGT reflotaron hace algunas semanas el borrador del proyecto que se había frenado el año pasado en el Senado. Coincidieron en que no buscarán modificaciones en la letra chica y en la necesidad de tratar con urgencia la iniciativa de blanqueo y el proyecto para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales.
Tan allanada estaría la negociación que un jefe de un gremio industrial exageró: «Estamos tan de acuerdo con el blanqueo, las capacitaciones y la agencia médica que si es necesario levantamos las dos manos en el Congreso».
El plan oficial de blanqueo prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad. En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.
«Es una irresponsabilidad haber tirado un tema como este y no resolverlo. Esto va a salir sí o sí, pero no avanzarán con las indemnizaciones», planteó un referente de la CGT que tiene trato casi a diario con Triaca y otros funcionarios macristas. ¿Se enciende un foco de tensión por los cambios en las indemnizaciones? «Cuando lo intenten, veremos», desafió el gremialista. Tal vez para cuando llegue ese debate, la central obrera tenga un nuevo consejo directivo, integrado en su mayoría por dirigentes de buen diálogo con el Gobierno, de acuerdo con los actores que están gestando la reconstrucción.
Con las reformas tributarias y previsionales en marcha tras un agitado fin de año legislativo, Macri ubicó ahora la laboral entre una de sus prioridades. Busca dar mayor previsibilidad al mercado y precisar los costos. «Hoy no se sabe cuánto cuesta contratar o despedir», argumentó un funcionario. La pulseada por las indemnización ya se anticipa complicada. El proyecto oficial contemplaría excluir del cálculo las horas extras, bonificaciones y compensación de gastos. También todo rubro que carezca de periodicidad mensual.
El impulso de la Casa Rosada no tuvo aún eco en el Congreso. «La agenda productiva comenzará recién después del debate sobre el aborto», afirman en el oficialismo.
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados está presidida por el sindicalista Alberto Roberti (Bloque Justicialista), que el año pasado avaló la reforma previsional a pesar del rechazo de la CGT. En el Gobierno lo consideran un eventual aliado y siguen de cerca el avance de la causa judicial en la que se lo investiga por administración fraudulenta de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Roberti, que estaría con problemas de salud, no recibió todavía instrucciones para activar la discusión en la comisión. Lo mismo ocurre en el Senado.
fuente LA NACION
