Luego de semanas de tensas negociaciones, los laboratorios nacionales firmarían hoy el acuerdo con el Gobierno para renovar desde el 1º de abril y por un año el contrato de provisión de medicamentos al PAMI, la obra social de los jubilados. Las nuevas condiciones contemplan descuentos en el precio de los remedios, precios máximos y un nuevo esquema de licitaciones en la compra de los productos por parte del Estado. Fuentes del sector dijeron ayer a LA NACION que si bien hoy por la mañana habrá una reunión en la Cámara de Industrias de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) para terminar de definir la posición, durante el fin de semana los cinco más grandes (Bagó, Roemmers, Gador, Raffo y Elea Phoenix) decidieron aceptar la propuesta oficial. «Vamos a firmar por la amenaza de denuncias penales; más por apriete que por negociación», afirmó un alto directivo de la industria. Otro ejecutivo fue más pragmático: «Se evaluó que era más costoso seguir esta confrontación que el daño económico que con seguridad vamos a tener».
El Gobierno, según las fuentes, habría anticipado la intención de acusar a los laboratorios locales de presunta cartelización y de abrir un expediente contra ellos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Las presiones, dicen, fueron muy fuertes y habría intervenido hasta el presidente Mauricio Macri. En el PAMI, en cambio, negaron ayer la intención de denunciar penalmente a los directivos de las empresas y dijeron que son optimistas en llegar a un acuerdo. «No sé si será mañana [por hoy], pero entre lunes y miércoles vamos firmar», señalaron a LA NACION.
El Instituto Nacional de Servicios de Salud de Jubilados y Pensionados y la Jefatura de Gabinete ya se habían anotado una victoria la semana pasada, cuando rubricaron un acuerdo con los laboratorios extranjeros, agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). Lo vivieron como una manera de dividir el frente sectorial y aislar a los nacionales.
El convenio pone un tope de aumentos en el precio de los medicamentos de hasta 70% de lo que suba la inflación, con ajustes trimestrales, más un descuento del 5% sobre los precios vigentes a febrero. También un sistema de precios máximos en los tratamientos ambulatorios, lo que más resistían los laboratorios locales. Los valores surgen de una fórmula técnica, que se asemeja a un promedio entre los medicamentos más baratos y los más caros de una determinada droga. Se toman sus distintas marcas y tamaños y de ahí surge un precio por miligramo. Los precios tope irán entrando en vigor durante el año por clases terapéuticas: antiulcerosos, hipolipemiantes (contra el colesterol), antihipertensivos, analgésicos, para el asma y otros. «Los remedios que superan ese precio máximo deberán rebajarlo, no alcanzará con hacer una nota de crédito mayor al PAMI», aclararon.
Los laboratorios piden al Gobierno que no sean llamados «precios máximos», sino «precios PAMI», para evitar que si se consolidan dos valores diferentes para un mismo medicamento, otras obras sociales y prepagas, como OSDE o Swiss Medical, reclamen también pagar el precio más bajo.
En el caso de los oncológicos y los tratamientos especiales (sida y otros), el PAMI fijó tres bandas de descuento: el producto tendrá 46% de descuento sobre el precio de venta en el caso de principios activos con un solo proveedor; del 63% donde haya cinco proveedores, y del 80% por encima de ese número. Este era otro punto de conflicto con los laboratorios nacionales, porque dicen que este régimen perjudica a la industria local, que copia medicamentos una vez que vencen las patentes, lo que permite aumentar la oferta y, por lo tanto, disminuir los precios.
fuente LA NACION
