El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart procesó ayer a Lázaro Báez por la presunta evasión de impuestos por más de $70 millones a través de Austral Construcciones y otras firmas de su grupo empresario.
López Biscayart también procesó a Martín Báez y otros ejecutivos, a los que ordenó trabarles embargos por $250 millones a cada uno de ellos, pero sin dictarles la prisión preventiva a ninguno.
El magistrado también dictó el procesamiento de dos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Fabbiola Bartra Alonso y Mónica Majhen Otero, tras considerar que le ocultaron información sensible para favorecer a Báez.
López Biscayart también procesó al entonces presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza, al contador Claudio Bustos, y a los empleados de esa constructora Ariel Nieto, Mario Delgado y Emilio Martín, entre otros, mientras que dispuso el procesamiento de otro contador, César Andrés.
El procesamiento de Báez se conoció mientras que el presunto testaferro de los Kirchner presentaba un nuevo pedido de excarcelación. Esta vez, ante el Tribunal Oral Federal que lo juzgará, cuando faltan días para que cumpla dos años detenido bajo el régimen de la prisión preventiva por orden del juez federal Sebastián Casanello .
Báez también requirió el apartamiento del fiscal que debería impulsar el juicio oral en su contra, Abel Córdoba, aunque su mayor preocupación, por estas horas, es recuperar su libertad, que el tribunal podría postergar otro año.
En el fuero Penal Económico, en tanto, el juez López Biscayart consideró que había pruebas suficientes para delinear una operatoria delictiva que incluyó a Austral Construcciones y otras empresas de Báez que firmaron contratos con Valle Mitre, la gerenciadora del Alto Calafate y otros hoteles de la familia Kirchner.
Bahía Blanca, clave
La investigación comenzó a partir de una denuncia penal de la diputada Lilita Carrió, que se apoyó en una investigación de LA NACION, que en diciembre de 2013 reveló que Báez le aseguró ingresos millonarios a los Kirchner a través de sus hoteles en Santa Cruz.
A lo largo de su resolución de 137 fojas, López Biscayart también consideró probado que esas empresas acumularon facturas truchas por montos millonarios emitidas por empresas reales y ficticias de Bahía Blanca: Constructora Patagónica Argentina, Grupo Penta & Cia SA y Calvento SA, como también reveló LA NACION.
La primera detección de esas facturas truchas causó un terremoto dentro de la AFIP, cuyo entonces titular Ricardo Echegaray ordenó el cierre de la Regional Bahía Blanca -que redujo a agencia-, el desplazamiento de los sabuesos que investigaban ese entramado, Carlos Blanco y Silvia Huici, y el traslado de la pesquisa a Mar del Plata.
fuente LA NACION
