El interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Omar Zeidán, denunció penalmente al gremialista de ATE Miguel Páez por atentado a la autoridad, lesiones leves y amenazas, luego de un ataque contra viviendas de él y de sus padres el pasado fin de semana.
La mina se encuentra paralizada desde hace casi tres meses, luego de que la Casa Rosada anunciara un plan de ajustes con retiros voluntarios y destituciones que generó una fuerte reacción de los gremios y de los vecinos. Río Turbio y 28 de Noviembre son las dos ciudades afectadas por la decisión del Gobierno dado que su economía depende en su mayor parte de la empresa de carbón. Por ello, los telegramas de despidos enviados y la invitación a tomar los retiros voluntarios impactaron de forma muy negativa entre los habitantes de ambas localidades.
Este fin de semana, durante varias horas, un grupo de empleados y despedidos de YCRT mantuvieron encerrados en la Casa 51, la vivienda oficial del interventor, a gerentes y directivos de la empresa.
Con el paso de las horas, según la versión de la compañía, los manifestantes ingresaron a la vivienda, «rompieron todo a su paso, inundaron la casa mediante una manguera que pasaron por la chimenea escurriendo cientos de litros de agua por varias horas, destruyendo pisos y paredes, robando efectos personales, muebles y hasta juguetes de los niños».
Zeidán acusó a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de incumplir el acuerdo firmado entre las fuerzas provinciales y nacionales para velar por la paz en la cuenca carbonífera y de dejar una «zona liberada» para los desmanes ocurridos el fin de semana. El gobierno provincial rechazó las acusaciones y dijo que «en todo momento garantizó la custodia del lugar».
En el interior de la vivienda se encontraban el coordinador general Sergio Lumachi, el subgerente Miguel López, el subgerente de Servicios Mineros y el comandante principal de Gendarmería del Escuadrón Río Turbio, el jefe del Escuadrón 43 José Luis Argüello. «Hago responsable a la gobernadora Alicia Kirchner por la seguridad de las personas que están privadas de su libertad, de los bienes del yacimiento y de la seguridad física de quienes estamos al frente de esta intervención y nuestras familias», señaló Zeidán.
Según publicó el diario La Nación, acusó a Kirchner de «incumplir el acta-acuerdo firmado el 7 de marzo» entre el gobierno nacional, la Gendarmería y la policía provincial. «Han liberado la zona para que actúen delincuentes disfrazados de dirigentes gremiales, que usan la noble causa de los mineros para sembrar el caos y la desolación en la cuenca», aseveró Zeidán.
Fuentes de la empresa confirmaron que ya se han registrado más de 400 operarios que se acogieron al retiro voluntario, y que el período para el mismo quedó cerrado el pasado 31 de marzo. En las próximas horas debería entrar en vigor la «nueva YCRT», que incluye una nueva escala salarial, que reduce los cargos y los salarios más altos de la empresa, en tanto que la planta jerárquica prevé una reducción del plantel de jefes de 293 a 61.