En medio de una nueva embestida de la diputada Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal salió este lunes a abrir las puertas a la prensa de un emblemático edificio del espionaje criollo para desligarse de la filtración a los medios de escuchas telefónicas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata del edificio de siete pisos ubicado en la Avenida de los Incas al 3800, en el límite entre los barrios de Belgrano R y Villa Ortúzar, que históricamente perteneció a la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que ahora depende de la Corte Suprema a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).

Allí funciona la Dirección de Captación de Comunicaciones, más conocida por el apócope de su anterior denominación: Ojota, por las siglas de Observaciones Judiciales (OJ).

Sin gran sofisticación, el edificio sin ventanas contrasta con las casonas del barrio. Allí fue recibido Clarín, al igual que otros medios, en una medida inusual, dado el carácter secreto que históricamente tuvo el lugar, sólo conocido en otros tiempos por algunos funcionarios de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad, más allá del mundo del espionaje.

La apertura del lugar a la prensa se da en medio de la nueva embestida de Carrió, líder de la Coalición Cívica y socia del gobierno de Cambiemos junto con el radicalismo, contra Lorenzetti, a quien responsabilizó por la denuncia mediática de la modelo Natacha Jaitt sobre prostitución infantil y la difusión de las escuchas telefónicas al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y sus diálogos con la ex presidenta y actual senadora.

Tal como ya lo había hecho por escrito a requerimiento de la propia Corte, el organismo encargado de las escuchas, dirigido en su faz ejecutiva por Juan Tomás Rodríguez Ponte bajo la supervisión de los camaristas federales Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, negó responsabilidad alguna en la difusión de esas escuchas.

Fuentes de la ex OJ apuntaron a la ex SIDE, actualmente denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Gustavo Arribas.

Carrió ampliará en el Congreso su pedido de juicio político contra Lorenzetti, con el argumento de que la ex OJ excedió las funciones que se le confirieron a través de un decreto presidencial al inicio del actual gobierno (ver aparte). En el último tramo de la segunda presidencia de Fernández de Kirchner, la ex OJ estuvo a cargo de la controvertida ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó.

Renovado el plantel que contaba con cien agentes de la AFI y otro centenar de la Procuración, la oficina encargada de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia cuenta hoy con un staff de más de 250 personas. No hay espías con anteojos oscuros o pilotos contra la lluvia sino personas comunes, no mayores de 40 años, según pudo constatar Clarín en la recorrida por el lugar.

El edificio de Avenida de los Incas no está alcanzado por el recorte del Estado en propiedades de la ex SIDE a la ventas o ya vendidas, dado que ahora depende de la Corte. En la vereda hay una cámara de seguridad y en el ingreso al edificio, un detector de metales. Detrás, una ventanilla en la que se advierte a un policía federal.

En el primer piso, por una puerta aparte, se accede al lugar en el que los enviados por la Justicia retiran los CDs (discos compactos) con las preciadas escuchas. Allí pasan unas 150 personas por día, según dijeron en el organismo. Actualmente hay unas 5 mil líneas telefónicas intervenidas por orden judicial y bajo supervisión del organismo.

En el tercer piso está la Subdirección de Sistemas en un ambiente no mayor a los veinte metros cuadrados en los que se agrupan los servidores que derivan las escuchas pedidas a las compañías telefónicas a los CD que las graban.

También están cerca de la planta baja las cabinas en las que se hacen las llamadas “escuchas directas”. Esto es, personas de fuerzas de seguridad o de la propia AFI autorizadas por la Justicia para escuchar “online” o “en directo” las conversaciones telefónicas de una persona investigada en una causa penal.

Una gran parte de ellas se trata de causas por secuestros extorsivos pero un buen rendimiento de la oficina encabezada por Rodríguez Ponte, ex secretario del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, responde a la búsqueda y detección de prófugos de la Justicia.

fuente CLARIN

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