Raúl Alejandro Ramos se convirtió ayer en el primer secretario de Estado del gobierno de Mauricio Macri en ser procesado y embargado por la Justicia, que consideró que existen pruebas suficientes para sospechar que protegió del Ministerio de Salud a Farmacity, la empresa que creó y lideró Mario Quintana hasta asumir como vicejefe de Gabinete.

El juez federal Sebastián Ramos consideró que su homónimo, sin parentesco, abusó de su autoridad, al retardar la aplicación de sanciones contra Farmacity, sin una justificación válida, mientras sí se sancionaba a otras farmacias sumariadas por infracciones similares.

Estimó que como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud -máximo responsable jerárquico a la hora de imponer sanciones-, Ramos no ejecutó la ley como debía contra Farmacity, lo que en la práctica se enmarcaría en una omisión por el “retardo administrativo”.

“El imputado poseía la competencia funcional y era la autoridad de aplicación que debía resolver los sumarios sanitarios, esto es, dictar y ejecutar” las sanciones, remarcó el juez, que dispuso un embargo por la cifra simbólica de $2000.

La resolución judicial encontró a Ramos ya fuera del Ministerio de Salud, donde trabajó durante nueve meses, entre febrero y noviembre de 2017, cuando se marchó junto al ministro Jorge Lemus.

Para entonces, no obstante, Ramos ya afrontaba la denuncia penal que radicó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) por la supuesta protección que habría brindado a Farmacity, luego de que los inspectores del Ministerio de Salud informaron sobre múltiples violaciones a las regulaciones del sector.

La COFA denunció que Ramos cajoneó un expediente en que sus subordinados determinaron que debía sancionarse a Farmacity para, en una segunda etapa, negarse a firmar una sancionar y ordenar que el expediente se enviara al archivo. Según la entidad denunciante, “a una vía muerta”.

Raúl Alejandro Ramos, Ministerio de Salud Raúl Alejandro Ramos, Ministerio de Salud
Ante ese cuadro, la COFA consideró que Ramos habría cometido los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que imponen multa e inhabilitación al funcionario que “ilegalmente omitiera, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

Ante la consulta de LA NACION, Farmacity negó “haber recibido un trato diferencial o protección por parte de funcionarios de gobierno, en beneficio de su negocio”. Y añadió que “opera en un marco ético y de transparencia como pilares de su accionar en la Argentina, siempre en pos de favorecer el crecimiento del sector farmacéutico”..

En su indagatoria, Ramos argumentó que como funcionario debió asumir sus tareas y las de otra área del ministerio que permaneció acéfala durante cuatro meses, lo cual causó “un serio inconveniente para el normal desenvolvimiento”, aunque indicó que cuando se ocupó dicho puesto se aplicaron 57 multas y varias a Farmacity.

Según las pruebas recolectadas en la investigación judicial, sin embargo, el juez verificó que durante aquella vacancia prolongada, el Ministerio de Salud no sancionó a Farmacity, pero sí avanzó contra otras firmas rivales, como La Nueva Artigas, Del Codex, Social Hunko y Farmacia Wal Mart Argentina, entre otras.

El juez recordó que en el sumario bajo sospecha, los representantes de Farmacity se presentaron con un poder firmado años atrás, por el entonces líder de la compañía y actual vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien la semana pasada anunció que venderá sus acciones para evitar un eventual “conflicto de intereses”.

En la misma línea, el funcionario bajo sospecha también emitió una señal de poder, deliberado o no. Fue al fijar su domicilio procesal en el estudio Saravia Frías, que integró el actual procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

El procesamiento llegó en pleno enfrentamiento entre Farmacity y la COFA por la provincia de Buenos Aires, donde la empresa que fundó Quintana pugna por entrar. Chocó siempre con el rechazo oficial, pero desde diciembre de 2015 comenzó a recibir señales favorables.

La última llegó el viernes pasado, cuando la Procuración General de la Nación avaló el reclamo de Farmacity y consideró inconstitucional que la empresa no pueda desembarcar en la provincia. El dictamen presentado a la Corte no es vinculante, pero marca una posición favorable a Farmacity, que durante el kirchnerismo cosechó negativas y que ahora, según acusa la COFA, cuenta con apoyo oficial.

fuente LA NACION

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