Hernán Cappiello
El diputado Julio De Vido , preso por delitos vinculados con las obras del Yacimiento Carbonífero de Río Turbo y con media docena de causas por corrupción en su contra, sumó ayer otra citación a indagatoria como sospechoso de otro fraude.
El juez Claudio Bonadio lo citó a declarar el próximo 23 de mayo para que responda por la compra con sobreprecios de un costoso equipo de captura digital de movimientos para películas que adquirió la Universidad de San Martín con fondos del Ministerio de Planificación, que De Vido comandaba.
Bonadio citó a indagatoria a Julio De Vido 2:30
Bonadio citó además a Domingo Simonetta y Norma Trinchitella, de la empresa Sistemas de Video Comunicación; a Horacio Hernán Pérez y Martín Ramírez, de la firma Urban Baires; al exrector de la Universidad de San Martín Carlos Ruta; al director de las obras realizadas Raúl Peroni, y al exfuncionario Luis Vitullo, del Consejo Asesor del Sistema de Televisión Terrestre.
El juez señaló en su convocatoria que «se habría infligido un importante perjuicio económico al erario».
Describió que el dinero para las compras fue proporcionado «por el entonces Ministerio de Planificación Federal, que los transfirió a la Unsam (Universidad Nacional de San Martín) en el marco de un convenio para la implementación del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales (denominado Ciardi)».
La universidad, a su vez, y por cuenta y orden del ministerio, contrató a la empresa Urban Baires para la realización de una obra civil donde se montó el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías y Contenidos Audiovisuales Digitales.
Además, la universidad compró por cuenta del ministerio de De Vido a Sistemas de Video Comunicación un estudio de captura digital de movimientos denominado MoCap (Motion Capture) marca Vicon Ltd.
Se trata de un equipo por el que De Vido pagó 94 millones de pesos y cuenta con 72 cámaras. En total se gastaron en el laboratorio 349 millones de pesos.
De ese total se destinaron 117 millones a la obra civil, 227 millones a equipamiento y 5,4 millones a otros rubros.
En ese lugar se instalaron computadoras para animación, tabletas digitalizadoras y el equipo de captura de movimiento. El MoCap costaba 107,7 millones de pesos, de los cuales se pagaron $ 94 millones.
El estudio de la Unsam tiene un espacio de 290 metros cuadrados, con las cámaras de 16 megapíxeles que permitirían la captura simultánea de hasta 19 personajes si funcionaran correctamente.
«En tales operaciones, se verificó que por tales obras y productos fueron abonadas sumas muy superiores a las que correspondían a su precio de mercado a la fecha aproximada de la realización y adquisición, respectivamente», sostuvo el juez Bonadio en su escrito de citación a indagatoria.
Según un relevamiento que hizo el Sistema de Medios y Contenidos Públicos, en el laboratorio de la Unsam se detectó «la inexistencia de equipos contra el presupuestado», muchas «licencias no se habían entregado» y parte del «equipamiento no se encontraba funcionando». La causa fue iniciada por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans.
LA NACIÓN