La intervención judicial del PJ, a cargo de Luis Barrionuevo , entró en una etapa de negociación política con todos los sectores del partido, mientras se prolongan en el tiempo los trámites de apelación de la medida que impiden que el fallo llegue a la Cámara Nacional Electoral para su revisión.

Mientras el proceso judicial navega por un océano de aguas tormentosas, los dirigentes del partido hablan con todos los sectores, desde el kirchnerismo hasta los gobernadores.

“Ningún gobernador quiere tener su partido provincial intervenido”, dijo una fuente cercana a la intervención, que reconoció esos contactos como parte de la solución para el conflicto.

En un fallo de alto contenido político y citando a Juan Perón, la jueza María Servini intervino el PJ nacional a pedido de un grupo de dirigentes del sector de Barrionuevo. Fue el 10 de abril pasado, hace casi un mes, desplazando a su presidente José Luis Gioja , y al resto de sus autoridades.

Dos apoderados del partido apelaron la decisión judicial de inmediato. El mismo día, el propio Gioja se presentó con un escrito, sin abogado, y se sumó a la apelación, aunque nunca la fundamentó. Los abogados del sector de Barrionuevo, por su parte, también apelaron aduciendo que a Gioja le faltaba fundamentación, por lo que no correspondía que se la tomara en cuenta y pidieron que quedara firme la sentencia de Servini.

Además cuestionaron a los apoderados del PJ de la gestión Gioja. Dijeron que no tienen más esa función porque, sostuvieron, la ley establece que deben ser elegidos por el congreso partidario o, en su defecto, por el presidente ad referendum del congreso.

Los apoderados que se presentaron en la Justicia fueron nombrados por Gioja, pero nunca fueron confirmados por el congreso partidario. Por lo tanto, aseguraron los abogados de Barrionuevo, no tienen mandato vigente.

Pero la jueza Servini entendió que esto no era así y que los apoderados podían apelar.

Finalmente, los abogados de Barrionuevo apelaron esta decisión. Previo a la resolución del caso, la jueza debe dar vista a cada parte para que dé su opinión. En este escenario, el trámite judicial para decidir si los apoderados están legitimados o no para actuar en la causa puede demorar al menos 90 días la llegada del expediente a la Cámara Nacional Electoral. Pero tampoco se sabe aún si lo que llegará a la Cámara es solo el incidente sobre la legitimidad o no de los apoderados de Gioja o todo el expediente para que el tribunal analice la intervención.

Lo que menos quiere el sector de Barrionuevo es que el caso salga de esta ciénaga judicial, pues en el ínterin siguen teniendo a su cargo las decisiones del partido.

Cuanto más se demore esta situación mejor posibilidad de negociación política tienen. “El peronismo es práctico, se alinea con el poder y esto es lo que está ocurriendo con estas conversaciones permanentes que se mantienen con todos los sectores”, se sinceró un referente de Barrionuevo, mientras siguen apelando y apelando en un trámite de nunca acabar.

fuente LA NACION

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