El juez federal Sebastián Casanello procesó al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Dispuso además un embargo sobre sus bienes de diez millones de pesos.

De acuerdo con el juez, Echegaray firmó una resolución de la AFIP que favoreció con una “posición arancelaria” que no correspondía a un “aparato receptor, decodificador y descifrador de señales” de TV en un trámite promovido por la firma Telecentro SA. Con la nueva posición arancelaria el aparato no pagaba tributos internos por importación.

Echegaray se interesó en el trámite, según Casanello, “en miras de un beneficio propio o de un tercero, dejando de lado el interés estatal”.

La denuncia que dio origen a esta causa la hizo la Oficina Anticorrupción. Entre las irregularidades que el juez consideró acreditadas, estuvo el “extravío” del expediente iniciado por Telecentro, que debió reconstruirse. Casanello advirtió que la desaparición sucedió después de una serie de dictámenes contrarios a la decisión que finalmente se tomó, opiniones que fueron ignoradas en el nuevo expediente.

“Lo expuesto -dijo el juez- no hace otra cosa que demostrar la intención de los funcionarios de la AFIP de esconder el trámite dado a estas actuaciones ante el adverso giro en contra de sus pretensiones, dado que en ese contexto la modificación de la posición arancelaria de los decodificadores planteada no podía prosperar siendo que se habían agotado todas las vías administrativas posibles con respuesta negativa”.

La resolución por la que Echegaray fue procesado estuvo vigente solo 15 días. El propio Echegaray la dejó sin efecto el 14 de septiembre de 2010 a raíz de los planteos efectuados por el secretario de Industria de Tierra del Fuego. “Durante su período de vigencia -advirtió Casanello- se registraron 20 operaciones de ingreso de mercadería al país por un valor de 1.086.355,36 dólares. Telecentro SA ingresó aparatos por 846.663,44 dólares”.

En su descargo, Echegaray sostuvo que actuó dentro del ámbito de sus facultades y que nada tuvo que ver con el extravío del primer expediente, que ni siquiera conocía; que pretender adjudicarle responsabilidad por ese hecho era como culpar de la pérdida de cualquier expediente judicial al presidente de la Corte Suprema.

Echegaray sostuvo también que la “clasificación arancelaria” que modifica el posicionamiento de una mercadería es una “decisión de política fiscal” que la ley “expresamente” reserva a la administración. Dijo que, por ejemplo, recientemente “el arancel informático pasó de 35% a 0%” y que “no por ello se generó una investigación penal”.

Para Casanello, Echegaray y los demás acusados se ampararon “en un supuesto ámbito de discrecionalidad”, pero no explicaron el “contexto sumamente irregular” de sus actuaciones. Según el juez, la verdadera motivación de Echegaray fue “ajena a los intereses generales de la administración”.

También fueron procesados en el mismo fallo María Siomara Ayerán, exdirectora general de Aduanas, y Pedro Gustavo Roveda, exsubdirector general técnico legal aduanero del mismo organismo.

Este nuevo procesamiento de Echegaray se suma a otros ya dictados en su contra en los últimos tiempos. Las causas más avanzadas son las que lo investigan por una falsa denuncia contra Alfonso Prat-Gay (Echegaray tiene el procesamiento confirmado y el caso ya está elevado a juicio) y aquella por la que están presos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. En ese expediente se investiga la falta de pago de la empresa Oil Combustibles de unos 8000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos. Este mes, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la elevación a juicio.

Además, Echegaray fue procesado en noviembre pasado por el juez Sergio Torres por el presunto pago de sobreprecios en la contratación de una empresa de limpieza que trabajó en la AFIP y está imputado en la segunda parte del caso Ciccone. Además, está acusado de haberle dado un régimen especial a un funcionario taiwanés para la importación de un auto. El año pasado su casa de Tigre fue allanada por este caso.

Las otras causas que enfrenta
Prat-Gay

Tiene por delante un juicio oral en una causa en la que está procesado por una falsa denuncia contra Alfonso Prat-Gay.

Oil Combustibles

Está procesado en el caso por el que están presos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es la causa que investiga la empresa Oil Combustibles por haber eludido un pago de unos 8000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos. Este mes el fiscal Gerardo Pollicita pidió la elevación a juicio de la causa.

Caso Ciccone

Está imputado en la segunda parte del caso Ciccone, el que investiga la adquisición por parte del exvicepresidente Amado Boudou y sus socios de la fábrica de hacer billetes. El juez federal Ariel Lijo lo indagó y debe resolver si lo procesa.

Limpieza de la AFIP

El juez Sergio Torres lo procesó por la contratación de una empresa de limpieza que trabajó en la AFIP.

fuente LA NACION

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