Los movimientos sociales encolumnados en el denominado «triunvirato piquetero», junto a diferentes agrupaciones políticas y sindicales, iniciarán hoy la llamada Marcha Federal por Pan y Trabajo . La protesta contra la política económica de «ajuste» de Mauricio Macri y por reclamos urgentes del sector partirá desde cinco puntos del interior del país para confluir este viernes 1° de junio en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso de la Nación .
Encabezada por la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la movilización cuenta también con apoyo de agrupaciones políticas con presencia en el Congreso, como es el caso del Movimiento Evita, y sindical, desde la CGT hasta la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky.
La Marcha Federal por Paz y Trabajo, como fue denominada por los organizadores, arrancará con columnas desde La Quiaca (Jujuy), la capital de la provincia de La Rioja, Posadas (Entre Ríos), Bariloche (Río Negro) y Ushuaia (Tierra del Fuego).
«La situación económica y social es muy mala y ha empeorado mucho en las últimas semanas. Además, tenemos el ajuste y el FMI en el horizonte. La Marcha Federal no solo busca decirle al Gobierno que cambie el rumbo, sino que también plantea propuestas concretas para solucionar los problemas urgentes que se viven en los barrios populares», sostuvo Gildo Onorato, secretario de políticas sociales del Movimiento Evita y dirigente de la CTEP.
«Hoy hay hambre. Sin exagerar. Esa es la situación. Nosotros hemos trabajado para que el Estado se hiciera cargo de los sectores más humildes y algo habíamos logrado en el 2016. Pero después de las elecciones, cuando empieza el Gobierno a decidir la reformas previsionales y laborales, empezó el desastre para nosotros», dijo en diálogo con LA NACION Esteban Castro, secretario general de la CTEP.
La Marcha Federal tiene como objetivo pedir el tratamiento de cinco las leyes impulsadas por el sector: emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, agricultura Familiar y adicciones.
En el caso de la emergencia alimentaria, se exige la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En tanto, la ley de integración urbana pretende lograr la expropiación de las tierras y el acceso a los servicios básicos en los barrios populares. Por otro lado, la ley de infraestructura social solicita fondos para cooperativas del sector; la de agricultura familiar, un acceso a créditos, y la de adicciones, programas de concientización y atención.
fuente LA NACION
