El Gobierno pidió el juicio político por «mal desempaño» para tres jueces de la Cámara Civil. Se trata de los camaristas Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo. Integrantes de la Sala L de ese fuero, la semana pasada le dieron el aval judicial al Instituto Patria -comando político de Cristina Kirchner – para que mantenga en reserva los datos de sus asociados.
La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia , le pidió al Consejo de la Magistratura que suspenda a esos camaristas por considerar que dictaron un «fallo político» y requirieron que se los acuse ante un jury. «La sentencia está viciada de parcialidad y arbitrariedad», señaló el organismo del Poder Ejecutivo.
La IGJ exigió durante meses copia del Libro de Asociados del Instituto Patria, un documento que deben entregar todas las asociaciones civiles para funcionar, porque respalda las donaciones de los socios.
La fundación que responde a Cristina Kirchner se resistió a entregar los libros y alegó que es información «sensible» protegida por la ley de datos personales. El exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli llegó a irrumpir en la IGJ para denunciar una «persecución política».
Tras ser sancionados por la IGJ, desde el Patria judicializaron la cuestión y consiguieron el aval de la Cámara Civil. La Sala L consideró que «la manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia».
La IGJ ahora cuestiona el fallo de los camaristas por considerarlo contrario a la ley. «Puso en crisis al organismo vaciándolo de contenido con respecto a sus competencias en materia de asociaciones civiles», señaló el organismo en su pedido de juicio político.
«La IGJ solicitó datos de carácter meramente nominativos a los fines de poder fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios», señaló el escrito, y alegó que de este modo «no se podrá verificar la licitud o ilicitud del origen de los fondos» de la fundación de la expresidenta.
El organismo del Gobierno fue más allá y apuntó a una de las juezas de la Sala L, Pérez Pardo, ya que figura como vocal de Justicia Legítima, el colectivo fundado por Alejandra Gils Carbó. «La magistrada podría tener un interés en el resultado del pleito y es por eso que se tendría que haber excusado», dijo la IGJ.
Se espera que hoy el Consejo de la Magistratura sortee al consejero instructor que llevará esta denuncia. Los juicios políticos contra jueces que prosperaron en el último tiempo estuvieron más vinculados a irregularidades patrimoniales de los magistrados que a los contenidos de sus fallos.
fuente LA NACION
