El Gobierno avanza sobre una de las patas del emporio que conduce el clan Moyano : el Instituto de Capacitación de Trabajadores Camioneros. La Inspección General de Justicia (IGJ) realizó en los últimos días un sumario sobre sus cuentas en el que detectó problemas de papeles y dudas sobre la forma como se financia. Se trata de una asociación civil emplazada en un edificio de Constitución con simuladores de camiones importados de tecnología de punta, donde el gremio ofrece cursos a los hijos de los trabajadores.
La entidad, inscripta como asociación civil y emplazada en la calle Inclán al 2400, en un edificio de 1000 metros cuadrados que pertenecía a Xerox, tiene seis presimuladores de chasis Mercedes-Benz Atego y un simulador de Fiat Iveco Strallis que replica maniobras en circuitos «con una representación visual de más de 180° grados», según se describe en el sitio de la escuela.
Los equipos son de marca Indra y están valuados en unos US$6 millones, según señalaron desde Camioneros a LA NACION. Fueron importados con una rebaja arancelaria durante el kirchnerismo. Según constataron inspectores del Gobierno, en una reciente «actuación sumarial» de la IGJ a la que accedió LA NACION, a pesar de las onerosas instalaciones que tiene la escuela, la asociación civil no tiene patrimonio propio. Los inspectores del Gobierno consignaron durante una visita que no quedan claros «los medios por los cuales el instituto solventa su estructura operativa, así como el detalle de los activos y la titularidad de los bienes muebles observados».
«El instituto no persigue fines de lucro. Da clases gratuitas y no reviste ninguna importancia económica», señalaron desde Camioneros a LA NACION. Las autoridades del instituto justificaron que tanto el edificio como los simuladores pertenecen a la mutual de Camioneros 15 de Diciembre. Esa mutual maneja una caja que el año pasado ascendió a $620 millones.
En los balances de la mutual que analizó LA NACION, sin embargo, no figura individualizado el edificio de la calle Inclán entre los inmuebles o terrenos, ni los simuladores están registrados con ese rótulo entre los bienes muebles, aunque podrían estar contabilizados con otra denominación genérica. Solo en el balance de 2010 se hace alguna referencia a la importación de los equipos. «Hemos inscripto la mutual como importadora-exportadora ante la AFIP con el objeto del ingreso de los simuladores de conducción», señaló la memoria del estado contable de ese año. Pero en los papeles de la mutual no es posible individualizar los bienes, ni por su denominación ni por su monto. «La compra de los equipos la hizo la mutual, que percibe distintas donaciones», insistieron desde Camioneros.
El gremio le presentó al Gobierno un contrato de comodato sobre el inmueble de Inclán firmado entre el instituto y la mutual 15 de Diciembre. Estaba fechado en mayo de 2017. «Quedan sin explicación los períodos anteriores», resaltó el organismo, que depende del Ministerio de Justicia. Tiempo después, la asociación civil les remitió a las autoridades un nuevo contrato de comodato, para justificar la titularidad de los simuladores. En la actuación sumaria, la IGJ consideró que la documentación fue insuficiente. «No se brindó explicación por los escritorios, mesas, sillas, equipos de computación y pantalla táctil», señalaron. Uno de los puntos que llamaron la atención de los inspectores es que el instituto funciona desde 2013 a pesar de no contar con habilitación del gobierno porteño. Entre las faltas detectadas, las autoridades constataron que había confeccionado balances para 2012 y 2013 a pesar de no haber estado inscripto en la IGJ sino hasta 2014.
Los números de la asociación
El pedido
El Gobierno intimó al instituto que depende del gremio de los Moyano a entregar los balances contables adeudados de los años 2015 y 2016, el libro de asociados y la inscripción de autoridades. La asociación entregó la documentación, pero a cuentagotas
La respuesta
Los estados contables de 2015 y 2016 no exhibieron, prácticamente, ningún movimiento. En el año 2015 la asociación informó cuentas bancarias por $74.000 e ingresos por cuotas de los asociados por $42.000. Sus gastos de administración sumaron apenas $7000. En 2016, los fondos sumaron $200.000 mientras que los ingresos por los cursos brindados sumaron $110.000. Hubo gastos por $27.000
fuente LA NACION
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