Los abogados de Boudou buscaron desvincularlo de la compra de Ciccone

Mientras la selección argentina luchaba por su agónica clasificación en el Mundial, Amado Boudou peleaba su partido más difícil: su defensa pidió ayer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 que el exvicepresidente sea declarado inocente en el juicio por el caso Ciccone al considerar que no hay elementos para acusarlo por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

«Las acusaciones se basaron en la relación de Boudou con [ José María] Núñez Carmona , que son amigos, pero nada se probó de que Boudou haya cometido alguna irregularidad», señaló Alejandro Rúa que, junto a Graciana Peñafort, defiende al exfuncionario. Boudou presenció buena parte de la jornada, que se extendió desde la mañana hasta pasadas las seis, pero no intervino en el alegato.

Los juicios por corrupción revolucionan los tribunales
«No está probado que Boudou sea The Old Fund», insistieron sus defensores en referencia a la enigmática sociedad que compró la imprenta Ciccone Calcográfica y que mejoró su situación impositiva para, así, seguir funcionando.

Su defensa, además, planteó que en el caso de ser encontrado culpable por el tribunal, la condena de prisión no debería hacerse efectiva en ese momento, como planteó la Unidad de Información Financiera (UIF), sino que debe quedar en suspenso a la espera de la confirmación de la Cámara de Casación sobre el fallo del tribunal.

El mismo planteo fue replicado para el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que fue catalogado por los abogados como inconstitucional. Los defensores de Boudou también pidieron ante el TOF N° 4 anular el alegato de la Oficina Anticorrupción y apartar a la UIF por distintas cuestiones técnicas, planteos que deberá definir el tribunal. El fiscal Marcelo Colombo había pedido un castigo de cinco años y seis meses de prisión para el exvice de Cristina Kirchner. Sostuvo que las pruebas reunidas en la causa acreditan que hubo «un acuerdo ilegal» para que el exvicepresidente se quedara con la imprenta encargada de hacer billetes, en lo que fue una clara maniobra de apropiación. «Vamos a demostrar que Amado Boudou estuvo detrás de la compra de Ciccone y detrás de The Old Fund [la firma que adquirió el 70% de la imprenta]», dijo el fiscal Colombo en su alegato.

En las primeras audiencias del juicio, la OA había solicitado que Boudou fuera condenado a cinco años y medio de prisión por quedarse con la imprenta Ciccone a cambio de ayudar a solucionar los problemas fiscales que enfrentaba la compañía.

En la misma línea, la UIF había reclamado una pena de seis años de prisión para el exfuncionario kirchnerista, pero con el agregado de que pidió que el exfuncionario sea acusado, además, por el delito de lavado de dinero, una acusación que ayer rechazó la defensa de Boudou.

Los alegatos fueron expuestos desde fines de mayo ante los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, los magistrados que integran el TOF N° 4 de la Capital. Se espera que el tribunal dicte su sentencia a fines de julio, después del receso invernal de los tribunales porteños.

Además de Boudou están siendo juzgados su socio Núñez Carmona; Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou; Nicolás Ciccone, el dueño de la imprenta; Guido Forcieri, allegado al exvicepresidente, y el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner.

Vandenbroele declaró como «arrepentido», pero la ley impide que lo haga en el juicio, por lo que lo hizo en el juzgado de Ariel Lijo, en la instrucción del caso. No podría negociar una reducción de pena, pero es posible que a la hora de medir la condena se tome en cuenta su confesión como un atenuante. La OA ya pidió una pena menor para él en comparación al resto de los acusados.

Los pedidos del fiscal, la OA y la UIF
En las primeras jornadas del juicio, el fiscal Marcelo Colombo pidió cinco años y 6 meses de prisión, al igual que la Oficina Anticorrupción (OA). Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue la más severa, pidió una pena de seis años de prisión para el exfuncionario kirchnerista y que sea acusado además por el delito de lavado de dinero.

fuente LA NACION

Comments

comments