CÓRDOBA.- En lo que significa un cambio de su estrategia judicial, el líder de los Camioneros, Hugo Moyano , declaró ayer durante una hora ante el juez federal de esta ciudad Alejandro Sánchez Freytes, por la imputación que tiene por presunto lavado de dinero y defraudación. Se presentó de manera espontánea, el mismo camino que seguirá -según adelantó su abogado Daniel Llermanos a LA NACION- en el resto de las causas que tiene abiertas.
Moyano tiene, al menos, seis procesos judiciales en marcha: van desde la vieja causa por la adulteración de medicamentos y desvío de fondos del sindicato hasta la investigación por presunto lavado de dinero en Independiente. Este expediente es el que más movimiento registró últimamente, a partir de las denuncias del barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez, quien desde la cárcel involucró a las autoridades del club con una asociación ilícita.
El sindicalista Moyano estuvo poco más de una hora en los tribunales federales de Córdoba; llegó acompañado por sus abogados y por un nutrido grupo de afiliados a Camioneros, que lo esperaron hasta que se retiró.
La imputación
El fiscal Gustavo Vidal Lascano lo imputó en la causa; hace dos años recibió la denuncia de parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por sospechas respecto de la compraventa de unos terrenos en La Falda, donde hoy se encuentra un hotel de Camioneros.
Después de una serie de medidas «vinculadas con oficios a bancos y a empresas», Vidal Lascano imputó a Moyano y a Pablo Villegas, también del sindicato de Camioneros, por supuesto lavado de activos y administración fraudulenta, y a Carlos Mesías, Rubén Jorge Cappuccio y Enrique Mariñasky por presunto lavado de dinero.
El Sindicato de Choferes de Camiones compró los terrenos en diciembre de 2013 y pagó $6 millones por los cinco inmuebles que dos meses antes habían sido adquiridos por otra persona por $310.000. La base imponible de los lotes era de $964.553. La brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que impulsó la denuncia de la Procelac.
La sospecha del fiscal es que Cappuccio, Mariñasky y Mesías crearon una empresa para operar a través de la compraventa de inmuebles en favor de Camioneros y, en ese contexto, aumentaron los valores reales de las tierras. El objetivo, presuntamente, era ingresar ganancias ilícitas mediante el mercado inmobiliario.
«Hablamos con Hugo Moyano y decidimos esta presentación espontánea para que se le preguntara todo lo necesario. Haremos lo mismo en todas las otras causas para acelerar su cierre», dijo Llermanos a LA NACION y agregó que espera el «sobreseimiento en breve» en la causa que se tramita en Córdoba; en aproximadamente diez días.
Moyano aseguró que no recordaba cuánto se pagó por los terrenos. «Ya ni me acuerdo. Yo no dije que sea político (la acusación), defínanlo ustedes… Si ustedes definen todo» e ironizó sobre la actuación de la selección argentina en el Mundial de Rusia: «Clasificamos. Antes, uno de los responsables era yo; ahora no sé…».
El fiscal Vidal Lascano insistió en que lo de ayer del sindicalista fue una «indagatoria»; a su entender la citación existente estaba solamente suspendida hasta tanto se recabaran los testimonios de los peritos tasadores que intervinieron.
«Ahora estudiaremos la documentación y sus dichos», argumentó Vidal Lascano, al sostener su posición.
fuente LA NACION
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