El Gobierno le puso una luz roja a la última oferta que hizo Correo Argentino SA para saldar su histórica deuda con el Estado y pidió “suspender los plazos procesales” del concurso preventivo hasta que se resuelvan los planteos judiciales pendientes tanto en ese expediente como en los otros litigios iniciados por la empresa de la familia de Mauricio Macri contra la administración pública.

Este pedido oficial, para ponerle puntos suspensivos al concurso hasta que se resuelvan los otros pleitos, no impidió que la empresa pidiera una audiencia para seguir discutiendo su oferta al Estado. Ayer, la Justicia Comercial le dio esa instancia a la compañía de la familia Macri y fijó una reunión para el 10 de julio próximo.

Correo Argentino SA entró en concurso preventivo hace más de quince años. La deuda original con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a 293 millones de pesos. La empresa hizo dos ofertas en 2014. Y elevó una tercera propuesta a la gestión de Cambiemos en 2016, que desató una fuerte controversia cuando la fiscal del concurso, Gabriela Boquín, calificó de “abusivo” al ofrecimiento.

Semanas atrás, Correo Argentino SA hizo una nueva oferta para cancelar su deuda con el Estado: ofreció el edificio de Monte Grande donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial. Según la compañía, esa propiedad hoy vale casi $1000 millones.

Pero el inmueble de Monte Grande forma parte, a su vez, del reclamo que Correo Argentino SA le hace al Estado en la causa que -en paralelo- se tramita en el fuero contencioso administrativo.

El Correo Argentino fue administrado por el holding de los Macri entre 1997 y 2003. Cuando Néstor Kirchner la estatizó, la empresa demandó al Estado en reclamo de las inversiones que había realizado en el servicio postal oficial por un monto que ascendió a los $1700 millones. La planta de Monte Grande fue la principal inversión.

Así, la propuesta del holding, en rigor, consistió en reajustar el importe del reclamo al Estado.

Cuestiones pendientes
La Procuración del Tesoro, que actúa como abogada del Estado, no explicitó su postura sobre el monto de la oferta. En cambio, dejó en evidencia la mora y las contradicciones que persisten en el proceso y pidió “suspender los plazos procesales hasta tanto se resuelvan las cuestiones pendientes”.

¿Cuáles son esos temas pendientes? El escrito oficial señaló que la Justicia Comercial aún tiene “planteos pendientes de resolución” en el concurso preventivo. Lo hizo porque la Cámara Nacional de Apelaciones en la Comercial aún debe resolver si corresponde o no abrir un cramdown para Correo Argentino SA, el proceso de salvataje en el cual se pueden presentar terceros interesados en quedarse con la compañía.

La Procuración del Tesoro también subrayó que “hay otros litigios entre la empresa y el Estado en los que se discute la titularidad dominial del inmueble que la concursada ofrece como mejora”. Es decir que la Justicia debería resolver quién es el dueño del edificio antes de evaluar la oferta.

A pesar de ese pedido oficial, la empresa de los Macri pidió que se fije una audiencia “para tratar los alcances de la mejora propuesta” y debatir la oferta del edificio de Monte Grande. Ayer, Justicia hizo lugar a ese pedido.

fuente LA NACION

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