Como respuesta a las presiones registradas en las últimas semanas en las redes sociales, el Bloque Justicialista del Senado presentó ayer un nuevo proyecto de ley sobre extinción de dominio, como se conoce el recurso judicial para incautar los bienes obtenidos como consecuencia de delitos complejos, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción.
De manera sorpresiva y luego de que el jefe de la principal bancada de oposición, Miguel Pichetto (Río Negro), criticó en varios medios de comunicación el texto aprobado por la Cámara de Diputados hace dos años, más de una docena de senadores peronistas dieron una conferencia de prensa para anunciar que impulsarán una nueva iniciativa.
Según explicó Pichetto, la intención de su bancada es que la iniciativa se convierta en el nuevo dictamen de comisiones sobre extinción de dominio, luego de que un despacho de consenso perdió estado parlamentario en diciembre del año pasado como consecuencia del recambio de un tercio de la composición de la Cámara alta.
«Este es el proyecto de ley que vamos a convertir en dictamen de comisión, es un trabajo meticuloso, con asesoramiento de gente que trabajó en el proyecto de Código Penal que presentará el Poder Ejecutivo», explicó el senador por Río Negro.
Según aclaró el presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Guastavino (PJ-Entre Ríos), la intención es «emitir dictamen antes de fin de julio». Según confiaron fuentes parlamentarias, la fecha sería el 24 de julio.
La iniciativa fue redactada por Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), quien precisó que el proceso de extinción de dominio será un «proceso del fuero civil dentro del proceso penal cuando haya certeza de la comisión de un delito».
En ese sentido, precisó que el impulso del juicio civil estará a cargo del procurador general del tesoro y lo contrastó con la versión impulsada por la Cámara baja, según la cual «los fiscales del fuero civil, ante la mera sospecha, podían iniciar la acción cautelar de los bienes».
Urtubey destacó otra diferencia con el texto de Diputados al señalar que «no invierte la carga de la prueba», sino que será quien impulse la extinción de dominio de los bienes a confiscar quien tendrá que demostrar que fueron obtenidos como producto de un delito.
«El mismo tribunal que falla en materia penal tiene que fallar sobre los bienes», agregó Urtubey, quien precisó que el proceso recién podrá iniciarse una vez concluida la etapa de instrucción, cuando la causa haya sido elevada a juicio oral.
Consultado por LA NACION sobre los motivos de la demora de más de dos años para avanzar con la propuesta, Pichetto los adjudicó a los errores que contemplaba el texto aprobado por la Cámara baja. En ese sentido, recordó que aquella sanción se produjo «en medio de un proceso mediático, en momentos en que volaban bolsos», en clara alusión a la detención de José López, exsecretario de Obras Públicas. Según explicó Pichetto, el nuevo proyecto fue redactado en consulta con el camarista Mariano Borinsky, cabeza del equipo de juristas que está redactando el anteproyecto de Código Penal que el Gobierno tiene previsto presentar antes de fin de año.
La iniciativa será girada a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico. A esas comisiones ingresó, hace poco más de dos semanas, una iniciativa sobre extinción de dominio firmada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital). Desde el radicalismo, en tanto, aseguraron ayer que la bancada impulsará la sanción del proyecto que votó Diputados. Por último, queda saber cómo tomará la Cámara baja los cambios del Senado. Si bien Pichetto dijo que le adelantó su proyecto a Sergio Massa, la iniciativa podría quedar estancada con sanciones cruzadas.
Aprueban ley de arbitraje comercial
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer la ley de arbitraje comercial internacional. La nueva norma dota al país de un marco legal para la cooperación y resolución de conflictos comerciales internacionales, controlando todas las etapas del proceso arbitral y en consonancia con los principios mundiales de esta práctica. «La aprobación de la ley de arbitraje es un hito fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad, la previsibilidad y solución de controversias rápidamente y con un bajo costo. Esto contribuye decididamente al progreso de la sociedad y al desarrollo económico y social», explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. De acuerdo con la iniciativa, se recurre al arbitraje internacional cuando las empresas han agotado sus posibilidades de negociación respecto de una disputa comercial.
fuente LA NACION
