CÓRDOBA.- Los ministros de Finanzas de media docena de provincias tendrán pasado mañana, por la tarde, una primera reunión con funcionarios nacionales. La convocatoria les llegó ayer desde el Ministerio del Interior, pero se descuenta que también participará el área de Hacienda.

Según pudo saber LA NACION, en el Gobierno buscarán encausar el diálogo para que los posibles acuerdos se reflejen después en el Congreso y, en el área comandada por Nicolás Dujovne , intentarán avanzar en el reparto de los costos del ajuste. El presidente Mauricio Macri espera que sea «50 y 50» con los gobernadores.

La convocatoria llegó a los ministros por correo electrónico, desde la oficina de Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias de Interior.

El encuentro del jueves será en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y participarán, según el texto, Dujovne, Rodrigo Pena (secretario de Hacienda); Rogelio Frigerio ; Caldarelli, y los ministros de Córdoba, Salta, San Juan, Chaco, Tierra del Fuego y Entre Ríos.

El encuentro -el primero en grupo con provincias gobernadas por la oposición- se realizará cuando ya se explicitó que el ajuste en 2019 debe ser de $300.000 millones ($100.000 millones más que los estimados originalmente, debido al esquema de actualización de la Asignación Universal por Hijo y los gastos previsionales).

Fuentes gubernamentales afirmaron a LA NACION que se irán reuniendo por grupos. «Los encuentros multitudinarios no sirven para trabajar; más adelante convocaremos a todos», se indicó. Entre esta semana y la próxima se avanzará en busca de un «acuerdo nacional» no solo con ministros provinciales, sino con representantes de Cambiemos, del Peronismo Federal y del resto del PJ.

Los ministros llegarán a la reunión con algunas claves acordadas entre ellos hace tres semanas, cuando coincidieron en que la Nación debe avanzar con las transferencias de las empresas eléctricas y otros servicios, como hospitales y Prefectura, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además procurarán graduar la baja de impuestos prevista en el pacto fiscal en función del nuevo contexto macro.

El objetivo no es frenar todo lo acordado en materia de reducción tributaria, sino los aspectos que más ingresos recortarían a las administraciones provinciales.

Compensaciones
El gobierno nacional argumenta que las menores transferencias que recibirán las provincias se compensarán por la mejora de la coparticipación y, además, porque todas las jurisdicciones (con excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis) van a tener una participación mayor en la masa coparticipable, en función del acuerdo de devolución gradual del 15% que se destinaba íntegramente a la Anses, situación que implica una menor recaudación efectiva para las arcas nacionales.

Es intención de los ministros que en la reunión de pasado mañana, la Casa Rosada se comprometa a ponerse al día con los giros para obras públicas en ejecución.

Al respecto, hay demoras en pagos y ya las provincias de Chaco y Catamarca -en reuniones individuales- plantearon su molestia por el impacto en los planes de vivienda.

Un trabajo del Iaraf difundido ayer plantea que el gasto primario nacional debería crecer entre $280.000 millones y $330.000 millones el año que viene para cumplir la meta fiscal; las erogaciones en prestaciones sociales (indexado por inflación) subirían $429.453 millones en relación a 2018 y el gasto no indexado por inflación bajaría $148.102 millones, ante un escenario de no suspensión de la baja de impuestos y $103.00 millones si se frena la reforma tributaria.

La clave para las provincias es que el 40% del gasto total debe caer nominalmente. Es en ese segmento -por fuera de las prestaciones sociales- donde se centrará el debate con los gobernadores.

fuente LA NACION

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