El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside el doctor Guillermo Lipera, se expresó sobre el conflicto entre el Estado y grupos mapuches y repudió los hechos de violencia ejercidos por parte de algunos miembros de la comunidad. Según advirtió la institución en un comunicado, «la conducta de tono belicoso se torna sediciosa» y no puede ser soslayada.
«Hechos recientes [con relación a los enfrentamientos de fuerzas de seguridad y grupos mapuches] dan a entender que tales grupos no están dispuestos a reconocer sobre las tierras que dicen pertenecerles otra autoridad ni otra legislación que las de sus propias comunidades», argumentó el directorio del Colegio de Abogados.
Reconoció, además, que corresponde con lo que dicta la Constitución nacional «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos».
Sin embargo, la institución hizo mención de otro inciso del mismo artículo, que dice que «los derechos que emanan del él no tienen ni podrían haber tenido cabida fuera del texto constitucional, ni pueden, tampoco, alterar o violentar el Estado de Derecho».
En razón de ello, la declaración señala que «el reconocimiento constitucional de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas no los convierte en pueblos soberanos».
Los hechos ocurridos recientemente en las provincias de Chubut y Río Negro fueron el impedimento del acceso de las autoridades judiciales a las tierras que ocupan, en el marco de la investigación de diversos delitos.
Según expresa el Colegio de Abogados porteño, «el error es absoluto» y se está convirtiendo, paulatinamente, en «el semillero de un conflicto político, social y económico de proporciones cada vez más graves, el cual está inmerso, además, en una preocupante espiral de violencia creciente».
El conflicto con la comunidad mapuche tiene como cuestión de fondo la ocupación de las tierras. La detención del lonko Facundo Jones Huala disparó el año pasado protestas y cortes de rutas que desembocaron en enfrentamientos entre las fuerzas federales y algunos miembros de la comunidad. La muerte de Santiago Maldonado tras un enfrentamiento con la Gendarmería Nacional y la muerte de Rafael Nahuel, otro integrante de la comunidad, tras un enfrentamiento con la Prefectura, han sido los casos más representativos de este conflicto de los últimos tiempos.
En las últimas semanas se han producido nuevos cortes de rutas y persiste la ocupación del predio de Villa Mascardi. Esta situación había sido denunciada por la Administración de Parques Nacionales. La mesa de diálogo que se llevaría adelante entre autoridades nacionales y miembros de la comunidad se frustró dos días atrás.
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