Cambiemos y las diferentes fracciones del PJ en el Senado negocian contra reloj. El objetivo es alcanzar un consenso que permita avanzar con la sanción de un proyecto de ley, que establezca incorpore al sistema legal argentino el proceso de extinción de dominio de los bienes obtenidos mediante delitos.
El debate se reanudará mañana, a las 14, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, luego de que hace dos semanas el oficialismo y la oposición decidieran postergar la firma de un dictamen para encontrar un único texto.
En ese encuentro se presentaron tres iniciativas, con sustanciales diferencias entre sí. Todas modifican el proyecto que la Cámara de Diputados aprobó en junio de 2016, al calor del escándalo de los bolsos con dólares del exsecretario kirchnerista José López.
El proyecto impulsado por Cambiemos establece la creación de un proceso en el fuero civil que se desarrollará de manera paralela al juicio penal. Según esta versión, la sentencia de extinción de dominio, que permitiría pasar los bienes a manos del Estado, podría producirse antes y de manera independiente a la condena de los acusados en el fuero penal. El impulso de la acción estaría en manos de los fiscales.
Por su parte, el Bloque Justicialista, que conduce Miguel Pichetto (Río Negro), sostiene la acción civil, pero dentro del fuero penal. Sin embargo, el proceso solo podría iniciarse una vez que exista sentencia de primera instancia. Además, deja en manos de la Procuración General del Tesoro, un cargo que depende del Poder Ejecutivo, el impulso de la extinción de dominio.
Este punto genera divisiones al interior del propio PJ. Así lo hizo notar el formoseño José Mayans, quien rechaza la idea de que un funcionario que está a tiro de decreto del presidente de turno tenga la facultad de impulsar o no una acción de extinción de dominio.
Por último, el kirchnerismo sorprendió hace dos semanas atrás con la presentación de una iniciativa propia, que tiene puntos de contacto tanto con el PJ como con Cambiemos.
El texto coincide con el oficialismo en que la acción debe estar en manos del Ministerio Púbico Fiscal. Y con el PJ, en el hecho de que el proceso deber ser una acción civil, pero en el marco del fuero penal. Como sello distintivo propio tiene la ampliación de los delitos pasibles de un juicio de extinción de dominio y el hecho de que se pueda perseguir también a los eventuales corruptores.
La semana pasada había empezado a circular un texto para que los bloques lo analizaran y que podría ser la base para un acuerdo. No obstante, por el momento, parece difícil que al recinto llegue un único dictamen.
