El Ministerio de Planificación tenía debilidad por los choferes, una relación que se construyó sobre la base de la confianza. Julio De Vido y su séquito de colaboradores compartieron todos sus movimientos con esos conductores durante más de una década. Testigos privilegiados de los traslados con bolsos, la permanencia de los choferes al volante terminó por convertirse en una cuestión de Estado.
Cuando desembarcaron en la Casa Rosada, De Vido, Roberto Baratta y muchos otros funcionarios de los ministerios de Planificación, Economía y Producción se encontraron con una camada de unos 100 choferes que ya trabajaban para el Estado de forma tercerizada, a través de una «remisería» externa.
Había sido una herencia de fines de los 90, cuando el Ministerio de Economía adjudicó el contrato a la sociedad Transcom Service SACI, una firma con domicilio en un edificio del partido de San Fernando, sin local a la calle, que se dedicaba exclusivamente a ofrecer viajes para los funcionarios públicos.
Los choferes de Transcom le facturaban a la empresa, que, a su vez, le cobraba al Estado nacional por el servicio.
En esa remisería tocó la puerta Oscar Centeno para pedir trabajo.
El chofer debió poner su auto al servicio del Estado. Como ocurrió con otros de sus colegas, a Centeno se le asignó un secretario de Estado, Roberto Baratta, y allí quedó afectado de forma permanente. Sabía de memoria los gustos, los movimientos y las costumbres de su jefe. Y los registró en los cuadernos que abrieron una investigación inédita sobre los circuitos de sobornos en el kirchnerismo . Pero no fue el único con información sensible.
El pago del silencio
A la hora de hacer el «trabajo sucio», algunos choferes debieron probar su fidelidad y su interés. Según pudo reconstruir LA NACION, uno de los choferes -cuyo testimonio llegó a oídos del juez Claudio Bonadio – relató que uno de los colaboradores de De Vido le ofreció US$500.000 para hacerlo cómplice de las recorridas en busca de coimas.
El exfuncionario le dejó tres días una valija con fajos termosellados en el baúl del auto. Pero el chofer rechazó el ofrecimiento y no tocó un peso. Enseguida, el conductor fue trasladado a otras funciones más mundanas dentro del ámbito del ministerio.
Otros aceptaron ser parte de esos recorridos para recolectar los sobornos de los empresarios.
A cambio, los choferes «fieles» tenían su recompensa. Era habitual que recibieran «préstamos» de dinero, que les solucionaran problemas con el Estado y hasta les podían conseguir un préstamo hipotecario exprés si necesitaban construir su casa.
Centeno, incluso, amplió su negocio. Durante el período en el que trabajó habría adquirido más de ocho autos. Algunos, incluso, fueron registrados a nombre de otras personas.
En su declaración ante Bonadio, Oscar Centeno dijo que instruyó a su exmujer, Hilda Horovitz, para que, mediante préstamos, ella comprara cuatro autos que él le puso a trabajar en el Ministerio de Planificación.
Jorge Bacigalupo, el hombre que tuvo la confianza de Centeno y que optó por entregar los cuadernos a LA NACION, habría tenido al menos un auto a nombre suyo, adquirido por Centeno.
Cambio de régimen
El contrato con Transcom Service se renovó varias veces durante el gobierno kirchnerista hasta que, en la última etapa, la Casa Rosada decidió emplear directamente a los choferes sin intermediación de la remisería, según pudo reconstruir LA NACION.
¿Qué tenían que soportar? En primer lugar, el maltrato de buena parte de sus jefes, que solían extender incansables jornadas laborales con largas esperas, según pudo reconstruir este diario de testimonios en primera persona. O tenían que ver cosas que no deseaban, como el pasamanos de valijas, bolsos y maletines que los funcionarios siempre subían a sus autos.
El contrato de Transcom finalizó en 2014.
A partir de entonces, el Estado compró una flota de vehículos a través de una operación de leasing y absorbió a los choferes.
Por lo tanto, la «remisería» perdió su razón de ser, entró en crisis y finalmente demandó al Estado por $1 millón, según pudo averiguar LA NACION.
Muchos de estos conductores quedaron en la planta del Estado y trabajan actualmente en los ministerios de Energía y de Interior y en la Jefatura de Gabinete, según los registros oficiales.
Una decena de choferes, según un testimonio que llegó a los investigadores judiciales, quedaron afectados a los quehaceres de la chacra que Julio De Vido tiene en Puerto Panal, un lugar donde el exministro atesoraba decenas de variedades de pájaros. Allí, los conductores debían asistir para ocuparse de traslados domésticos del entorno del exministro de Planificación.
El exfuncionario, coleccionista de aves, todavía está empadronado en la Federación Colombófila Argentina
fuente LA NACIÓN
