Si el peronismo da el quorum para habilitar el debate por el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner , el Senado podría aprobar hoy un proyecto de ley sobre extinción de dominio, proceso judicial por el cual se le facilitaría al Estado la recuperación de los bienes de la corrupción.

Sin acuerdo entre las principales bancadas, todo indica que terminará imponiéndose el dictamen impulsado por el PJ , el cual establece que el juicio por extinción de dominio recién podrá realizarse una vez que el acusado obtuvo sentencia de cámara en el fuero penal.

El oficialismo, por su parte, cuestiona por «gatopardista» el proyecto del PJ e impulsa una propuesta que busca acelerar el proceso. Según el texto elaborado por Cambiemos , la extinción de dominio tramitaría en el fuero civil y podría ser decidida aun cuando el acusado no tenga condena en el juicio penal.

El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), defendió la iniciativa del PJ y aseguró que el Congreso «debe hacer normas que garanticen el debido proceso, permitir que el imputado se defienda».

El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), criticó la propuesta del PJ, al asegurar que «lo único que hace es patear para adelante una definición e impedir que en lo inmediato se pueda recuperar lo robado».

«En la lucha contra la corrupción hay dos caras: una es la ley del arrepentido, que nos posibilitó avanzar e investigar, y la otra cara, la que la sociedad reclama porque quiere que devuelvan la que se llevaron, se llama extinción de dominio», afirmó Naidenoff.

El kirchnerismo había firmado un tercer dictamen, pero hay versiones que indican que sumaría sus votos a la propuesta del PJ, luego de que el principal bloque de oposición aceptara incluir algunas de las propuestas contempladas en su proyecto.

Cualquiera de las dos opciones que logre imponerse, el proyecto volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados después de casi dos años de permanecer estancado en el Senado por diferencias jurídicas y políticas.

Tras haber obtenido dictamen de consenso en noviembre de 2016, la iniciativa cayó en el olvido de manera más que sugestiva. Aquel despacho ya modificaba de manera sustancial el texto que la Cámara baja había aprobado en junio de aquel año, en base a los fuertes cuestionamientos expuestos por juristas que habían coincidido en criticar la violación de garantías en las que incurría la iniciativa.

El debate volvió a reflotarse en los últimos dos meses al ritmo de una fuerte presión en las redes sociales por los escándalos de corrupción.

fuente LA NACION

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