PUNTA DEL ESTE.- Documentos, archivos de computadoras, papeles, más papeles y poco más. Todo sobre la mesa de policías y fiscales para encontrar rastros del dinero de la corrupción del kirchnerismo en Uruguay. Pero nada de la presencia de un empresario prófugo y otro operador vinculado a este, que están requeridos por su participación en la red que se destapó con los cuadernos de las coimas.
Los investigadores reconocen que no han aparecido pistas claves como para desenredar la madeja, pero confían en obtener más información que permita cooperar con la Justicia argentina.
Este lunes, luego de jornadas de allanamientos en propiedades del empresario argentino Carlos Ferrari, la investigación se enfocó en analizar documentos que fueron encontrados en dos propiedades ubicadas en el este uruguayo: una en Piriápolis, muy cerca de la chacra del exsindicalista Carlos Balcedo, y otra en Punta del Este.
Eso no significa que no siga la búsqueda de los dos prófugos. Aunque no hay señales de que Ferrari y Oscar Thomas permanezcan en Uruguay, el dato que maneja la policía es que el primero de estos llegó al país al final del verano y no tiene fecha de salida de frontera.
Además, en el entorno de la investigación se manejó la posibilidad de que el dueño de la casa de Piriápolis y del apartamento de Punta del Este haya podido ir a sus propiedades a retirar material que lo pudiera involucrar, pocos días antes de que se activara su pedido de captura.
La fiscalía mantiene reserva sobre los operativos, aunque trascendió que pudieron retirar computadoras personales con mucha información en disco, que debe ser analizada con paciencia. Además, la policía fue al Puerto de Piriápolis para el allanamiento de un yate bautizado Génesis I, que está atracado en ese balneario, y la embarcación quedó con una instrucción de restricción de movimiento. No lo pueden mover de su lugar y está con vigilancia policial permanente.
Enrique Antía, el jefe de gobierno de Maldonado, departamento en el que se ubican ambos balnearios esteños, reconoció que hay «un relajo» en el control de habilitaciones para construcciones y que hay fallas en controles sobre lo que ingresa en embarcaciones.
Sus declaraciones fueron hechas con sentido político de adjudicar responsabilidad al gobierno local anterior, que era del Frente Amplio, y justo cuando acaba de lanzar su precandidatura presidencial. Antía, que ya había gobernado Maldonado en 2000-2005, dijo que hay que invertir más en controles y que Punta del Este no debe encubrir operaciones dudosas para favorecer al balneario.
La Justicia uruguaya ya tenía una causa abierta sobre vínculos locales con dinero argentino producto de corrupción en gobiernos del kirchnerismo, caso por el cual hay un pedido de extradición que no pudo concretarse. Esa causa la tiene el fiscal Luis Pacheco, que fue quien pidió procesamiento del exvicepresidente de este gobierno, Raúl Sendic, la que se relaciona con negocios del empresario kirchnerista Lázaro Báez . Por ese caso de «la ruta del dinero K», se pidió el año pasado la extradición del contador argentino Daniel Pérez Garín, que sigue en prisión en la Argentina, por lo que no lo han podido llevar a Montevideo a responder sobre operaciones sospechosas.
En la actual investigación, abierta tras el escándalo de los cuadernos de las coimas, el Estado uruguayo investiga y cruza información con diversas dependencias: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior con su policía nacional, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, entre otras.
fuente LA NACION
