No quedan muchas hileras de días por tachar en el calendario para avanzar con el Presupuesto 2019. El Gobierno negocia con los jefes provinciales una poda que garantice la baja sustancial del déficit. A mediados de septiembre, el texto debería ir al Congreso. Es una pulseada difícil y los tiempos no están marcados sólo por las reglas del trámite legislativo, sino porque apremian otras necesidades. Se trataría, una vez más, de enviar un mensaje al «mercado», que además de desconfiado se exhibe insaciable en medio de la escalada del dólar.
En eso están trabajando funcionarios y operadores legislativos. En lo que queda de la semana, habrá contactos con gobernadores (duros y más flexibles), diálogo con ministros de diferentes distritos y conversaciones técnicas con la AFIP para analizar una propuesta de varios jefes provinciales, en especial del PJ. Todo, en paralelo con gestiones menos visibles pero de primera línea con legisladores de la oposición, para poder allanar el camino del Congreso si el texto del Presupuesto llega impulsado por un acuerdo político.
Da sensación de vértigo pero con todo, el apuro resultaría menor que el que enfrentan en el área económica. Nicolás Dujovne tiene a su cargo aceleradas gestiones con el FMI en búsqueda de una alternativa que permita garantizar espaldas plenas para cumplir con los compromisos financieros de 2019. Funcionarios de su ministerio y de la jefatura de Gabinete también hablan en estas horas con representantes del Banco Mundial y de otros organismos internacionales para ampliar la base de sustento.
Por supuesto, nada de lo que pueda hacerse controlaría el fenómeno regional y de modo más amplio, el efecto Trump sobre las economías de países emergentes. El objetivo, que podría sonar modesto, parece igualmente gigante: controlar el pulso financiero local –mantener el dólar en una franja razonable- y evitar también la fuerte caída de los papeles argentinos.
Son dos de los síntomas de lo que suele resumirse como expresión de la «desconfianza de los mercados» en la capacidad del país, y del Gobierno en particular, para atender los compromisos del año próximo. En ese renglón, las estimaciones de economistas son más que amplias: se habla de entre 8.000 y 14.000 millones de dólares. No sonarían inquietantes por el volumen, sino en todo caso por el cerrado cuadro externo.
La situación de las provincias y, por supuesto, el recorte del déficit son puntos siempre destacados cuando se habla de señales políticas además de económicas. No es un dato menor que desde el Gobierno hayan difundido esta semana un cuadro sobre la evolución positiva de la cuentas en buena parte de los distritos. Y, claro, tampoco resulta novedoso que la posibilidad de un acuerdo entre la Nación y los gobernadores asome como un mensaje de gobernabilidad y de compromiso antes de que todos se embarquen en la competencia electoral.
¿Cómo están las piezas en ese paño? De uno y otro lado, es decir, funcionarios nacionales y gobernadores, admiten que se ha avanzado bastante con las tratativas, aunque eso no supone que esté garantizado un final de consenso. Faltaría definir algo así como el 30 por ciento del recorte, tal vez lo más complicado cuando algunos jefes provinciales creen que han cedido mucho.
Lo primero que aceptaron las partes fue el número aproximado de la disminución presupuestaria: unos 100.000 millones de pesos a cargo del conjunto de las provincias y otros 200.000 millones a cuenta de la Nación, para clavar el déficit en 1,3 por ciento del PBI en 2019. Algunos expertos en materia fiscal consideran que son cifras exageradas y que proyectarían un sobrecumplimiento de las metas.
Los representantes del peronismo y de otras marcas políticas presionaron para que Buenos Aires y la Ciudad –es decir, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta- aceptaran afrontar con sus presupuestos diferentes subsidios: dicho de otra forma, la carga más pesada del pacto. El costo a afrontar entre los dos distritos sumaría más de 32.000 millones de pesos. El gobierno nacional dispuso bajar el fondo sojero, una poda de unos 26.000 millones. Eso y algunos ítems más, subsidios específicos, pondrían la discusión que resta en territorios difíciles, como obras públicas, descartados programas sociales, según aseguran.
En estos momentos, son combinadas varias líneas de trabajo. Funcionarios de los ministerios de Interior y de Hacienda vienen conversando por separado con ministros provinciales –como ocurre esta semana-, y también anotan citas colectivas. Rogelio Frigerio mantiene la relación con los gobernadores, incluidos los denominados duros, entre ellos Gildo Insfrán y últimamente Rosana Bertone, que tal vez pasen por la Casa Rosada antes del viernes.
En paralelo, y de manera bastante reservada, fueron añadidas conversaciones con representantes de la oposición en el Congreso. Los encuentros a veces son algo informales y los interlocutores del oficialismo, variados. Además de funcionarios nacionales, participan Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y los jefes de los bloques oficialistas. Del otro lado de la mesa, peronistas federales, massistas y referentes de fuerzas locales.
Esos movimientos están orientados a tratar de asegurar un trámite a buen ritmo si el Presupuesto llega al Congreso como fruto de un entendimiento con la mayoría de los gobernadores. En ese cálculo, lo ideal sería que el proyecto inicie el trámite legislativo a mediados de septiembre y que termine aprobado antes del final de octubre.
La velocidad, en ese caso, tendría que ver con el objetivo de evitar rediscusiones sobre temas ya saldados en las tratativas previas, en medio de los previsibles debates y tensiones con el kirchnerismo. Más cerca, en cambio, el consenso político previo al capítulo legislativo sería anotado en la lista de señales al mercado. Y más rápido aún, con urgencia, el Gobierno intenta avanzar con el FMI y otros organismos. La angustia, por supuesto, es sumada a diario por el dólar.
fuente INFOBAE
