«No buscamos que haya unanimidad, ni firmar nada. Pero queremos cerrar un acuerdo general y seguir conversando». En el Gobierno advierten la presión de los gobernadores y, si bien mantienen el optimismo, bajan la expectativa y se conforman con que este martes, al cabo de los dos encuentros -el último, a las 17, lo encabezará el propio Presidente- el grupo de mandatarios que acepte posar en la foto y muestre su intención de apoyar el Presupuesto 2019 sea lo más grueso posible. Para eso, admiten, están dispuestos a «que se pongan todos los temas sobre la mesa de negociaciones», incluida la conveniencia de dejar sin efecto el traspaso de la tarifa social a las eléctricas y la suspensión de la rebaja de Ingresos Brutos.
Hasta este domingo, los ministros de Economía provinciales no habían recibido el borrador que le prometieron cuando el jueves se retiraron de Casa Rosada. En el Gobierno aseguran que este lunes ya lo tendrán en sus manos, con la previsión del impacto que según Nación tendrán en sus distritos, para que emitan un dictamen a su gobernador.
De ahí que todavía haya mucha cautela del lado de las provincias. Salvo el socialista santafesino Miguel Lifschitz, quien se anticipó y dijo que no va a ser «socio del ajuste»; y el peronista K Alberto Rodríguez Saá, otro que pidió rechazar el Presupuesto, porque «es impuesto por el FMI», y casi en simultáneo planteó armar “un frente patriótico” para derrotar a Macri en la próxima elección presidencial.
Por lo pronto, el recorte general para las provincias sigue siendo lo que se venía barajando: alrededor de $ 50 mil millones por el traspaso del subsidio al transporte, y unos $ 30 mil millones del Fondo Sojero, por el que se estudia compensar a los municipios con créditos blandos, vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o el FoFFIR, para garantizar las obras en ejecución.
En principio, en cuanto al resto para llegar a los $ 100 mil millones, el Gobierno quiere que sea cubierto con el traspaso de los subsidios a la tarifa social de las eléctricas -entre 15 mil y 20 mil millones de pesos-, que por ahora quedó en stand by.
Así se lo aseguraron a Clarín altas fuentes oficiales, luego de que el viernes el Gobierno sorprendiera al suspender la resolución 122/2018, decretada cuatro días antes por el entonces ministro de Energía Javier Iguacel, que contemplaba la transferencia del financiamiento del subsidio a las provincias. Según explican en el oficialismo, había actuado bajo instrucción directa -e inconsulta con el ala política- del ¿ex? vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, que hasta el momento luce lejos de perder poder.
Como el anuncio de Nicolás Dujovne se dio el viernes, luego del encuentro del ministro del Interior Rogelio Frigerio con los gobernadores, se supuso que el Gobierno daba marcha atrás con su idea original, algo que desde el oficialismo se encargaron de negar este domingo a Clarín: «Está todo en la mesa de negociación, sólo queremos que salga por consenso. Como lo del FoFeSo, fue un error sacar esa resolución cuando todavía no se había acordado, por eso lo que se hizo el viernes fue suspenderla. La idea es que se decida entre todos, pero de algún lado tiene que salir esa diferencia», explicaron.
Además del aumento de la coparticipación a las provincias que se otorgó desde que asumió Macri, en el Gobierno resaltan las concesiones que ya hizo: por ejemplo, postergar por un año algunos puntos de la ley de responsabilidad fiscal, como el impuesto a los Sellos (el tope de 0,75% de alícuota prevista para 2019 queda sin efecto) y la suba en Bienes Personales radicados en el exterior, que según estiman en el oficialismo representa un universo adicional de fondos de alrededor de US$ 750 millones, es decir, similar al Fondo Sojero.
También, si bien respecto a la rebaja de Ingresos Brutos Frigerio había dicho que «se mantendría la rebaja», ahora en el Gobierno no cierran la puerta a poner esa carta sobre la mesa como herramienta para destrabar la negociación. «Para nosotros no es una buena señal, pero si 15 gobernadores quieren tener la decisión de frenar su baja, lo tendremos que evaluar», reconocieron.
Igual, todo está por verse: el proyecto seguirá discutiéndose hasta este mismo viernes, cuando el Ejecutivo tiene pensado enviar -a tiempo según marca la ley- el texto al Congreso. A esta altura parece una utopía la meta inicial del oficialismo de aprobarlo antes de noviembre.
fuente CLARIN
