Por primera vez desde que Mauricio Macri llegó al poder, la caída del empleo en el sector público encadenó dos meses seguidos de declive. Entre mayo y junio se registraron 10.600 asalariados menos, según las estadísticas que releva periódicamente el Ministerio de Trabajo sobre la base de registros de la AFIP .
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la tendencia a la baja se extenderá durante lo que resta de 2018 y 2019 a partir de la determinación de la Casa Rosada de congelar por dos años los ingresos al Estado y del impacto de la ley de responsabilidad fiscal, que desaceleró el ritmo de las incorporaciones en provincias y municipios. Influirán también de manera directa el ajuste que la Casa Rosada prevé en el proyecto de ley del presupuesto y la revisión de gastos que se pactó con el Fondo Monetario Internacional .
La administración pública nacional, el ámbito en el que el Macri oficia como empleador directo, es el sector que más se redujo. En diciembre de 2015, cuando Cambiemos destronó al kirchnerismo, había registrados 240.600 empleados. En julio de este año, esa cifra cayó a 206.856, según datos actualizados del Ministerio de Modernización. Es decir, se registraron 33.744 desvinculaciones, entre despidos, retiros voluntarios y jubilaciones. Un porcentaje de las bajas se concretaron después de haberse implementado un sistema de control biométrico, que ayudó a detectar ausencias injustificadas, entre otras irregularidades, según fuentes oficiales.
La estadística oficial supera incluso un relevamiento del gremio estatal ATE. La seccional de Capital contabilizó 25.787 cesantías desde que Macri es presidente. Las dependencias que más se achicaron, según ATE, fueron el Ministerio de Educación (3940 bajas); el Congreso Nacional (2035); la Comisión Nacional de Energía Atómica (2000); el Ministerio de Desarrollo Social (1199), y el Ministerio de Cultura (1194).
El relevamiento que hizo UPCN, el otro gremio estatal, difiere en algunas cifras. Distingue aproximadamente 20.000 bajas, de las cuales la mitad serían de planta permanente y la otra mitad, contratos transitorios. Pero advierte de un ingreso de 10.000 empleados «con sueldos altos», por lo que el ahorro de gastos fue «casi nulo».
«Desde enero hasta acá hay una suave caída del empleo en el sector público. A nivel nacional se percibe desde hace dos años, pero ahora comienza a sentirse en las provincias y en los municipios, donde sigue la tendencia a seguir incrementando la planta, aunque a tasas menores», explicó José Anchorena, director de Estadísticas del Ministerio de Trabajo.
Los empleados estatales de las provincias se incrementaron de 1.508.500 a 2.283.895 entre 2005 y diciembre de 2015, según datos de Modernización. En junio de 2018 llegaron a ser 2.309.245. Si bien la cifra subió, el ritmo de crecimiento se desaceleró. Ocurrió algo similar en los municipios: pasaron de 414.700 empleados en 2005 a 442.560 en diciembre de 2015. Hoy, son 453.799.
A la luz de las estadísticas, la Nación es la locomotora del plan de responsabilidad fiscal. Para los gremios tiene una explicación. «Los gobernadores son más cautos porque el impacto en las economías regionales puede ser tan grande que prefieren evitar una crisis, que ya se está produciendo», dijo Daniel Catalano, líder de ATE Capital.
Conflictos
El achique del Estado abrió conflictos que tienen su correlato casi a diario en protestas callejeras. Los recientes despidos en Agroindustria, en el Hospital Posadas o en la agencia de noticias Télam son algunos de los casos que alcanzaron mayor visibilidad. De los gremios estatales, ATE es el históricamente más combativo y el que puso siempre primero la guardia en alto. UPCN, sin embargo, comenzó a activar reclamos en áreas en las que hasta hace poco reinaba el silencio, como en el Ministerio de Hacienda y la AFIP.
«Nos gustaría articular con UPCN, pero no tuvimos resultados. Para nosotros ningún despedido es justificado, porque no hubo un ámbito en el que nos puedan demostrar que la gente que era despedida era porque no trabajaba», se diferenció Catalano. Para el jefe porteño de ATE, el ajuste «fue ideológico», y acusó al Gobierno de «desmantelar el Estado» al dar de baja programas como el Plan Qunita, Conectar Igualdad y Progresar.
Andrés Rodríguez, líder de UPCN y referente de la CGT, reconoció que la poda fuerte de puestos de trabajo se dio entre 2016 y 2017, y que después las desvinculaciones fueron «más selectivas». Y advirtió que a la preocupación por la falta de estabilidad laboral se le sumó ahora la incertidumbre salarial.
fuente LA NACION
