La obsesión del Gobierno por ajustar el gasto público se hará sentir en las elecciones presidenciales del año próximo . El proyecto de ley de presupuesto impone un fuerte recorte por doble vía: por un lado, obligará a los partidos a gastar menos en sus respectivas campañas. Por el otro, el Gobierno destinará menos fondos a la logística electoral que despliega el Ministerio del Interior respecto de los últimos comicios.
El recorte se cristalizará pese a que en 2019 se disputarán más cargos (presidente, vicepresidente y legisladores nacionales) y, además, se podría sumar una tercera elección si hubiera ballottage.
Las cifras del proyecto de presupuesto son contundentes. La partida destinada a la ejecución de los gastos electorales será de casi $8000 millones, un 33% más respecto de las elecciones legislativas de 2017. Sin embargo, en términos reales, implicará una fuerte caída, si se considera la inflación acumulada en dos años.
El dato a tener en cuenta es que ya no se trata, como en 2017, de dos elecciones (primarias y generales), sino de tres, si llegase a haber doble vuelta en la elección presidencial. Por lo tanto, las erogaciones que deberá afrontar la Dirección Nacional Electoral serán mayores que hace dos años, potenciadas además por la inflación. Una elección le demanda al Estado gastos por demás diversos: van desde los aportes a los partidos políticos para la impresión de boletas y aportes de campaña hasta la impresión de padrones, seguridad electoral (efectivos de policía y de las Fuerzas Armadas para custodiar los comicios), la compra del material electoral (urnas y sobres) y el pago a las autoridades de mesa.
«Todo este gasto habría que multiplicarlo por tres elecciones. El presupuesto que se le otorgó a la Dirección Electoral es demasiado acotado, va a necesitar un refuerzo», pronosticó a LA NACION un legislador que sigue de cerca el problema.
En este contexto, operadores de la Casa Rosada alientan la idea de modificar la ley electoral para suprimir la convocatoria a elecciones primarias del año próximo. No los inspira un espíritu de austeridad, sino más bien el cálculo político de privar de esta herramienta al peronismo no kirchnerista, que la necesita para ordenar su tropa, definir candidaturas y potenciarse como espacio político para disputarle a Cambiemos la presidencia en octubre del año próximo.
Pero desde la cúpula de Cambiemos de la Cámara de Diputados descartan esta posibilidad. «Las primarias son necesarias para nosotros en muchos distritos. Además, para cambiar la ley se necesita una mayoría agravada en ambas cámaras que no tenemos», enfatizó un importante miembro de la bancada oficialista.
Una campaña austera
En paralelo, el Gobierno redujo el valor del módulo electoral de $9,43, que estableció en 2017, a $8,50, que dispuso en el presupuesto 2019. Este módulo es la unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos de las campañas proselitistas: de acuerdo con la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, ningún espacio podrá gastar más que la suma que resulte de multiplicar el número de empadronados en cada distrito por un módulo electoral.
En buen romance, el Gobierno, al reducir el valor del módulo para 2019, estará obligando a los partidos políticos a ajustar sus gastos proselitistas para no superar el umbral que impone la ley, el cual será más bajo que en 2017. A manera de ejemplo, en Buenos Aires, el distrito electoral más populoso, con poco más de 12 millones de ciudadanos habilitados para votar (según el padrón de hace dos años), el límite máximo de gasto para cada partido será de $104 millones. En 2017, con un módulo de valor más alto, fue de $114 millones.
«En este contexto de ajuste generalizado, el Gobierno pretende un año electoral con campañas más austeras», enfatizó a LA NACION el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez.
Esta decisión se inscribe en momentos en que abundan sospechas y denuncias sobre el financiamiento de las campañas partidarias: aportantes falsos en la campaña proselitista de Cambiemos en 2017 y aportes espurios de empresas contratistas del Estado a las campañas kirchneristas, según reveló el escándalo de los cuadernos de las coimas que investiga del juez federal Claudio Bonadio.
En este marco, la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó a la jueza electoral de primera instancia María Servini de Cubría que investigue el origen y el destino de los fondos de campaña de 2015 de Cambiemos, del Frente para la Victoria, de Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y de Compromiso Federal, ya que sus informes de rendición de cuentas fueron desaprobados por los peritos auditores. En las elecciones generales de 2015, Cambiemos declaró gastos por $92.810.707; el Frente para la Victoria (FPV), por $54.628.659; UNA, por $30.050.518, y Compromiso Federal, por $16.636.194.
Los partidos, con menos fondos $8.000.000.000
Ese será en términos nominales el gasto electoral previsto para 2019
Sin embargo, esa cifra es un 33% superior a la última elección, muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos dos años. El gasto se reduce aún más si se toma en cuenta que en 2019 podría haber tres elecciones, si hubiera ballottage.
fuente LA NACION
