Cuadernos de las coimas K: por qué la Fiscalía busca agravar la acusación para tres arrepentidos

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo no solo le pidieron a la Cámara Federal queamplíe el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita por los cuadernos de la corrupción K a raíz de 913 hechos de coimas. Quieren que un empresario y tres de los «arrepentidos», que dieron datos claves sobre cómo operaba la banda, sean considerados «organizadores» de esa estructura criminal, el rol que hasta ahora solo alcanzaba al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, protagonista de los viajes relatados por su chofer Oscar Centeno. La diferencia es clave en momentos de una condena.

Aunque el juez Claudio Bonadio los había considerado miembros de la banda, los acusadores quieren que el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner sean procesados como «organizadores» de asociación ilícita. No importa que hayan firmaron acuerdos de «imputado-coloborador» con la Fiscalía. Precisamente, sus confesiones y los dichos cruzados de otros arrepentidos terminaron perjudicándolos y ubicándolos más arriba de la pirámide jerárquica que estableció Bonadio en su resolución, dijeron Stornelli y Rívolo.

También quieren que en el rol de organizador los acompañe el empresario de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, quien sigue tras las rejas. A Ferreyra lo compromete su cercanía y llegada directa a Néstor Kirchner, pero además los contactos y mensajes que aparecieron en uno de sus celulares. No solo tenía guardados los números de casi todos los protagonistas de la causa, sino también diálogos directos con el secretario privado de De Vido, reportes de cuánto destinaría el Tesoro Nacional a sus obras, encuentros pautados con el empresario Cristóbal López –que no forma parte de esta causa- y hasta un pedido para hablar con el camionero Hugo Moyano.

Coimas vs. Dádivas

Lo primero que dejaron en claro Stornelli y Rívolo en su apelación ante la Sala I de la Cámara Federal es que, en esta causa, no admiten la figura de dádivas. Cristina Kirchner, por ejemplo, fue procesada por jefa de la asociación y por recibir «dádivas en 22 casos y cohecho en 5 casos». A muchos empresarios, en tanto, los consideraron miembros de la banda y responsables del delito de dádivas.

El Código Penal castiga con un mes a dos años de cárcel al funcionario público «que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo». El máximo castigo para el que las ofreciera es un año.

El cohecho, sin embargo, se castiga con hasta seis años de prisión para quien «por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones».

Los fiscales rechazaron con énfasis la postura del juez de hablar de dádivas, en algunos casos. «No hubo dadivas, sino coimas (cohecho, en forma activa y pasiva)», resaltaron. Y aclararon que «cada pago realizado y recibido, en el contexto imputado, configurará un hecho que habrá de concurrir de manera real con los demás, pues en cada supuesto se renueva el designio criminoso». Por eso se multiplicaron, casi exponencialmente, los hechos atribuidos a la ex Presidente y al resto de los involucrados.

«El propio devenir de los acontecimientos impide apreciar un escenario semejante a la mera dación de un dinero con el objeto de congraciar al funcionario corrupto, sino que se enmarca en la propia venalidad del acuerdo espurio» que «ha admitido el propio Juez» y con el fin de «obtener, del funcionario corrupto, esos beneficios explícitos» como una concesión, la prórrogas de las obras y/o en la liberación de pagos, se sostuvo en la presentación al a que accedió Infobae.

Para Stornelli y Rívolo, este escenario «conformó un engranaje para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores usufrutuasen el criminal beneficio de obtener contratos de una manera espuria, colusiva y en desmedro de las reglas de la competencia». Los dichos de los arrepentidos demuestran «la clara existencia de un acuerdo venal, corrupto, entre privados y funcionarios públicos, es pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial».

Según resaltaron, «el cohecho es un negocio ilícito bilateral entre corruptor y corrupto que se caracteriza por su clandestinidad pero que suele tener efectos visibles cuando se concreta la contraprestación acordada por parte del funcionario público».

Pero además los fiscales sostuvieron que «hay una situación incontrastable que es pauta determinante para sostener el conocimiento por parte de los imputados respecto del pago de coimas: ese gasto se descontaba de las ganancias obtenidas por los contratos de obra, en el caso de la Cámara Argentina de Empresas Viales, denominada ‘la camarita'».

El club de los organizadores

El Código Penal establece un agravante para los jefes y para los organizadores de una asociación ilícita, diferente al de un miembro común. Un simple integrante tiene una pena mínima de tres años de cárcel, mientras que la escala penal para el jefe y el organizador va de cinco a diez años. El jefe, en este caso Néstor o Cristina Kirchner, «es el que administra e imparte las directivas a los demás integrantes de la asociación», pero el organizador es aquel que «decide conformar el grupo y dividir los roles».

Sobre esta base, los fiscales pidieron que Clarens, Wagner, López –los tres arrepentidos- y Ferreyra sean considerados organizadores. Bonadio los incluyó como simples miembros de la banda. «Clarens, López, Wagner y Ferreyra realizaron contribuciones a la actividad de la agrupación de manera individual pero, en cierto punto, independiente, si se parte de la premisa que los cuatros tuvieron capacidad funcional que les habría permitido, a diferencia de los otros miembros, moverse libremente en sus respectivos áreas. Y ello lo llevaron a cabo más allá de que hayan participado en la preparación y ejecución del plan de manera coordinada», advirtieron.

Aquí, el detalle de cuál fue el papel de cada uno, según el Ministerio Público:

Carlos Wagner

«Más allá de haber sido el empresario al frente de ESUCO S.A. en nombre de la cual pagara los sobornos que se le imputan, el nombrado fue el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de 2004 a 2012 y habría sido quien intervino en la diagramación del funcionamiento de la Cámara Argentina de Empresas Viales, en el marco de la cual nominaba a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación –sin los requisitos legales establecidos- en una suerte de cartelización que conllevara el posterior pago de sobornos por parte de la mismas. Si bien determinados miembros de la asociación podrían haber desconocido con exactitud lo que hacían los demás imputados, lo cierto es que, a diferencia de ellos, Wagner habría tenido un conocimiento cabal en lo que se refiere a la estructura que él tuvo a su cargo, según sus propios dichos al colaborar con esta Fiscalía, como ‘garante'». Era Wagner quien «comunicaba a los empresarios cómo se iban a hacer los pagos, para luego agregar que los primeros se habrían hecho en la ‘Camarita’ entre 2003 y 2005. Es decir, en el ámbito donde él tenía injerencia para que nadie pudiera dificultar y/o trabar las erogaciones pactadas. Proponía las empresas participantes, esquematizaba los anticipos a depositar, diagramaba la forma de condicionar las entregas y habría intervenido».

Ernesto Clarens

«Él era quien recibía directamente los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales. Era uno de los eslabones más importantes dentro de la maniobra global destinada a cometer delitos, siendo un requisito indispensable su intervención para que se pudieran canalizar pagos». Fue «un nexo imprescindible, desde el año 2004 o 2005, para que se pudiera llevar a cabo la maniobra global desplegada. A punto tal que Wagner había dicho que el sistema no fue hasta que Clarens se incorporó y le dio, a la organización, el orden que necesitaba para poder funcionar como una verdadera empresa delictiva».

José López

«Tuvo un rol similar a Clarens, es decir, de carácter organizativo. Las constancias aseveran que junto a él fue uno de los encargados de realizar la montura de los planes delictivos que la asociación se propuso llevar a cabo. López tuvo una función activa desde casi los albores de la agrupación: hablaba directamente con los empresarios para llegar a un acuerdo, sabía casi a la perfección de qué manera se iban a otorgar las obras y habría consensuado con Clarens que él era el encargado de recibir determinados sobornos». «López, a diferencia de un simple integrante de la asociación, habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien la habría liderado en la segunda etapa. Me refiero, en concreto, a Cristina Fernández de Kirchner. Y tan estrecho habría sido el vínculo que el propio (Juan) Chediack (también arrepentido) refirió en una oportunidad que ‘El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens’ y que Julio de Vido (procesado en calidad de organizador) se sentía desplazado por no tener la misma relación que López, quien a su vez tenía en su poder listas de empresas que no podían trabajar y otras vinculadas a las prioridades de pagos de la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, habría estado más cerca de la jefa de la asociación que De Vido, incluso cuando se encontraba un escalón por debajo en lo que se refiere a su cargo jerárquico».

Gerardo Ferreyra

«Más allá de haber sido empresario y representante de las compañias «Grupo Eling S.A. – Electroingenieria S.A.» (en carácter de vicepresidente de la última) desde las cuales se pagaron sobornos, participó también de las gestiones y las directivas orquestadas por el grupo que conformó la asociación ilícita. Principalmente ese fue el motivo por el cual el imputado habría tenido acceso directo con las más altas esferas estatales, prescindiendo así de la intervención de Ernesto Clarens, como ocurría con los demás empresarios». Clarens sostuvo que «tanto CPC de Cristóbal López como Electroingeniería tenían línea directa –haciendo alusión a las más altas esferas públicas». Pero además los fiscales detectaron un innumerable cantidad de contactos y vínculos que «lo colocan en un rol distinto y superior al de un simple miembro de la banda». Le detectaron llamadas con Roberto Baratta y con José María Olazagasti, entre otras seguidilla de contactos que los fiscales entienden clave para demostrar su cercanía y rol jerárquico en la estructura de la banda.