Con la premisa de no frenar la rueda de la obra pública ni sumar más coletazos económicos, el Gobierno terminó de delinear las medidas que tomará con las empresas que admitieron haber pagado coimas durante el kirchnerismo .
Las compañías que están complicadas por los cuadernos no perderán los contratos vigentes ni quedarán automáticamente excluidas como proveedoras del Estado. La gestión de Mauricio Macri buscará, en cambio, que las firmas paguen un resarcimiento por los daños al erario público y que suscriban códigos de buena conducta y «programas de integridad» como requisito para seguir participando de las licitaciones públicas.
«Todas las empresas que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por este tamiz de control», señaló ayer el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, uno de los cerebros jurídicos del gabinete a cargo de calibrar las medidas para dar una señal de transparencia sin complicar a la actividad empresaria.
En el marco de un almuerzo organizado por el Rotary Club, Saravia Frías fue más allá y anunció que «por pedido del presidente Mauricio Macri» el Gobierno «va a exigir que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas «. ¿Cómo lo harán? «Se evalúan distintas alternativas. Una forma es hacerlo desde lo contractual, exigiendo que las empresas que quieran participar de una licitación o de un proyecto de participación público-privada (PPP) no puedan tener en su cúpula a condenados o arrepentidos por corrupción «, especificó el funcionario en diálogo con LA NACION .
En algunos casos, el Gobierno no deberá forzar el apartamiento de los ejecutivos de las empresas. Cinco importantes empresarios arrepentidos ya cedieron el control de sus compañías, acorralados por el caso de los cuadernos. Tal como reveló este medio, Armando Losón, Aldo Roggio, Juan Chediack, Manuel Santos Uribelarrea y Gerardo Ferreyra ya se hicieron a un costado para no perjudicar a sus firmas.
«No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo», subrayó el procurador del Tesoro, en sintonía con el mensaje que el Gobierno emitió desde que estalló el escándalo.
Cambiemos, sin embargo, impulsó la ley de responsabilidad penal empresaria, para cumplir con los estándares que plantea la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La norma no es retroactiva y, por lo tanto, no es aplicable al caso de los cuadernos. Hoy, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial una resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) con los lineamientos para que las empresas puedan cumplir con «programas de integridad» previstos por la ley. Las empresas deberán incluir códigos de ética y canales de denuncia internos.
La aplicación de estos programas de integridad no será obligatoria, aunque el Gobierno evalúa incluirlos como requisito para contratar a los proveedores del Estado.
«El Estado, a través de la OA, la Sigen, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hará un seguimiento para que las empresas cumplan con los lineamientos éticos a lo largo de toda la obra», señaló ayer Saravia Frías.
Por último, el Gobierno evalúa las herramientas jurídicas para que las empresas paguen un resarcimiento al Estado por los daños ocasionados con los sobornos. Según pudo reconstruir LA NACION , no se planea hacer juicios por daños y perjuicios, sino «acuerdos transaccionales». Un convenio similar al que se celebró con la obra social OSDE en agosto.
Con estas medidas la gestión de Macri buscará cuidar a su «niñas mimadas», las iniciativas PPP, pensadas para impulsar la obra pública en el marco de la crisis económica.
Es que los cuadernos le agregaron otro grado de dificultad al esquema, porque los bancos que brindarían financiamiento pueden apelar al llamado «riesgo de integridad», que les impide dar préstamos a empresas involucradas en causas de corrupción.
El Gobierno ya presentó la creación de un fideicomiso para financiar las obras licitadas bajo el esquema PPP, de modo que el Estado se haga cargo del riesgo reputacional e intermedie para conseguir los créditos.
«La solución planteada a través del fideicomiso es la demostración de un Estado que da un paso al frente, se para y dice que está dispuesto a asumir el riesgo de integridad. Pero también vamos a exigir que las empresas cumplan», dijo Saravia Frías.
Las obras PPP deben comenzar a fines de octubre.
fuente LA NACION
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