CÓRDOBA.- La declaración de un arrepentido, que narró cómo se pagaban «reintegros millonarios de la plata que salía del Ministerio de Planificación Federal», por ejemplo, a empresas como Electroingeniería, en concepto de «vuelto o peaje», llegará el mes próximo a juicio y amenaza con expandir sus consecuencias.
Las revelaciones son parte de la declaración del 28 de diciembre de 2016 del arrepentido Miguel Ricardo Vera, a la que accedió la nación y que, tras salir fragmentadamente a la luz, formará parte de la causa abierta por los manejos de la financiera CBI, cuyo primer juicio comienza el 5 del mes próximo.
El escándalo de CBI en Córdoba estalló en febrero de 2014, cuando esta financiera no autorizada se «descalzó».
La mesa de dinero -que operaba desde 2008- manejaba fondos de reconocidos empresarios, y cuando los retiraron en forma masiva por la muerte sospechosa de su vicepresidente, el efecto fue inmediato.
Mientras en esos tiempos los bancos pagaban tasas negativas, las colocaciones en CBI podían rendir hasta 20% mensual.
De la «bicicleta» participaban compañías y gremios, algunos con efectivos y otros con cheques.
Hay cálculos de que llegó a manejar $1700 millones. Aunque a Vera se lo reconoció como arrepentido, la Justicia Federal cordobesa -según plantean diferentes abogados de la causa- no investigó a fondo las pistas que aportó en su confesión y que involucran a figuras del kirchnerismo.
Desde hace unas semanas la Procuraduría de la Nación realiza una auditoría al fiscal Enrique Senestrari, instructor de la causa CBI. Es la respuesta a varias denuncias contra su proceder; tres son del juez Ricardo Bustos Fierro (quien fue desplazado del caso hace tres años); otras, de defensores que le adjudicaron «falta de objetividad», y una, de un exempleado cambiado de oficina.
En la declaración -hecha 20 meses antes que se desatara el escándalo de los cuadernos de las coimas-, Vera describe el mismo mecanismo que describiera el chofer Oscar Centeno y menciona, además de al Ministerio de Planificación, a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), ya disuelta.
«El titular de este organismo (Oncca) era el Lic. Juan Campillo, quien, sin tener una estrecha relación, tenía conocimiento de que ayudábamos al sector ganadero de manera de gestión». Aclaró que cuando dijo «nosotros» se refería a algo que se armó en 2011 y fue presentado mediante Néstor Kirchner y Eduardo Accastello.
Denuncia
Meses antes de esa declaración, un grupo de concejales de Villa María denunció en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral al Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder).
La presentación se fundamentó en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) por sobreprecios en la obra pública.
El titular del Eninder por varios años fue el kirchnerista Eduardo Accastello y lo secundaba Javier Pretto, hoy diputado cordobés por Pro.
En octubre de 2016, el fiscal federal Ramiro González imputó por esa causa al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Planificación Julio De Vido por el desvío de más de $180 millones.
La acusación alcanzó también al exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, al exsecretario Carlos Santiago Kirchner, al exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Accastello.
Vera confesó que, con su participación, se armaron dos sociedades -Jotemi y Halabo- para «lavar» dinero a través de la sucursal Plaza San Martín del Banco Nación.
La defensa del arrepentido reclama a la Justicia que investigue la procedencia y titularidad de cheques por $715,9 millones que esas dos entidades ingresaron al Nación.
En su relato, Vera plantea que la idea surgió de una reunión entre Teófilo Grant y Joaquín Juana (financistas de Buenos Aires a quienes Vera dice haber conocido en 2012) con Alberto Suau, vicepresidente de CBI (su muerte disparó la investigación del caso).
El objetivo era «abrir una cuenta para generar una empresa editorial, recaudadoras, etc.. Fue (Fernando) Salvi el que llamó al gerente del Banco Nación, Miguel Postachini, para abrir la cuenta». «Necesitaban liquidez, tanto los porteños como Suau», describe Vera. Salvi era operador kirchnerista en Córdoba.
El hilo conductor entre los cuadernos de las coimas y la declaración del cordobés pasa porque el dinero que provendría de sobreprecios y coimas se habría blanqueado con diferentes mecanismos, por ejemplo, mesas de dinero, que después lo terminaban volcando al circuito legal.
En otra parte de su declaración, Vera señala que el entonces intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, iba seguido a Buenos Aires -da datos de la línea aérea y el hotel donde paraba-, «teóricamente operando, por orden de Accastello, en fondos de obra pública, PAMI, contratos laborales, para la dirigencia». Agrega que eran para pagar «a la tropa kirchnerista de la provincia de Córdoba».
Un ministro aludido
El arrepentido menciona al ahora ministro cordobés Fabián López (entonces funcionario de Planificación) como uno de quienes daban «contratos laborales» a Boldú. López sostuvo que la declaración es un «disparate sin sentido». la nacion consultó a Senestrari sobre las lecturas de que no se investigaron las líneas planteadas en esta declaración.
El fiscal -que no dio el nombre del arrepentido, pero sí confirmó el acuerdo- señaló: «Todo lo que declara, en la medida en que sean datos serios, se investiga».
«El arrepentido que hubo en la causa abrió posibilidades de verificación; en lo inmediatato se pudieron corroborar por prueba independiente ciertos visos de veracidad en algunos dichos, mientras que otras menciones fueron datos genéricos que podrían ser ?tirados’ o inventados», agregó.
Describió además que luego de la declaración «se citó a una persona que confirmó algunos datos». Adelantó que ya firmó nuevas imputaciones y que hay una causa paralela abierta en Buenos Aires «por una situación similar a la de CBI».
fuente LA NACION