El Gobierno no dará marcha atrás en la decisión. Así, ratificó el aumento en el gas que se pagará en 24 cuotas. También adelantó que enfrentará la judicialización que -anticipa- generará el incremento, pero dejó abierta la posibilidad de negociar con la oposición «medidas que puedan amortiguarlo».
El encargado de realizar el anuncio fue el secretario de Energía, Javier Iguacel , cuestionado dentro del Gobierno, por la oposición y denunciado ante la Justicia por «abuso de autoridad».
El último viernes se publicó en el Boletín Oficial una resolución de Iguacel que dispuso que las empresas distribuidoras de gas cobren un monto extra a los usuarios para compensar a las productoras por las diferencias generadas por la suba del dólar entre abril y septiembre. El nuevo cargo, que en promedio será de entre 90 y 100 pesos por mes, comenzará a regir desde el 1° de enero.
En la Casa Rosada ayer había mucho malestar con el reemplazante de Juan José Aranguren al frente de Energía. La razón fundamental es que no hubo preaviso. «Se mandó solo», dijeron fuentes oficiales. Iguacel reconoció ante los medios que no había hablado del tema con el presidente
Mauricio Macri .
También despertó muchas críticas la primera defensa pública que hizo de la medida. «Se embarró solo», describieron. Ayer, en la Casa Rosada, algunos cargaron con el error a Iguacel y a su jefe de Gabinete, Lucas Logaldo.
En medio de la polémica, ayer Iguacel dio una conferencia de prensa para explicar la resolución. Según describió, las empresas distribuidoras compraron el insumo en abril con un dólar a $20,20 y seis meses después el dólar trepó a $38.
«Como la diferencia fue muy importante, trasladar eso en seis meses iba a tener un impacto muy grande. Por eso propusimos que sea en 24 cuotas, en lugar de seis, y que esté con una tasa pasiva del Banco Nación, que es la más baja del mercado», destacó el funcionario.
En su presentación, el secretario de Estado acusó a la administración de Cristina Kirchner de provocar una «catástrofe» energética y aseguró que el Gobierno está tratando de «salir de la debacle».
El Gobierno defendió su postura con el argumento de que implementó el marco regulatorio que está vigente desde 1992. Incluso, resaltó que según esa ley el saldo se debería pagar en seis meses y que para morigerar el impacto en los consumidores se extendió el plazo a dos años. Además, de los 10.000 millones de deuda que se acumuló por el salto de la divisa norteamericana, los usuarios se harán cargo de la mitad: 5000 millones de pesos. El resto, según pudo saber
LA NACION , lo absorberán las empresas.
La reacción de la oposición también disparó la alarma en la Casa de Gobierno. Es que el kirchnerismo, el massismo y el llamado peronismo racional trabajan en una estrategia común -posiblemente convocarán a una sesión especial- para frenar el aumento en la Cámara de Diputados. La preocupación del presidente Mauricio Macri y sus colaboradores es que este debate genere demoras o conflictos con la oposición por el presupuesto.
Por eso, para tender puentes, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , sostuvo ayer que «el Gobierno es consciente de que duele [el aumento] en el bolsillo de la gente» y adelantó que están «más que abiertos a discutir con dirigentes de la oposición medidas que puedan amortiguarlo».
Frigerio, a cargo de la negociación sobre el presupuesto, fue el vocero tras la reunión de gabinete. Ahí, el ministro también anticipó que la discusión sobre las tarifas deberá estar supeditada a «respetar algo sobre lo que ya todos nos comprometimos, que es el presupuesto con equilibrio», pero repitió que «todas las ideas que tiendan a lograr que esto impacte lo menos posible bienvenidas sean».
Denuncia y reacción
Además de las reacciones políticas, la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía desencadenó una denuncia en contra del responsable del área de Energía.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer la suspensión de la medida que compensa a las empresas distribuidoras de gas y acusó a Iguacel por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público». Para Iguacel, el Gobierno actuó bajo la normativa de la ley. Y sostuvo que no avanzar en la resolución habría provocado una «lluvia de juicios» contra el Estado.
«La ley es clara. El productor tiene el derecho por el contrato y la distribuidora tiene el derecho del traslado. Era esconder la tierra debajo de la alfombra patear el problema para otro lado», argumentó.
Morales, «sorprendido»
El gobernador jujeño, Gerardo Morales , se mostró ayer «sorprendido» por un nuevo aumento en las tarifas de gas, afirmó que en la coalición Cambiemos habían acordado que no habría nuevas subas y dejó en claro que no «comparte» el cobro de un retroactivo a los usuarios.
«Sobre el tema tarifas habíamos hablado otra cosa. Yo recién me entero de esto», enfatizó Morales, quien subrayó: «No comparto este tema porque ya las boletas, las facturas, han venido muy elevadas».
En declaraciones a la radio La 990, se quejó de que «este tema ni lo hablamos» en el interior de la coalición Cambiemos y reclamó «no seguir impactando en la clase media, la media baja y la baja».
El gobernador jujeño indicó que antes de que se produjeran los últimos cambios en el gabinete, el mes pasado, en el interior del oficialismo los principales dirigentes dialogaron y dijeron: «Paremos un poco porque a esta crisis la paga la gente, la pagan los pobres semejante devaluación».
fuente LA NACION
