La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , hizo en el Congreso una defensa férrea de la política del Gobierno en su área y ratificó, ante las críticas del kirchnerismo, las denuncias contra «ciertos movimientos sociales» por complicidad con el narcotráfico
en villas de emergencia.
«Tenemos muchas casos en los que hemos tenido situaciones de desarme de búnkeres y detenciones de personas que los atendían, y una situación de ataque hacia las fuerzas de seguridad por parte de determinadas personas que participan de ciertos movimientos sociales, intentando parar esos procedimientos», dijo la ministra, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
Sin brindar precisiones sobre sus acusaciones, Bullrich recalentó una polémica que había estallado a principios de esta semana, a raíz de un contrapunto con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, de buena relación con los movimientos sociales y promotora de planes de asistencia social con intermediación de las organizaciones.
«Es necesario que los dirigentes entiendan que la persona que vende drogas no puede ser protegida. Es un tema fundamental para poder avanzar», insistió Bullrich, ante una pregunta de la senadora María de los Ángeles Sacnun (FPV-Santa Fe), quien denunció una estigmatización de los habitantes de barrios populares y dirigentes sociales. «No generalizo -agregó la ministra, ante las quejas opositoras fuera de micrófono-. Digo que tenemos episodios en los que esto ha sucedido».
Fue uno de los momentos más tensos de una reunión en la que la funcionaria defendió con datos estadísticos el cambio en la política de seguridad. En una exposición inicial de 45 minutos, destacó que durante su gestión, iniciada el 10 de diciembre de 2015, en la Argentina bajó la cantidad de asesinatos dolosos, mientras que se incrementaron de manera notable los decomisos de drogas, así como las detenciones en la persecución del narcodelito.
Tras destacar que el país recibió en septiembre de parte de la ONU la mejor calificación en estadísticas criminales de la historia argentina, detalló que en 2017 había crecido un 42% la cantidad de detenidos por casos de narcotráfico y un 10,2% el número de procedimientos. «Los avances en la lucha contra el narcotráfico son evidentes. El cambio que se ha producido es enorme», enfatizó la ministra.
Una pregunta de la diputada Mayra Mendoza renovó la discusión sobre el asesinato del dirigente mapuche Rafael Nahuel, sucedido en 2017, en Bariloche. «¿Con qué pruebas dicen que fue un enfrentamiento?», avanzó la diputada. «Nosotros nos remitimos al expediente. Hay una serie de datos, como el análisis que indicó que Nahuel tenía pólvora en sus manos. La causa sigue su marcha, pero estamos convencidos de que la Prefectura subió a hacer reconocimiento y fue atacada», respondió Bullrich. Los estudios no fueron conclusivos respecto de si Nahuel había disparado un arma o si había estado en contacto con alguien que sí lo había hecho. «Hay que condenar la violencia institucional, no inventar hechos que no sucedieron», concluyó Bullrich.
fuente LA NACION
