La Justicia Federal investiga a las agregadurías de Defensa en Australia, Rusia y Corea del Sur por el desvío de importantes sumas de dinero a cuentas bancarias en el exterior de miembros de las Fuerzas Armadas. La presunta malversación, calculada en alrededor de dos millones de dólares, ocurrió durante 2012 y 2013 con fondos públicos que administraba la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO) durante la gestiones de los ministros de Defensa Arturo Puricelli y Agustín Rossi .
Una peritaje contable, ordenado por el juez federal Sebastián Ramos, que investiga el manejo financiero de las Fuerzas Armadas en esas tres dependencias, revela que se hicieron siete transferencias bancarias por un monto total de US$339.439 desde la cuenta oficial de la agregaduría de Corea del Sur en el Banco KEB hacia la caja de ahorro en Australia del suboficial de la Fuerzas Aérea Jorge Sícaro, que prestaba tareas en el edificio Libertador de Buenos Aires, como encargado del área de presupuesto de la Jefatura de Inteligencia. Los investigadores presumen que por el volumen de dinero malversado podría haber altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados.
La República Argentina posee agregadurías de Defensa en 13 países: Alemania, Canadá, Australia, Corea del Sur, España, Francia, India, Israel, Japón, Italia, Reino Unido, Rusia y Venezuela. Las agregadurías, integradas por militares de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dependen directamente de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Y cada sede tiene asignado un presupuesto anual en dólares que se depositaba los primeros cinco días de cada mes.
El origen
La primera denuncia se registró en Australia. El capitán de navío Carlos Mighera llegó a Canberra la última semana de diciembre de 2013 para comandar la agregaduría de Defensa. Apenas se instaló, el militar comenzó un análisis contable sobre los gastos y rendiciones atrasadas de los años anteriores. Así detectó que se habían desviado US$405.007 de los fondos destinados para el funcionamiento de la sede diplomática.
Contabilizó nueve transferencias bancarias desde el Westpac Bank, donde estaba la cuenta de la agregaduría, hacia la cuenta personal del suboficial mayor Claudio Velardez en el Commonwealth Bank of Australia, Sydney. Las transacciones se iniciaron en mayo de 2012 y culminaron en 2013. El beneficiario era siempre el mismo: el suboficial Velardez, que había estado a cargo de la sede diplomática durante un año. Según los registros a los que accedió LA NACION , el suboficial Velardez llegó a girar US$90.366 a su cuenta personal el 2 de mayo de 2013 y volvió a hacerlo el 16 agosto del mismo año por una cifra menor, US$69.703. Por entonces regía el cepo cambiario impuesto por Cristina Kirchner, con restricciones para el acceso a la divisa norteamericana y cada dólar oscilaba entre los 4 y 5 pesos argentinos. Los investigadores rastrean ahora la ruta del dinero porque sospechan que una vez transferido el dinero a una cuenta personal de un suboficial pudo haberse desviado luego a otras cuentas de miembros de las Fuerzas Armadas. Además, el juez federal Ramos, a través de un peritaje, puso el foco en el sistema de rendiciones contables de las agregadurías de Rusia, Australia y Corea para conocer cómo se otorgaron y justificaran los gastos para las sedes diplomáticas.
Según la norma, los militares a cargo de las agregadurías están obligados a enviar mensualmente facturas, recibos y también los resúmenes de las cuentas oficiales en el exterior. Se sospecha que en algunos de los casos se inventaron gastos, se duplicaron carpetas y hasta se adulteraron comprobantes para engordar los presupuestos de las sedes. Solo Australia, que tenía un presupuesto anual de US$240.000 para los años 2012 y 2013, recibió en total US$640.000 sin que nada lo justificara.
En Corea del Sur, según el informe del auditor interno del Estado Mayor Conjunto, los gastos de funcionamiento se incrementaron un 300 por ciento más que el año anterior. La agregaduría de Rusia recibió en esos dos años US$596.890 cuando, según figura en el peritaje judicial, tenía presupuestados para su funcionamiento US$195.593.
El suboficial Velardez y Sícaro son los únicos imputados por defraudación hasta ahora en el expediente que instruye la Justicia. No se descarta que en las próximas semanas se sumen más nombres cuando se termine de analizar la documentación secuestrada y llegué al país la respuesta de los exhortos.
El capitán de navío Carlos Mighera, el primero en denunciar lo que estaba pasando, fue sancionado por sus superiores por no respetar la vía jerárquica para exponer una acto de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. El capitán Mighera le envió toda la información a su superior directo, el comodoro Luis Patoco, a cargo de la Jefatura de Inteligencia, en enero de 2014. Jamás recibió una respuesta concreta y terminó contándole todo al embajador argentino en Australia, quien a su vez derivó un cable secreto diplomático con la denuncia.
Solo siete meses después, el teniente general del Estado Mayor Conjunto Luis Carena, de buena relación con el teniente César Milani y el secretario legal y técnico Carlos Zannini, presentó la denuncia penal en Comodoro Py solamente contra los dos suboficiales. La presunta malversación de fondos también originó la apertura de un consejo general de guerra, una especie de juicio puertas adentro dentro de las Fuerzas Armadas, para la búsqueda de responsables. En ese trámite, de carácter confidencial, aparecen involucrados y mencionados algunos de los militares de mayor jerarquía. Por ejemplo, a Patoco, uno de los jefes de Inteligencia, lo sancionaron con «60 días de arresto simple» por no controlar «los créditos presupuestarios» de las agregadurías y «no haber iniciado el proceso investigativo» cuando desde Australia le enviaron toda la documentación. La misma sanción le cayó el general de brigada Eduardo Demaría, también en la Jefatura de Inteligencia. Ninguno figura hasta ahora en la investigación de la Justicia.
Agustín Rossi
Exministro de Defensa
Arturo Puricelli
Exministro de Defensa
La Justicia analiza si durante las gestiones de Rossi y Puricelli, entre 2012 y 2013, se realizó una malversación de fondos de US$2.000.000
Un peritaje oficial revela que se hicieron siete transferencias bancarias por un monto total de US$339.439 desde la cuenta oficial de la agregaduría de Corea del Sur