Lejos del ruido político provocado por la misa frente a la Basílica de Luján, en la que se escucharon duras críticas al plan económico oficialista, y del frío vínculo entre el presidente Mauricio Macri y el papa Francisco, el Gobierno y la Iglesia argentina trabajan por estas horas en un plan para que el Estado, a partir de 2020, deje de «sostener el culto católico», un apoyo que en 2018 alcanzó los $130 millones y que enfrentó críticas de distintos sectores de la sociedad y la propia alianza Cambiemos.
Los equipos técnicos del Gobierno -que integran el Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto- y la Conferencia Episcopal avanzan desde agosto en un «diálogo profundo» con un objetivo compartido: que el Estado «genere las condiciones» para que «cada uno de los fieles de las distintas religiones sostenga a sus iglesias». Una visión «más moderna» de la relación Gobierno-Iglesia, según afirmaron cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en el Congreso precisó que el Estado gasta esos $130 millones en el pago de los sueldos de los obispos, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución y de leyes posteriores.
«Estamos buscando en conjunto un cambio de paradigma. Los obispos son los más interesados en que esta actualidad se modifique. El Estado aporta solo el 7 por ciento del dinero que la Iglesia recibe, son los fieles los que la sostienen y queremos que eso le quede claro a la gente», afirmó a LA NACION uno de los funcionarios que tienen diálogo permanente con la jerarquía eclesiástica. También al Gobierno le conviene impulsar esta iniciativa en común y mostrar así que no hay, al menos de su parte, animosidad para con los representantes del papa Francisco en el país y la Iglesia en general.
Variantes
En estricto hermetismo, la Iglesia y el Gobierno trabajan en «alternativas» de financiamiento. Una de ellas, vigente en países de Europa y Estados Unidos, sería las exenciones en el pago de impuestos para aquellos contribuyentes que donen dinero a la Iglesia que deseen (esto se aplicaría para todos los cultos, no solo para la Iglesia Católica).
En sus declaraciones juradas anuales, los contribuyentes especifican la cantidad donada y obtienen beneficios en algunos tributos, como el pago del impuesto a las ganancias.
El problema, dejan trascender fuentes eclesiásticas, es que el universo de potenciales donantes abarca solo a quienes estén «en blanco», y excluye al amplio universo de la economía informal. Los cambios no incluyen «de ninguna forma» las partidas que la Iglesia recibe de ministerios como Educación (subsidios a escuelas), Desarrollo Social e Interior.
Los contactos, confirmados en agosto por el presbítero Máximo Jurcinovic, responsable de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se mantuvieron a pesar de los chisporroteos entre funcionarios y obispos, que tuvieron su pico en el ríspido debate por la despenalización del aborto y que reaparecieron junto a las fotografías del camionero Hugo Moyano junto a monseñor Jorge Lugones, primero, y el obispo Agustín Radrizzani, el sábado de la semana pasada, en la misa por «paz, pan y trabajo» a la que asistieron Moyano y dirigentes del PJ.
«Estamos obligados a hablar, no nos podemos dar el lujo de no hacerlo, y por supuesto no vamos a dejar de hacerlo», afirmó una alta fuente del Gobierno. Y repasó los puntos en común, sobre todo el trabajo de contención social en el conurbano y la tarea en común de la Sedronar y la Iglesia en prevención de adicciones. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario de Culto, Alfredo Abriani, son los referentes naturales del presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, uno de los impulsores de la «revisión» del aporte estatal a los obispos.
El decreto ley 21.950, que entró en vigor en 1979 y fue ratificado por los distintos gobiernos y el digesto de 2014, establece «una asignación mensual equivalente a un porcentaje (80 por ciento para obispos y 70 por ciento para auxiliares) de la percibida por el juez nacional de primera instancia». «El sostenimiento del culto está garantizado para 2019. Lo que estamos planeando es un cambio para 2020», contó una fuente oficial.
La reunión plenaria de los obispos, que se desarrollará a partir del lunes próximo, podría arrojar novedades en torno a las negociaciones con el Gobierno. «La decisión va a ser en conjunto», insisten desde la Casa Rosada, y descartan iniciativas como las del diputado radical Alejandro Echegaray, que propone derogar el decreto que establece el pago de sueldos a obispos y sacerdotes. «No es la línea oficial, sino la reacción de un diputado enojado», lo cruzaron desde Culto.
Un oficialista pide un «estado laico»
El diputado radical Alejandro Echegaray, impulsor de la derogación de los decretos que establecen el pago a los obispos, enfatizó que su iniciativa busca «cumplir con el objetivo de ir hacia un Estado laico». En diálogo con LA NACION , dijo que tiene el apoyo de diputados como Fernando Iglesias (Pro) y «de muchos religiosos que no quieren más este sistema instalado en la dictadura». Espera que el de 2019 sea el «último presupuesto» con esa asignación.
Las finanzas de la Iglesia Católica
Más allá de los cortocircuitos de las últimas semanas por el apoyo a Moyano, representantes del Gobierno y la Iglesia negocian un entendimiento para modificar las contribuciones estatales al culto
$130.000.000 – Es el presupuesto total que el Estado nacional destina a la Iglesia Católica para el pago de una asignación a obispos y el sostenimiento de parroquias de frontera, entre otras cuestiones. La cifra se mantiene prácticamente sin modificaciones desde 2016
$1.850.000.000 – Es el gasto total de la Iglesia para actividades pastorales y sociales. La inversión del Estado es del 7%
$91.600.000 – Es lo que recaudó la Iglesia en la última colecta de Cáritas, en junio. En tanto, en 2017, el Episcopado recaudó $44,4 millones de donaciones de fieles para ayudar a regiones necesitadas
10% – Es el porcentaje aproximado de personas católicas que asisten a misa, según fuentes eclesiásticas
fuente LA NACION
