El secretario de Trabajo, Jorge Triaca , quedó otra vez envuelto en una polémica, al ser denunciado en la Justicia por el presunto desvío de fondos en un sindicato que está bajo intervención política y judicial desde 2016. Se trata de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), un gremio de unos 15.000 afiliados que reúne a vigiladores, patovicas y policías exonerados.
En una de las denuncias en curso, se lo acusa al funcionario de extorsión, cohecho y enriquecimiento ilícito. El denunciante es Cristian Raúl Felice, un empresario que habría brindado servicios de limpieza y seguridad en Upsra, a través de las firmas Advance AG SRL y Security AG, de las que fue gerente.
Involucró en la acusación a Sergio Borsalino, cuñado de Triaca y exasesor de la cartera laboral; Adrián Corti, que integra el plantel de seguridad del funcionario; Patricio Lombilla, el delegado normalizador en Upsra que ubicó Triaca, y Patricio Castro, un afiliado del gremio de vigiladores que trabajó a sueldo en el organismo laboral hasta comienzo de año.
Felice recurrió a la Justicia al detectar irregularidades en la facturación y en los servicios que debía prestar su empresa. Calcularía un fraude de unos $15 millones mensuales. Aportaría, además, como prueba un video en el que aparecen Corti y Castro contando dinero en una oficina privada.
La denuncia recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. El fiscal Gerardo Pollicita, en tanto,
pidió la incompetencia. La investigación podría cambiar de manos e iría al fuero Criminal y Correccional. En el juzgado de María Servini de Cubría, por separado, avanza la causa por la intervención del gremio, una decisión que se tomó a partir de una interna gremial que no se resolvió de manera legal y transparente a través de las urnas.
En el entorno de Triaca relativizaron ayer la acusación y sugirieron que la presentación tendría inconsistencias. Una fuente judicial también reforzó esta teoría. «La denuncia es bastante mala», dijeron a LA NACION en los tribunales de Comodoro Py.
Las irregularidades denunciadas en Upsra tendrían similitudes con algunas prácticas que se dieron durante la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), donde también quedaron bajo sospecha negocios y contrataciones.
En el SOMU, Triaca nombró a sueldo a su exempleada doméstica y a otras personas de su entorno, como Roberto Porcel, un abogado de su confianza que también tuvo cargo en Upsra, o al mismo Borsalino, esposo de su hermana Silvia. También el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien había dispuesto la intervención judicial del SOMU, ubicó allí a familiares y amigos.
No es casual que la denuncia sobre las presuntas anomalías en el sindicato de vigiladores haya tomado fuerza ahora. Se prevé que en enero de 2019 Upsra convoque a elecciones, normalice su situación y regrese a manos de sus afiliados. Uno de los candidatos que asomaría para quedarse con el gremio es Castro, quien hasta hace poco trabajó para Triaca, según confirmó ayer a LA NACION un vocero del funcionario.
Con la venia de Triaca, Castro ya había comenzado a recorrer las seccionales del gremio en busca de apoyo para ganar la conducción en enero. Ahora, su candidatura estaría en duda.
El gremio de los vigiladores privados estuvo hasta la intervención bajo el mando de Ángel García, un hombre que respondió durante años a Luis Barrionuevo. Ayer, García no quiso hablar ante la consulta de LA NACION . En su entorno, dijeron que está a la espera de un fallo judicial que lo reubique al frente de Upsra. Difícil.
Sin embargo, el silencio de García tendría una explicación: a pesar de la intervención, el control de los fondos de la obra social continuó en su poder. Es decir, la caja.
Desde 2016 hasta la actualidad, el organismo laboral intervino diez sindicatos. El caso más conocido es el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que se convirtió en un botín para designaciones políticas a través de Triaca y el juez Rodolfo Canicoba Corral
fuente LA NACION
