Salvo que surja «un imponderable», para la CGT el año ya terminó. Después de casi diez meses marcados por la crisis económica , la inflación , la caída de la actividad y el

empleo , y de dos paros nacionales contra el gobierno de Mauricio Macri , la central obrera está lista para bajar la persiana: no prevé movilizarse ni tensar la cuerda con la Casa Rosada. Todo lo contrario.

La tregua gremial para un mes históricamente áspero en la Argentina se explica por varios motivos. El primero es el bono de 5000 pesos, no obligatorio, que el Gobierno dispuso por decreto el mes pasado como prenda de negociación para desactivar una tercera huelga nacional.

Tal vez en un exceso de optimismo, en la CGT calculan que cobrarán el plus alrededor del 70% de los trabajadores registrados. Evalúan el porcentaje como un buen resultado y destacan que en la mayoría de los casos el bono no se pagará a cuenta de futuros

aumentos.

Sin embargo, hay estudios privados, como el que la consultora Willis Towers publicó la semana pasada, que ubican el porcentaje de beneficiados que recibirán el bono en torno del 60% de la masa de asalariados.

Cualquiera de esos cálculos deja afuera a los trabajadores informales, que son más del 30% de la población económicamente activa.

El diálogo entre la CGT y la Casa Rosada está abierto y con dos temas centrales en agenda: la compensación a los jubilados por la brutal pérdida de poder adquisitivo de sus haberes y la liberación de fondos para las obras sociales sindicales.

El primer tema se puso sobre la mesa a fines de noviembre, en una reunión entre el ministro de Producción, Dante Sica -cuando ya se sabía que Jorge Triaca dejaría la Secretaría de Trabajo-, y la cúpula de la CGT.

Allí se evaluaron dos opciones: extender el bono de 5000 pesos a los jubilados o adelantar el aumento del 11% de las jubilaciones que, por ley, debe pagarse en marzo.

Sica se comprometió a evaluar las alternativas con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , pero Macri le ganó de mano. A principios de semana, cuando las mieles del G-20 estaban aún vigentes, descartó de plano un bono para los jubilados. «Tenemos limitaciones presupuestarias», dijo el jefe del Estado.

Pese a la sentencia presidencial, en la CGT aseguran que la discusión está abierta y apuestan a la segunda alternativa para extender el paliativo a la clase pasiva: que se adelante la suba de las jubilaciones prevista para marzo.

Obras sociales

También está pendiente una respuesta del Gobierno por el dinero que les adeuda a las obras sociales sindicales.

Están en juego 4500 millones de pesos. Además, los gremios reclaman una actualización de la cápita que las obras sociales cobran por la atención a los jubilados (hoy es de $192 mensuales) y a los monotributistas ($600 por mes). Esa negociación está abierta.

El último contacto oficial fue hace una semana.

«La foto de hoy y lo que se proyecta para las próximas semanas es no generar ninguna movida. No vemos un escenario de conflicto», dijo a LA NACION un integrante del consejo directivo de la CGT.

«Ojo, que esto es de acá a marzo. En marzo es barajar y dar de nuevo», aportó en el mismo sentido otro secretario general.

Claro que la «paz» no es absoluta: Hugo Moyano seguirá alerta, pese a que la feria judicial pueda darle un respiro respecto de las causas que tienen a su hijo Pablo como protagonista.

Por lo pronto está pendiente el reemplazo del juez Luis Carzoglio, que investigaba a Pablo Moyano por su supuesta participación en delitos vinculados con la barra brava de Independiente. El magistrado fue suspendido semanas después de rechazar una orden de detención contra el hijo del líder del gremio de Camioneros.

Justamente Pablo fue quien el viernes último reactivó la disputa con las empresas del transporte por el bono de fin de año.

Camioneros exige una compensación de 14.000 pesos. El martes pasado, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac) anunció que

no podía pagarlo y que Moyano había «convenido» con la negativa.

«Que los trabajadores se queden tranquilos, que van a cobrar el bono», advirtió Pablo Moyano. Tras una serie de reaperturas, la paritaria de los camioneros alcanzó el 45%, apenas por debajo de la inflación que se espera para el presente año.

También está en conflicto la UOM. La paritaria de los metalúrgicos cerró en 24,5% con compromiso de revisión este mes, pero las empresas todavía no accedieron a reabrir la negociación.

Con Antonio Caló a la cabeza, trabajadores del gremio marcharon el jueves último al Congreso y anunciaron un paro para pasado mañana. Exigen que el aumento salarial trepe al 40% para empatar la inflación.

Además, otro frente abierto es el conflicto entre Aerolíneas y los gremios del sector, que vienen exigiendo la reapertura de su paritaria y la marcha atrás con las 376 suspensiones dispuestas por el paro del 8 de noviembre. Si bien la empresa convocó a los gremios a negociar, se negó a levantar las sanciones impuestas.

Otro frente gremial conflictivo es el de los docentes. María Eugenia Vidal terminará el año sin resolver la paritaria de los maestros bonaerenses. Los gremios rechazaron la última oferta del gobierno provincial a fines del mes pasado: 34% de aumento para todo 2018 (incluidos material didáctico y presentismo) y un bono de 7000 pesos.

La negociación quedará en suspenso hasta febrero. Por los paros, los alumnos bonaerenses perdieron este año 29 días de clases.

fuente LA NACION

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