Argentina reforzará todos los mecanismos de lucha contra el grupo terrorista Hezbollah

Una certeza recorre las áreas más sensibles del Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo: a partir del caso Barakat, donde se logró desmantelar en la Triple Frontera a una importante célula terrorista de extensión global, se decidió potenciar todos los esfuerzos para reforzar la lucha contra la agrupación Hezbollah que opera en la región con un fuerte financiamiento internacional.

El plan se empezó a figurar en la mesa de acción contra el terrorismo que comparten el Ministerio de Seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Cancillería, la Dirección de Migraciones, la Aduana y la AFIP.

Según pudo reconstruir Infobae de al menos cinco fuentes calificadas de esa mesa de trabajo, la orden impartida para el 2019 en materia de lucha contra el terrorismo es intensificar la cooperación internacional con intercambio de información sensible; establecer herramientas legales más duras; coordinar las tareas de inteligencia; reforzar la seguridad en zonas clave de las fronteras y hacer un seguimiento más exhautivo del movimiento financiero de Hezbollah en la región.

Hay un dato concreto que evalúa el Gobierno a la hora de reforzar esta labor para el año que viene: en el 2019 se cumplirán 25 años del atentado contra la AMIA y se buscan dar con resultados concretos en materia de lucha contra el terrorismo internacional en la Argentina.

Desde la UIF, Mariano Federici, el titular de esa unidad de seguimiento de lavado de activos, puso en la mira al clan Barakat con sus ramificaciones en grupos islamistas radicalizados y buscará profundizar esta lucha. Según pudo saber este medio, en el ente hay preocupación por el incremento de los fondos que utiliza el terrorismo: Hezbollah recauda más de 700 millones de dólares anuales en efectivo a través de remesas de todas las células que los respaldan.

«Sabemos que hay una presencia de Hezbollah en la Triple Frontera y esto se vio reflejado con el caso Barakat. A partir de allí establecimos un plan de trabajo para desmantelar las redes de financiamiento y evitar riesgos», explicó ante Infobae un encumbrado funcionario que forma parte de la mesa chica de trabajo que conforman el Gobierno y los entes autárquicos en la lucha contra el terrorismo.

En este plan de trabajo hay varios ejes de coordinación que están contemplados para ponerse en marcha desde los primeros días del 2019.
Entre el 9 y 10 de enero la Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a la UIF realizarán un encuentro con sus pares de Paraguay y Brasil para profundizar la investigación que permita emitir alertas de operaciones sospechosas a bancos, casinos, casas de cambios y financieras alrededor del mundo para exhibir un entramado de «lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo».

Este tipo de tareas de cooperación e intercambio de información sensible constituye lo que en la UIF, la AFI o la Cancillería denominan la «diplomacia financiera». Es decir, la cooperación internacional ante las amenazas externas de terrorismo.

Es que hay pronósticos concretos de inteligencia que sostienen que ante el debilitamiento de Irán por el impacto de las sanciones económicas mundiales que se le impusieron las células de Hezbollah exparcidas en el mundo aumentarán el giro de fondos a Teherán para el sustento del terrorismo.

A la vez, se prevé la realización de un foro de parlamentarios de Argentina, Brasil y Paraguay dedicados a la seguridad y la inteligencia para el 14 de enero en Asunción con la idea de potenciar los trabajos de cooperación y seguir de cerca los movimientos financieros de grupos como Barakat.

«La llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil puede ayudar mucho a potenciar esta tarea contra el terrorismo», admitió un funcionario de la Casa Rosada que trabaja de cerca en estos temas.

Durante una reciente audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Faurie aseguró que Hezbollah opera en Venezuela con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro. Allí, el canciller habló de que este grupo montó un sistema celular en la Triple Frontera para traficar drogas y lavar dinero destinado a financiar atentados terroristas en Medio Oriente.

En este contexto, en la primera semana de diciembre se realizó en Washington una Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo que pasó desapercibida por la audiencia en general pero que resultó muy interesante en términos de resultados para la lucha contra el terrorismo regional.

Allí estuvieron Federici; el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad; Gerardo Milman y el vicecanciller Daniel Raimondi, entre otros.

La Argentina junto con Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago debatieron sobre la amenaza terrorista al continente americano y se comprometieron a reforzar el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la cooperación entre las agencias de los Estados tanto a nivel nacional como entre los países del hemisferio.

«Hay una fuerte preocupación por la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera pero también una fuerte presión internacional para controlar y mitigar a estas células», explicó Milman a Infobae.

Efecto convergencia

En este sentido, se trabaja para atacar a los grupos inmersos en lo que se denomina «efecto convergencia». Es decir: los sectores violentos de las cárceles de Brasil con ramificaciones con grupos terroristas; el movimiento financiero que sustenta al terrorismo; la ruta de las drogas en la región y el contrabando en las fronteras.

En la reunión en Washington se trabajó mucho para hacer un seguimiento profundo de Hezbollah. A la vez, desde el Gobierno creen que el año que viene habrá una gran oportunidad para potenciar este trabajo ya que la Argentina ejerce la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo, en el ámbito de la OEA y promueve la adhesión de todos los miembros del continente a la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

En julio la Argentina será sede de esa red y este evento no solamente ratifica el empeño de nuestro país por un futuro libre del flagelo del terrorismo sino que a la vez se quiere emitir desde Buenos Aires un fuerte gesto contra el terrorismo en el 25 aniversario del trágico atentado contra la sede de la AMIA.

Los estados participantes de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo se comprometieron en Washington «a reforzar el intercambio de información» sobre esta problemática.

Por otra parte, se pudo saber que se potenciaron las tareas de cooperación diplomática entre Israel y la Argentina en materia de información sensible sobre grupos terroristas en la región.

«Israel y Argentina fueron víctimas del terrorismo internacional. A la hora de dar declaraciones sobre el caso Barakat, en la sede diplomática del país hebreo no rechazan ni afirman la existencia de canales concretos de cooperación, aunque resaltan el compromiso conceptual de los dos Estados en la lucha contra ese flagelo global», dijeron a Infobaevoceros de la embajada de Israel en Buenos Aires.

Reforma al Código Penal

El otro eje de trabajo que se propuso el Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo es en el plano legal. Así, se prevé en el proyecto de ley de reforma al Código Penal un capítulo dedicado a sancionar a los responsables del financiamiento del terrorismo en la Argentina.

«El anteproyecto de reforma del nuevo Código Penal tiene el objetivo de lograr la inserción de la Argentina en el mundo global para poder así brindar seguridad internacional. Por ello, incorpora como novedad los delitos de Terrorismo y su Financiamiento, de manera autónoma», expresó el camarista y presidente de la comisión redactora del proyecto de Código Penal Mariano Borinsky a Infobae.

En virtud de la actualidad de los atentados terroristas en Argentina y en el mundo se consideró central debatir el proyecto del Código Penal que empezará a tratar el Congreso desde marzo.

«Es muy importante que haya igual de gravedad tanto en la conducta de quien pone la bomba (terrorista) como quien financia la bomba (recolecte o provee dinero) fijando en consecuencia, penas de prisión que pueden llegar hasta la prisión perpetua», dijo Borinsky.

De esta manera, el proyecto de reforma al Código penal fija penas de 5 a 20 años de cárcel para quienes financien o apoyen en forma indirecta a grupos extremistas. También destaca la incorporación de las figuras de asociación ilícita terrorista; la capacitación, adoctrinamiento, adiestramiento, reclutamiento y entrenamiento con finalidad terrorista; como el acogimiento u ocultamiento de terroristas.

Todo este combo de reformas legales, sumado a las tareas de cooperación internacional, coordinación de equipos interministeriales  con entes autárquicos o la labor desarrollada desde la denominada «diplomacia financiera» son efectos disuasivos que quiere potenciar la Argentina para frenar el avance de grupos terroristas en la región.