El acuerdo de cooperación con Brasil para que lleguen a la Argentina las confesiones de los ejecutivos brasileños de la constructora Odebrecht que admitieron haber sobornado a funcionarios kirchneristas para quedarse con la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento quedó empantanado y no se vislumbra una rápida salida.
Es que el fiscal del caso, Franco Picardi, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que convalide un acuerdo con Brasil para que llegue la información, pero el magistrado les pidió opinión a los empresarios acusados, que, por supuesto, cuestionaron el entendimiento y pidieron declarar nulo todo el caso. Si Martínez de Giorgi, aun así, decide avanzar en 2019 y homologar el acuerdo, los defensores de los empresarios recurrirán a la Cámara Federal y eventualmente a la Cámara de Casación para bloquear la llegada de los datos de los arrepentidos, con lo que es probable que pasen varios meses antes de que la información cruce la frontera desde Brasil.
Esa información es clave para avanzar en la causa, porque los brasileños señalaron que sus socios de la empresa Iecsa, que era de Ángelo Calcaterra , primo del presidente Mauricio Macri , hicieron los pagos a funcionarios del Ministerio de Planificación . Hasta ahora, la Justicia argentina sabe de estas confesiones por el testimonio que prestó el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, quien aportó fotocopias de estas declaraciones. Pero los abogados de los empresarios fueron a fondo y pidieron la nulidad de esas pruebas. No obstante, estas evidencias alcanzaron para que el fiscal Picardi pidiera las indagatorias de los acusados y el juez Martínez de Giorgi las dispusiera con un laxo calendario que lleva más de un año.
Mientras tanto, se esperaba que llegaran oficialmente las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht. Para ello, la fiscalía en Brasil planteó primero la firma de una acuerdo de imposible cumplimiento para la Argentina, pues los fiscales de ese país condicionaron la firma a que si los acusados brasileños declaraban aquí no iban a sufrir persecuciones penales ni civiles ni administrativas y reclamaban que el pacto fuera refrendado por la Cancillería.
Con este acuerdo fue imposible avanzar, hasta que un grupo de fiscales argentinos, incluidos Picardi, Sergio Rodríguez, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, viajó a Brasil a explorar otras alternativas. A su regreso, el procurador Eduardo Casal impulsó la formación de un grupo de trabajo que armó un acuerdo posible para ambas partes.
Los borradores fueron y vinieron vía mail con los fiscales brasileños hasta que, en octubre último, la procuración anunció oficialmente la firma de un acuerdo marco entre el Ministerio Público de Brasil y el de la Argentina para intercambiar información y que las declaraciones de los arrepentidos lleguen oficialmente.
Pero para que esto ocurra los fiscales que trabajan en cada causa que involucra coimas de Odebrecht deben suscribir además un acuerdo individual.Así, el fiscal Picardi promovió la firma de este convenio con sus pares de Brasil por la causa del soterramiento del Sarmiento y, en un largo dictamen, le pidió al juez Martínez de Giorgi que lo homologue y valide lo hecho hasta ahora. Para ello, pidió una opinión a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, que apoyaron la firma del convenio y urgieron a que así se hiciera.
El dictamen de Picardi dice que si bien este acuerdo hace imposible usar la información y las pruebas contra quienes colaboraron con la Justicia de Brasil, no impide que la fiscalía o la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera (UIF) persigan a otros acusados o a los mismos arrepentidos, pero con otras pruebas que no sean sus propias declaraciones.
Y dijo el fiscal que si no lo hacen pueden incluso hasta incurrir en un incumplimiento de los compromisos internacionales. Por eso dijo que resulta procedente la firma de este acuerdo y lo envió a Martínez de Giorgi para que lo «homologue o convalide lo actuado hasta el momento».
El juez dio vista a los acusados que se esforzaron por dinamitar todo. Ahora el juez debe resolver. Los defensores fueron a fondo: por un lado, Pablo Maggio y Maximiliano Frola, defensores de Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, pidieron la nulidad de las declaraciones de los arrepentidos incorporadas por el testimonio de Alconada Mon. Y por otro Fernando Díaz Cantón, abogado de Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, atacó el dictamen de Picardi que proponía firmar este acuerdo. El letrado, en su análisis, de 13 carillas, lo cuestionó a fondo, dijo que es oscuro y contradictorio y que no pueden prometer nada a los acusados brasileños.
Todas son razones que harán dudar al juez y servirán para seguir prolongando la espera para que llegue oficialmente la confesión que ya hizo Odebrecht: que pagó 35 millones de dólares de coimas y los nombres de los empresarios que intervinieron.
fuente LA NACION
