El rey de la Salada, acusado de ser el jefe de una banda que lavó y evadió $300 millones

Jorge Castillo, conocido como «el rey de La Salada», quedó acusado de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión por casi 300 millones de pesos en impuestos entre 2013 y 2017. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, lo indagó en la tarde del lunes por esta acusación, pero el otrora empresario se negó a declarar, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Por la noche, se dispuso su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, en donde quedará alojado bajo el sistema IRIC, que se hizo famoso con los presos de corrupción.

Castillo, famoso por sus apariciones en televisión difundiendo los productos de «La Salada», ya estaba preso por orden de la justicia ordinaria de Lomas de Zamora por asociación ilícita y extorsión. Se lo acusa incluso de tentativa de homicidio y ya se encamina a juicio oral.

Fue detenido en julio de 2017, tras un allanamiento en le barrio privado de Lujan donde vivía donde se resistió a los tiros. En aquel momento también arrestaron a su hermano, su cuñada y dos de sus sobrinos, uno de ellos llamado Adrián Castillo, a quien se sindica como jefe de «La Banda de River», y cuatro policías provinciales.

Al día siguiente de su detención, el juez Villena encabezó un procedimiento en el predio Punta Mogotes en donde se secuestraron 11 millones de pesos y más de 6 mil dólares distribuidos en cajas fuertes.

Es en esa causa en donde ahora el juez Villena avanzó con una precisión sobre el monto que Castillo habría evadido en los últimos años. El expediente tiene más de tres años de trámite, iniciada por la gestión anterior, pero en donde hasta ahora no se había podido estimar el monto de lo que se habría evadido, indicaron las fuentes consultadas.

Según pudo saber Infobae, a Castillo se lo acusa de «formar parte de una organización ilícita, en calidad de jefe, junto a por lo menos dos personas, identificadas como Antonio Corrillo Torres y Aldo Enrique Presa» y de haber evadido impuestos como el aporte a la Seguridad Social «omitiendo registrar a los trabajadores en relación de dependencia», el Impuesto al Valor Agregado y Ganancias desde el 2013 y hasta el 2017.

El juez también investiga que para encubrir «la actividad ilegal se armaron a demás distintas sociedades» como Punta Mogotes SCA que funciona en el predio conocido como La Salada ubicado en esta localidad de Lomas de Zamora».

Pero sumado a ello a través de esa «organización criminal se venden prendas de vestir con marcas falsificadas y se utilizaba a José Gualberto Pedroso y a diversas empresas para hacer ingresar dinero o bienes provenientes de las maniobras ilícitas investigadas en el circuito legal». Entre esas firmas aparecen Transmedia SA, Consignataria del centro SRL, Cobros y pagos Patagonia SA, Pilares De La Cruz, What Protection S.A, Tecno Prius SA, Music SA, Electrónica Sur SA, Bunker Textil SA, Álamos del Oeste SC y Arrendamientos agropecuarios S.A, y Haras don Manuel S.A,  entre otras. A través de esas firmas se hacía «ingresar dinero o bienes provenientes de las maniobras ilícitas investigadas en el circuito legal».

En las últimas semanas, el juzgado logró establecer la cifra adeudada a la AFIP: $298.357.931,55. Ese monto se divide en impuestos por Ganancias e IVA del propio Castillo por unos 29 millones de pesos entre 2015 y 2016; y  otro saldo en rojo de la firma Punta Mogotes SCA por unos $268.772.385,95 entre 2013 y 2017, revelaron las fuentes a este medio.

De todo esto fue informado ayer Castillo, cuando lo trasladaron al juzgado federal de Lomas de Zamora y se procedió a su indagatoria. Fuentes judiciales precisaron que el acusado se negó a declarar y quedó detenido en esta investigación. Se dispuso su traslado a una cárcel federal.

En febrero pasado, al dar una entrevista, el llamado «Rey de La Salada» aseguró que desde que cayó preso bajó 14 kilos, aunque no se quejó de las condiciones de detención.«Me lo tomo como unas vacaciones, hasta pinte la celda», sostuvo mientras residía en la alcaidía de Melchor Romero. No obstante, se definió como «un preso político» y aseguró que no existen pruebas en su contra.