El Gobierno busca recuperar 611 millones de pesos de subsidios pagados a empresas de transporte

El Ministerio de Transporte busca recuperar subsidios por $ 611,7 millones pagados a las empresas de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la región metropolitana de Buenos Aires, en el interior del país, mixtas y de larga distancia, entre los años 2014 a 2016, que no fueron debidamente rendidos por las compañías en la auditoría que lleva adelante la Dirección de Supervisión y Control Financiero de Transporte desde hace unos tres años, según indicaron desde esa cartera.

Con la resolución 40 publicada ayer en el Boletín Oficial, Transporte formalizó la primera tanda de los resultados de las rendiciones de cuentas que las empresas, que fueron rechazadas parcial o totalmente: el importe alcanza los $ 234,49 millones entre seis empresas de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de la región metropolitana de Buenos Aires por subsidios que recibieron en 2014, 2015 y 2016.

El importe es a valores de esos años, es decir, que no están ajustados por inflación. Esta resolución es el aviso formal a las empresas, ahora la parte de Legales del Ministerio hará presentaciones a las transportistas y si, no hay resarcimiento, puede desembocar en un litigio judicial, explicaron en esa cartera.

Las empresas detalladas en los anexos de la resolución son Cooperativa de Trabajo 6 de Julio Limitada, Utenor S.A Linea 722 Unión Transitoria de Empresas (ambas con rechazos parciales). Y Micro Omnibus Mercedes S.R.L, Municipalidad de Ituzaingo, Empresa de Transporte 104 S.A. y Consultores Asociados Ecotrans S.A. (con rechazos totales).

Se debe a que las compañías no presentaron las rendiciones, por lo que se rechazaron totalmente, y otras que presentaron rendiciones de gastos que no coinciden con los subsidios recibidos (gastaron menos), por lo que se las rechazó parcialmente.

En los próximos días emitirá las resoluciones para las empresas del interior del país (de cada municipio y cada provincia que alguna vez recibieron subsidios del estado nacional), las mixtas y las de larga distancia, hasta completar los $ 611,7 millones, según explicaron en Transporte.

Y en la próxima semana podrían publicarse resoluciones adicionales por las rendiciones de los subsidios pagados entre 2017 y 2018, por un importe aún no determinado, ya que las empresas todavía están presentando las rendiciones por lo recibido el año pasado.

Por lo pronto, la resolución 40 instruye a la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Gestión de Transporte para que proceda a iniciar las acciones de recupero.

En tanto, determina que a las empresas rechazadas se les aplicará las sancionesprevistas en los artículos 7° y 8° de la Resolución 939/2014 de la ex Secretaría de Transporte: retendrá el 10% del total de las acreencias que corresponda liquidar por el mes siguiente a la fecha de vencimiento de la rendición incumplida.

Si la empresa no regularizara su situación, dentro de los 30 días corridos del vencimiento del plazo incumplido, se retendrá el 50% del total de las acreencias del período siguiente. Si la irregularidad se extiende a 60 días corridos, retendrá el 100% del total de las acreencias. Lo retenido se libera una vez que regularicen las presentaciones.

Según remarcaron en Transporte, durante la gestión pasada no hubo ninguna rendición de cuentas. «El Estado daba dinero en forma de subsidio sin controlar el destino de los fondos asignados para las compensaciones al servicio de transporte automotor de pasajeros», dijeron.

El análisis de estos subsidios comenzó en 2016, y el proceso se alargó hasta hoy porque hubo que recabar información de cero, ya que no había ningún trabajo realizado de rendición de cuentas. El trabajo se hizo con todas las empresas. «Los volúmenes de información fueron enormes, se recabaron antecedentes, hubo que contrastar cargas virtuales con soporte papel y hacer todo el análisis de esa comparación», explicaron en Transporte.

El gobierno se ampara en esa resolución 939, que estableció que las empresas destinatarias de las acreencias por compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), establecido por el decreto 652 de 2002 y sus regímenes complementarios (Régimen de Compensaciones Complementarias dispuesto por el decreto 678 de 2006 y de la Compensación Complementaria Provincial estatuido por el decreto 98 de 2007, del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia creado por el decreto 868 de 2013 y de la asignación del Cupo de Gasoil a Precio Diferencial dispuesta por la resolución 23 de 2003 de la ex Secretaría e Transporte, entonces dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal) deberán hacer las rendiciones de los fondos del sistema y cupos de gasoil percibidos.

En el análisis, se verificó que las empresas hubieran efectuado la rendición vía web y en forma física, así como, en caso de corresponder, que dicha rendición haya tenido la intervención de la jurisdicción correspondiente.

Además de querer recuperar los subsidios que no se rindieron, el gobierno viene reduciendo las transferencias: el año pasado cayeron 16% en términos reales y en febrero de este año, 30%, gracias a los aumentos en las tarifas. Aunque desde este año son los municipios y las provincias quienes tienen la responsabilidad de fijar las tarifas y los subsidios.