El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó una orden ejecutiva el miércoles con el fin de prohibir las terapias de conversión para menores de edad homosexuales o transgénero en la isla.
La decisión fue tomada después de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico se rehusó a realizar una votación en torno a un proyecto de ley que habría prohibido esas terapias, una práctica ampliamente desacreditada cuyos proponentes afirman que puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. La medida fue aprobada por el Senado este mes.
«Creo firmemente que la idea de que hay personas en nuestra sociedad que necesitan tratamiento debido a su identidad de género o la persona que aman no solo es absurda, sino que también es nociva para muchos niños y adultos jóvenes que merecen ser tratados con dignidad y respeto», declaró mediante un comunicado el gobernador Ricardo Rossellóla semana pasada, cuando anunció sus planes.
El proyecto de ley original, presentado por los senadores Eduardo Bhatia y Zoé Laboy Alvarado la primavera pasada, buscaba prohibir la terapia de conversión entre los profesionales médicos certificados y en las instituciones religiosas que reciben financiamiento del Estado.
La Cámara de Representantes se rehusó a realizar la votación respecto del proyecto de ley o sostener audiencias públicas para los sobrevivientes de las terapias de conversión. El presidente de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo en una entrevista esta semana que había pocas pruebas de que la práctica se realizara de manera generalizada en Puerto Rico.
Los miembros de la Cámara de Representantes también sintieron que la definición de la terapia de conversión era «demasiado amplia» y potencialmente podría incluir otros tipos de rehabilitación, como la de adicción a las drogas, señaló.
Rodríguez Aguiló insistió en que la decisión «no tenía nada que ver» con la discriminación en contra de la comunidad LGBT. «Esto se trata simplemente de una legislación a la que le falta información, que no cuenta con estadísticas, y queremos actuar con base en la información que puede ofrecerse», comentó.
Laboy Alvarado dijo que la decisión de la Cámara de Representantes era «errónea, equivocada y dañina para los jóvenes».
«La realidad es que solo bastaría con que sometieran a un joven a estas terapias para reconocer el daño que les estamos causando y nuestra responsabilidad de proteger a los menores», agregó.
Alejandro Santos Calderón, un activista que dijo que lo obligaron a someterse a una terapia de conversión en Puerto Rico, interpretó la decisión de la Cámara de Representantes como un intento de acallar a los activistas de los derechos de las personas homosexuales. «La comunidad LGBT está cansada y se siente ignorada e invalidada», comentó.
Santos Calderón trabaja con algunas organizaciones, entre ellas el grupo especial transgénero de Coordinadora Paz para las Mujeres, una organización que defiende los derechos de las mujeres. Creció en un hogar cristiano evangélico, pero abandonó la iglesia porque sus representantes continuamente trataban de ayudarlo a «deshacerse del ‘demonio de la homosexualidad'», comentó.
«En Puerto Rico, no hay un espacio en el que pueda practicar mi espiritualidad», comentó Santos Calderón. Casi el 90 por ciento de los habitantes del país se identifican como católicos o protestantes, según un estudio de 2014 del Centro de Investigaciones Pew.
La orden ejecutiva exige que todas las instituciones médicas que solicitan una licencia garanticen que no ofrecerán terapias de conversión, de acuerdo con un comunicado de prensa de la oficina del gobernador Rosselló.
Las iniciativas para prohibir las terapias de conversión gay han aumentado en todo Estados Unidos en años recientes. Hasta ahora, la práctica se ha prohibido en quince estados y en Washington, D.C. El Senado de Colorado también aprobó esta semana un proyecto de ley para prohibir esa práctica, y el gobernador Jared Polis ha dicho que lo firmará.
La terapia de conversión, que está basada en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental que puede tratarse o curarse, ha sido condenada de manera generalizada por los defensores de los derechos y desacreditada por los profesionales de la salud mental debido al «daño grave y potencial» que puede provocar, según un informe emitido por la Asociación Psicológica Estadounidense y doce organizaciones más.
«Actualmente estamos dando un paso hacia el progreso con el fin de concientizar a la gente sobre este tipo de prácticas que infligen dolor y sufrimiento», comentó el gobernador Rosselló, el miércoles.
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