Julio De Vido, tras ser procesado en el caso Odebrecht: «La corrupción no existe sin los empresarios»

Preso desde hace un año y medio, Julio De Vido recibió el nuevo  procesamiento en su contra, esta vez por una de las causas Odebrecht, con  denuncias en torno a «presiones» sobre los magistrados y  la persecución política en su contra. Pero lo novedoso fue que el ex ministro de Planificación aseguró que fue la ex presidente Cristina Kirchner la que decidió cómo se llevaría adelante la obra, negó haber beneficiado a la empresa Odebrecht y sus socias locales en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y disparó sobre los empresarios -entre los cuales esta Angelo Calcaterra- que, a diferencia de él, fueron desinvolucrados de las sospechas en el pago de coimas.

«¿Cómo es posible sostener el direccionamiento de una licitación sin atender a quienes supuestamente fueron beneficiados? Esta defensa niega enfáticamente todos los hechos constitutivos de la hipótesis delictual sostenida, sin embargo, recuerda a Vuestra Señoría que la corrupción no existe sin los empresarios, y sin la presión externa por conseguir los negocios beneficiosos para sus empresas», disparó De Vido, en la apelación que presentó su defensa y a la que accedió Infobae.

Tras asegurar que «existe una presión política y judicial concreta sobre quienes ofician en cargos públicos institucionales en la justicia federal» en procesos de «tinte electoralista», De Vido sostuvo: «Las garantías que aquí se reclaman son las mismas que se le han reconocido a los consortes de causa, y que le son sistemáticamente negada a decenas de ex funcionarios que son perseguidos, porque no hay otra palabra para el desconocimiento del derecho penal y procesal penal que no implique un direccionamiento del poder punitivo arbitrario por parte de sectores determinados de la justicia, por ser opositores, por representar aquello que determinados actores no quieren legitimar, destruyendo así, la poca institucionalidad que le queda a nuestra democracia en materia de justicia».

La Cámara Federal deberá revisar en las próximas semanas la resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi sobre la causa que investiga si existieron coimas para que Odebrecht y sus socias locales IECSA, Comsa y Ghella pagaron coimas a funcionarios públicos para conseguir la obra del soterramiento del ferrocarril y para ello se llevaron adelante distintas irregularidades en el proceso.

Sin embargo, el juez entendió que por ahora no había pruebas fehacientes de las coimas. Sí procesó a De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López por delitos de negociaciones incompatibles y a los ex funcionarios de menor rango por incumplimiento de los deberes de funcionario, mientras que a los empresarios involucrados les dictó la falta de mérito. Solo hubo un procesamiento para Jaime y Vazquez por recibir a dádivas de IECSA y Comsa, por lo que también procesó a tres empresarios que están señalados de haberlas entregado.

Tanto el fiscal Franco Picardi como las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron el fallo pidiendo los procesamientos. Pero también las defensas se quejaron por la resolución. Y así De Vido protestó abiertamente por haberlo involucrado el direccionamiento en favor de Odebrecht y sus socias locales.

De Vido criticó los procesos como el «Lava Jato», o el «Mani Pulite», a los que consideró la «prueba cabal de las irregularidades cometidas al calor de la disputa política mediante la utilización de mecanismos como la delación premiada, que justifican no sólo el encarcelamiento preventivo de inocentes, sino también, la coacción y el direccionamiento de las declaraciones». Y apuntó contra Sergio Moro, el ex juez del caso Odebrecht hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro

La defensa del ex ministro aseguró que fue Cristina Kirchner quien decidió llevar adelante la obra y la delegó en la Secretaría de Transporte.  «La voluntad manifestada por el propio Poder Ejecutivo Nacional pone en jaque la participación y el nivel de intervención que el magistrado pretende endilgar a nuestro asistido, quien no sólo no tuvo prácticamente ninguna incidencia en el proyecto en general, sino que tampoco decidió ni pretendió continuar con la obra de manera expresa sino que, dicha decisión emanó de la voluntad política de la mayor jerarquía a nivel nacional, esto es, la Presidencia de la Nación», dijo.

«¿Qué criterio de control le asigna el magistrado cuando de hecho los organismos de control, tanto internos como externos, CNRT, SIGEN, AGN, no manifestaron en su momento oposición alguna al trámite licitatorio llevado adelante por la Secretaría de Transporte? ¿Qué criterio de control le asigna el magistrado a nuestro defendido cuando de hecho el propio Ministerio al día de la fecha sostiene que no existió irregularidad alguna ni direccionamiento de la licitación en cuestión?», preguntó la defensa.

Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, afirmaron en su apelación que de la propia causa «queda en evidencia no sólo que las gestiones fueron desarrolladas en el marco de la Secretaría de Transporte, es decir, sin intervención de nuestro asistido, sino que la asignación de responsabilidad parte del cargo Ministerial ejercido por nuestro asistido y no por una concreta intervención, valorada y ponderada, con visos de ilicitud, encubrimiento, etc».

«Esta defensa ha demostrado que no sólo no recibió el Sr. De Vido un solo peso en su patrimonio de dichos supuestos pagos, sino que, el testimonio de (el ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina Luiz) Mameri es endeble y siquiera indica que fue el Sr. De Vido quien recibió el dinero, sino, en caso de haber sucedido, funcionarios ligados al Ministerio de Planificación argentino en la época cuyo titular era Julio De Vido. ¿Precisamente no es la construcción de esa frase la que incluso, permite derivar que serían funcionarios del Ministerio y no el Ministro?», afirmaron.

De Vido afirmó también que hubo una lectura «parcial, selectiva, orientada, y desincriminatoria de manera arbitraria respecto de unos y no de otros imputados sin razón lógica alguna que lo sostenga».

«Es sabido es que existe una presión política y judicial concreta sobre quienes ofician en cargos públicos institucionales en la justicia, en particular federal, por avanzar no importa cómo en procesos de tinte político y electoralista -opinó-. Sin embargo, amén de las presiones que pudieran existir, lo cierto es que ello no puede obstar a la aplicación razonaba del derecho y el deber de fundar las resoluciones de manera lógica, aplicando criterios jurídicos, ecuánimes, transparentes, racionales. Algo que aquí, evidentemente, no ha sucedido», completó.