Con un breve pero muy duro discurso en la jornada de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, les respondió a los militantes kirchneristas que recientemente plantearon la idea de disolver el Poder Judicial al calificarla como «anti republicana» e «irrazonable».
Luego rechazó la posibilidad de que haya jueces militantesbajo el imperio de la Constitución y reiteró que los magistrados deben ser independientes de cualquier interés ajeno a la letra de la ley, incluidas «las propias convicciones políticas y valoraciones personales».
La idea de redactar una nueva Constitución en la que se elimine el Poder Judicial fue formulada el mes pasado por el escritor kirchnerista Mempo Giardinelli, quien ya la había esbozado el año pasado sentado junto a Cristina Kirchner en la «contracumbre» del G20.
Además, el ex juez de la Corte y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, se manifestó en contra de “indultos y amnistías”. Y fue a fondo pidiendo “hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos”, en alusión a los ex funcionarios K con prisión preventiva o condenados. “Llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial en la medida que lo permita nuestra Constitución”, agregó Zaffaroni.
Sin nombrar a Zaffaroni, Rosenkrantz advirtió que «somos jueces de un país que adoptó como forma de gobierno la democracia constitucional republicana y es esa forma de gobierno la que determina lo que los jueces debemos hacer».
«A nosotros los jueces nos toca solamente aplicar la ley. El hecho de que nuestro país sea una democracia refuerza la distinción, pues determina que sólo los órganos políticos que representan a la voluntad popular se encuentran legitimados para crear normas y ejecutarlas», agregó.«Los jueces no somos representantes de la voluntad popular y, por ello, no podemos crear normas. Por último, como se trata de una democracia constitucional, nuestra responsabilidad nos demanda evitar que los representantes de la voluntad popular transgredan los límites fijados por nuestra Constitución», fustigó Rosenkrantz, quien de inmediato retomó el eje central de sus últimas intervenciones públicas: la independencia de los jueces.
«Los jueces no solo debemos ser independientes de intereses políticos, económicos y sectoriales e independientes del poder y de los poderosos. También debemos actuar de acuerdo a la independencia más difícil de lograr: la independencia de nuestras propias convicciones políticas y valoraciones personales. Los jueces estamos siempre subordinados al derecho, inhibidos de cambiarlo, incluso cuando el derecho que nos toca aplicar no nos gusta. En el país se esparce la idea de que no hay mucha diferencia entre aplicar el derecho y cambiarlo, entre aplicar el derecho y hacer política», advirtió.
«Se ha dicho recientemente que los jueces hacen política y que por ello no tiene sentido exigirles ser independientes. Según esta manera de ver las cosas, la actividad judicial es la continuación de la política por otros medios. Y dado que no hay una diferencia entre juzgar y hacer política, se formula una propuesta extrema y radicalizada: prescindir directamente del Poder Judicial y reemplazarlo por órganos políticos de representación popular. Estas propuestas sin duda son inconstitucionales y anti-republicanas. Pero también son profundamente irrazonables», dijo.
«La democracia constitucional y republicana exige distinguir entre juzgar y militar, entre aplicar el derecho y hacer política», sentenció Rosenkrantz en el tramo final de su discurso.
«Debemos alejarnos todo lo posible de la errada concepción que ve a los jueces como políticos con toga. No debemos olvidar que los jueces buscamos autoridad, no poder«, remarcó.
«Es imperioso que nos alejemos todo lo posible de la concepción según la cual los jueces pueden hacer política. Y es imperioso hacerlo para que nuestros conciudadanos puedan recuperar la confianza de que, en el poder judicial argentino», cerró el titular de la Corte.
fuente CLARIN