El 5 de abril de 2016 fue un día crucial para el relato que los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner enhebraron a lo largo de años. Aquella tarde, Lázaro Báez, el empleado bancario de Río Gallegos convertido en magnate de la construcción inacabada, aterrizó en el aeropuerto de San Fernando y sintió el peso de la Justicia sobre su figura. Agentes de la Policía Aeronáutica lo esperaban en la pista para esposarlo y llevarlo detenido, por orden del juez Sebastián Casanello en una causa por lavado de dinero.
El Lear Jet en el aeropuerto de San Fernando. Foto: Luciano Thieberger.
Caía de esa manera un símbolo de la corrupción a gran escala, articulada desde lo alto del poder. Comenzaba otra historia, de pabellones penitenciarios y juicios. Abandonado para siempre, a un costado de esa misma pista quedaba un avión sofisticado. Uno de los tres aviones que Báez, en los años de la abundancia, había llegado a adquirir para hacer viajes imperceptibles, viajes que llegaron a ser muchos, entre Río Gallegos y Buenos Aires. Viajes de valijeros, bolsos y billetes que comenzaban en el Sur del país y terminaban en departamentos y oficinas de Puerto Madero.
El avión Gulftream, que sale a remate.
La historia se ha contado de mil maneras, y los agentes que acompañan a Clarín en esta mañana fría de julio en una caminata por la pista la conocen bien. Están acostumbrados a que cada tanto alguien venga y pregunte por los aviones de Báez. No es que se hayan convertido en una atracción turística, sino que son parte de diferentes causas calientes que los tienen involucrados como herramientas cruciales en el sistema de recaudación de dinero estatal. Son tres naves. “Uno se quemó y está casi desguazado”, recuerda un oficial. “Pero los otros siguen intactos, uno en medio de la pista y otro en un hangar”, dice y sube el cierre de su campera hasta donde puede. El frío tira con todo lo que puede y al cabo de unos minutos de marcha, a través de galpones y naves calladas, aparece el Learjet, modelo 35A, número 418 (matrícula LV-BPL), cuya valuación de mercado es U$D 575.000. El avión del último vuelo de Lázaro Báez en libertad.
Uno de los tres aviones de Lázaro Baez en Santa Cruz y en tiempos de apogeo. (Opi Santa Cruz)
Luego de ser confiscado, el gobierno lo ploteó y lo exhibió con la leyenda «Aeronave Recuperada de la Corrupción”. Se especuló con que podría ser utilizado como avión sanitario y la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich llegó a anunciar su donación a la Policía Federal para la lucha contra el narcotráfico. Pero la Policía nunca pudo utilizarlo por no contar con personal capacitado para operarlo y el Lear fue quedando en el olvido, arrumbado a un costado de la pista.
Arrumbado significa gasto o mejor dicho pérdida de dinero para el Estado: en patentes impagas, en repuestos echados a perder, en seguros, en costos por el lugar de guardado. Los expertos asumen que en ese sentido, si se aplicara debidamente la ley de extinción de dominio, sancionada por DNU presidencial en enero, los bienes de la corrupción serían rematados de inmediato y convertidos en dinero que de una u otra forma volvería a los argentinos.
Revuelto por dentro. Foto: Luciano Thieberger.
Así estaba cuando Bullrich lo presentó.
“Lamentablemente esto se demoró mucho y lo que vamos a poder obtener de dinero cuando estos aviones sean vendidos desde luego que estará por debajo del valor. Pero hacia adelante es importante porque marcará un camino sobre lo que debe hacerse con estos bienes que son producto del delito: rematarlos rápido para sostener su valor y recuperar el dinero, que finalmente fue robado a todos los argentinos”, dice Ramón Lanús, titular de la Agencia Administradora de los Bienes del Estados (AABE). Su organismo ha sido designado por el Tribunal Oral Federal 4 para llevar adelante la subasta pública de las dos aeronaves de Báez confiscadas en San Fernando La primera de esas subastas online se confirmó este miércoles y será la semana próxima.
Las aeronaves son propiedad de la firma Top Air SA: el Learjet matrícula LV-BPL y un Gulfstream Commander-Rockwell, modelo 690-B, patente LV-MBY, valuado en U$D 211.300. Los dos aviones, cuyos viajes vinculados al delito al delito supieron ser noticia y escándalo, fueron tasados en junio de 2018.
El Lear Jet en San Fernando. Foto: Luciano Thieberger.
Todo esto sucede en el marco de la causa “BAEZ, Lázaro Antonio y otros s/ encubrimiento y otros”. El Gulfstream espera en un hangar de la empresa Aviación Atlántico del Sur SA (AASSA). AASSA pertenece a Walter Zanzot, a su vez dueño del 51% de Top Air SA. El restante 49% de la empresa que tiene esas dos aeronaves es Austral Construcciones, es decir, Báez. Zanzot, acusado también de lavado, aparece en los inolvidables videos de la Rosadita, para la Justicia una de las tantas noches de whisky y blanqueo de dinero de aquellos años.
Quienes quieran inspeccionar el Gulftream deberán comunicarse con la AABE para coordinar la visita. El precio de base es bajo: 110 mil dólares.
Los interesados deben presentar declaraciones Juradas que certifiquen que no tienen vinculo con autoridades nacionales ni con funcionarios que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el acto. Tampoco con los Integrantes del Tribunal y muchos menos con los imputados en la causa.
El interior caótico
El Learjet será subastado en una etapa posterior. Pero es la misma nave que ahora a pedido de Clarín un oficial de la PSA intenta abrir la puerta. No hay caso. No funciona. Se hacen llamados de interconsulta. Es a la derecha. No, gira a la izquierda. Y entonces sí ocurre que 10 minutos después la puerta del avión azul de Lázaro se abre.
No es inmenso. Tiene capacidad para 8 pasajeros y dos tripulantes. Pero llama la atención lo arruinado que está. Parece como si lo hubieran saqueado, abandonado en pista y escapado. Sus asientos de cuero en color crudo están desmontados y apilados uno sobre otro y la cabina de mando parece averiada. Se la ven en condiciones para averiada por la falta de uso.
Pareciera como si el avión hubiera sido saqueado. Foto: Luciano Thieberger.
Es difícil creer que una nave así como está, con casi todos sus componentes vencidos, puede volver a volar. Los expertos dicen que las piezas a lo sumo serán vendidas como repuesto «Sirve para desguazar pero es raro que alguien quiera volarla, ya que las piezas van cumpliendo vencimientos y en este caso está casi todo vencido», explica la agente de la PSA que acompaña a Clarín.
La ficha del Gulfstream, por el que ya se puede ofertar, es más elocuente.
Tiene 5.900 horas voladas y dos motores turbohélices. Pero casi todo está vencido. No cuenta ni con la inspección de 150 horas ni con la rehabilitación anual. Servicio de lubricación: 12 meses vencido. Además, sufre corrosión en algunos remaches, bulonería y estructura. La pintura exterior está levantada y ambas hélices están vencidas. La ficha aclara: Inspección y testeo del regulador de oxigeno vencidos, al igual que el peso vacío y el centro de gravedad de la aeronave. Lo mismo pasa con la prueba de la salida de emergencia: vencida. Tren de aterrizaje de nariz: vencido. Igual que el amortiguador del tren de aterrizaje principal. Hay agua en el piso interior de la aeronave. Las baterías principales fueron desmontadas y están vencidas. Falta matafuego. Y la inspección del sistema Altimétrico también está vencida.
El Lear Jet. Foto: Luciano Thieberger.
LA HISTORIA DETRÁS DE LA NOTICIA
Lázaro Báez aterrizó hace tres años en el Aeropuerto de San Fernando. «Jefe tenemos un problema», le dijo su piloto. En la pista lo esperaba la Policía Aeroportuaria y una orden de arresto del juez Sebastián Casanello. Nunca más volvió a subirse a unos de sus aviones. Quedó desde entonces preso por lavado de activos, y a tres años perdió gran parte de su cuantioso patrimonio de 205 millones de dólares.
Cómodo, distendido, sin abrigo, de camisa y con un maletín con papeles, así viajó aquella última vez Báez. El vuelo lo compartió con su hijo Martín y Diego Navarro, entonces director de su multimedio en Río Gallegos. Ese día comenzó el deterioro de su imponente imperio construido en doce años.
Estos aviones amplios y confortables, aunque ahora severamente dañados, tuvieron un laberíntico recorrido. El juez Casanello bajo la figura de guarda judicial se los otorgó al ministerio de Seguridad para evitar su deterioro. Pero esto funcionó por poco tiempo aunque la insignia de «bienes recuperados de la corrupción» quedó como un sello distintivo de su origen.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que juzga al empresario por «la ruta del dinero K» -está acusado de haber lavado 60 millones de dólares en tres años- autorizó al Estado a subastar los dos aviones que pertenecían al socio comercial de Cristina Kirchner. Su desvalorización y deterioro avanzaban y era crucial hacerse del dinero para preservar el capital.
Las maniobras de lavado de dinero por las que está preso Lázaro Báez, y que tuvieron origen en los fondos obtenidos a través de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, le permitieron incrementar su patrimonio en un 45.313%, según la Justicia. En 2002, el contratista K tenía 1.123.181 pesos; hacia 2012 llegó a superar los 600 millones de pesos, pero el número final para su fortuna fue de 3.021 millones de pesos.
Entre sus más de 1.400 bienes, el socio comercial de Cristina Kirchner cuenta con una flota de aviones propiedad de su empresa Top Air. Los vuelos realizados con esta empresa, desde Río Gallegos a Buenos Aires, fueron investigados por la Justicia. La premisa es que las aeronaves fueron utilizadas «para el traslado de dinero» que terminaría siendo parte de las operaciones de blanqueo.
La primera voz que se opuso a la entrega de los aviones al Estado, fue la de Walter Zanzot, presidente de Top Air SA y uno de los que junto a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario K), contaba dinero en la financiera «La Rosadita». Pero la Justicia no hizo lugar a este pedido. Por el contrario, decidió rematar los aviones y los fondos obtenidos se deposite en una cuenta a nombre del tribunal en el Banco Nación.
Las dos aeronaves se encuentran sin operar por problemas técnicos y las reparaciones costarían al Estado 347.446,98 dólares. “Si este tribunal dispone la desafectación de la suma dineraria para arreglar ambas aeronaves no solamente correría un riesgo cierto de pérdida, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y la utilización de las aeronaves, también se deprecia su valor hasta que se decrete su decomiso, en caso de ser procedente», fue uno de los argumentos para avanzar en la autorización para subastar los aviones.
La medida se adoptó después de que el ministerio de Seguridad de la Nación fuera depositario judicial de las aeronaves. Su mantenimiento y reparación se volvieron muy onerosos, y ante la búsqueda del recupero por parte del Estado de bienes que se sospechan fueron adquiridos con fondos ilícitos, se analizó que la mejor opción era una subasta.
Estas aeronaves pertenecen a Top Air firma cuya principal accionista es Austral Construcciones. Según el Boletín Oficial de la República Argentina, número 31.136 del 17 de abril del 2007, la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Top Air, se realizó el 07 de diciembre del 2006 desde entonces el director titular y Presidente fue Walter Adriano Zanzot.
Según la ampliación de la denuncia por lavado de dinero contra Báez, y donde se incluyó un registro de vuelo de los Jet vinculados al empresario K, consta la utilización de las aeronaves eran utilizadas por Martín Báez, Melina Báez, Angel Rubén Toninelli y Federico Toninelli. El trayecto más reiterados en los vuelo del Jet, es desde Río Gallegos a San Fernando y viceversa.
Además, años atrás se vinculó a la empresa Top Air en vuelos nocturnos donde supuestamente se trasladó dinero para transacciones financieras. Así, en medio del remate de departamentos, autos de alta gama, terrenos propiedad de Lázaro Báez, el Estado está próximo a subastar dos de las aeronaves predilectas del empresario preso por lavado de dinero.
fuente CLARIN
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