«Hay que pedirles a los gobernadores un esfuerzo compartido para llegar a una necesidad de aliviar el bolsillo de la gente», afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la reunión de gabinete encabezada ayer por el Presidente en la Casa Rosada. «No solo nosotros debemos escuchar la voz de la gente. No hemos discriminado a ninguna provincia, tenemos que hacer un esfuerzo todos para vivir mejor», agregó su par de Educación, Alejandro Finocchiaro.
Poco dispuestos a resignar los $35.000 millones que les demandaría afrontar la implementación de la baja del IVA a productos de la canasta básica, la suba del mínimo no imponible de Ganancias y el congelamiento de los precios de los combustibles, los fiscales de Estado de 16 provincias se reunieron ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y definieron una estrategia judicial en común. Las provincias, de todos modos, aceptaron reunirse con funcionarios del Ministerio del Interior, en un diálogo que comenzó el miércoles pasado y que aún continúa, según fuentes oficiales.
«Siempre estamos dispuestos al diálogo y a buscar ejes de consenso, como lo hemos hecho estos años logrando acuerdos históricos que le devolvieron recursos a las provincias que antes retenía el gobierno nacional», afirmaron cerca de los negociadores oficialistas, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y su segundo, Paulino Caballero. «El diálogo sigue, los estamos escuchando. Pero no hablamos de compensación porque son medidas que benefician a la gente», afirmó un vocero al tanto de las negociaciones.
En la Casa Rosada descreen que todas las provincias que plantearon la «inconstitucionalidad» del decreto presidencial que estableció las mejoras para asalariados y beneficiarios de planes sigan adelante con el proceso. «Veremos cuántas terminan siendo, seguramente no serán 16 como se anunció», especularon en un despacho oficial, donde festejaron que tres provincias (Misiones, Neuquén y Río Negro) no llegaron finalmente a presentarse en Tribunales.
En Balcarce 50 diferencian entre los mandatarios que impulsan la acción judicial -el pampeano Carlos Verna, el formoseño Gildo Insfrán y el santiagueño Gerardo Zamora, a quienes adjudican «intencionalidad electoral»- de los gobernadores con los que hay «contacto fluido», como el entrerriano Gustavo Bordet y el cordobés Juan Schiaretti, que tampoco adhirieron a la presentación, al igual que el chaqueño Domingo Peppo.
«Hay que dirimir las diferencias en una mesa de diálogo, no en la Justicia. Y las medidas son un alivio después de la depreciación de la moneda. El esfuerzo fiscal no solo lo hacen las provincias, sino también el gobierno nacional», destacaron desde el oficialismo. «Son dos decretos (IVA y Ganancias) que no tienen sustento en la Constitución, y cada día que pasa son fondos que no ingresan a las provincias», afirmó Pablo Saccone, fiscal de Estado de Santa Fe, una de las demandantes.
Menos diplomáticos que en Casa Rosada, otros sectores del oficialismo dispararon contra los caudillos provinciales.
«Está claro quién no quiere bajar impuestos y generar más ingresos para la gente: el peronismo. Los gobernadores del PJ son unos miserables que ni después del mensaje de la gente en las urnas abre la billetera», disparó desde las redes sociales el diputado nacional Juan Manuel López (CC-ARI), cercano a Elisa Carrió.
Al margen de la suerte de las negociaciones, en la Casa Rosada no creen que los reclamos -presentados de manera individual por las distintas provincias- terminen prosperando. «Son medidas para que la gente esté mejor y esta es una Corte populista», ironizó un funcionario importante que conoce el pensamiento del Presidente sobre la «mayoría peronista» que componen Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, firmantes de varios fallos que enojaron a la Casa Rosada.
En el Gobierno, incluso, especularon sobre un eventual éxito de los gobernadores en las presentaciones y un eventual perjuicio para el kirchnerismo, si es que este termina ganando en octubre.
«Si la Corte decide darles la razón, no lo va a hacer en cuestión de días. Y si las compensa, terminaría generando un costo financiero para el presidente que viene», ironizaron desde otro despacho.
fuente LA NACION
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