La campaña electoral y el eventual cambio de Gobierno dejó en un limbo ladesignación de más de 160 jueces federales y nacionales cuyos pliegos ya se encontraban encaminados; entre ellos, algunos destinados a ocupar varios de los cargos más sensibles del fuero electoral, según indicaron a LA NACION funcionarios del Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y del Senado nacional.

El parate de esas designaciones tomó forma en las semanas previas a las primarias del 11 de agosto, pero desde entonces se solidificó. Desde el peronismo plantean que la probable llegada de Alberto Fernández a la presidencia conllevará una revisión de todos los pliegos ya enviados al Senado, tal como también lo hizo Mauricio Macri en diciembre de 2015.

Desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Germán Garavano, se ilusionan, sin embargo, con que al menos algunos de los pliegos ya remitidos al Senado se aprueben por consenso antes del 10 de diciembre de la mano del presidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara, Rodolfo Urtubey (Frente para la Victoria-Salta). Pero cada día que pasa parece más improbable.

Una de las vacantes de mayor sensibilidad es la del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país, para la que parecía haberse consensuado el nombre de Laureano Durán, quien quedó tercero en la terna del Consejo de la Magistratura y ya subrogó ese cargo durante la etapa final del kirchnerismo en el poder.

Tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO, sin embargo, desde el Frente de Todos comenzaron a empujar la designación en ese juzgado de quien salió primero en la terna elevada a la Casa Rosada: Alejo Ramos Padilla, el actual juez federal con competencia en Dolores, donde instruye el «caso D’Alessio».

Cámara, UBA y sumario

Otra vacante sensible se encuentra en la Cámara Nacional Electoral. Tan preciado es ese cargo que la disputa dentro de Cambiemos derivó en más de un año y medio de tires y aflojes, una demora que ahora podría resultarle beneficiosa a Alberto Fernández si asume el 10 de diciembre.

Primera en la terna quedó la secretaria de la Cámara, Alejandra Lázzaro, quien cuenta con el apoyo de un sector del radicalismo, de la Coalición Cívica, de Lilita Carrió, y de GEN, de Margarita Stolbizer. Segundo se ubicó el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, respaldado por algunos gobernadores del norte y el kirchnerismo. Y tercero se ubicó otro secretario de la Cámara, Hernán Gonçalvez Figueredo, apoyado por Pro, otro sector del radicalismo y un sector del peronismo. Pero ese aparente equilibrio de fuerzas que apoyan a cada candidato, sin embargo, se combinó durante las últimas semanas con un contrapunto que involucra a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que podría terminar por beneficiar a Bejas.

A mediados de 2018, Gonçalvez Figueredo afrontó una denuncia por la incorporación en su currículum de un supuesto dato falso como profesor «titular» en la UBA, lo que desechó el Consejo de la Magistratura, pero derivó en la apertura de un sumario en la universidad y su citación a declaración «indagatoria» [sic] administrativa.

Gonçalvez Figueredo pidió por escrito la «nulidad» de ese sumario, denunció el «desvío de poder» por parte de autoridades de la Facultad de Derecho, recusó a la instructora del sumario y alertó sobre el «uso político» de la UBA para afectar su postulación, según reconstruyó

Gonçalvez Figueredo explicó que el supuesto cargo «falso» en su currículum se debió a las opciones de carga preconfiguradas en la plataforma electrónica del Consejo. El concurso corroboró que esa falla no le otorgó puntaje adicional.

El funcionario argumentó, además, que el sumario se inició sin dictamen jurídico previo -lo que impone su nulidad-, se tramitó sin darle intervención, pretenden aplicarle dos reglamentos que no le competen como docente de la UBA -no lo es, sino que fue contratado para dar unas clases en un curso intensivo de posgrado- o como alumno actual -egresó en 1999-, y que lo citaron a prestar «declaración indagatoria» cuando «esa terminología no existe en todo el Reglamento de Investigaciones Administrativas».

Además de defenderse, Gonçalvez Figueredo contraatacó. Vinculó el sumario al concurso para ocupar la vacante de la Cámara y alertó sobre el posible involucramiento de las autoridades de la UBA a favor de Lázzaro. En particular, porque el rector de la UBA y el decano de la facultad que lo sumarió expresaron su apoyo oficial a su nominación, mientras que su esposo, Alejandro Gómez, es subsecretario de Modernización de la propia universidad.

El propio Gonçalvez Figueredo despegó de lo ocurrido a Lázzaro y a su esposo -a los que calificó de «personas de bien»- y centró su denuncia en «funcionarios de menor rango» de la universidad que, incluso, filtraron sus haberes por aquel curso intensivo que brindó «en violación de la ley de protección de los datos personales». «¿Quién los entregó? ¿A quién? ¿Con qué propósito?», preguntó. Y planteó «la posibilidad de que la facultad aparezca siendo utilizada -por actos de sus dependientes- para interferir indebidamente en el proceso de designación de un juez de la Nación». Una designación que ahora podría quedarle servida a quien ocupe la Casa Rosada desde el 10 de diciembre.

 

fuente LA NACION

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