En una abierta estrategia política destinada a desactivar el clima de tensión social en medio de la campaña, la Cámara de Diputados se dispone a aprobar hoy un proyecto de la oposición avalado desde el oficialismo que contempla una prórroga hasta el 2022 de la emergencia alimentaria con una inyección de fondos de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos para planes sociales.

A las 11.30 están convocados todos los bloques para una sesión especial pedida por la oposición para tratar un proyecto que se gestó desde el Frente de Todos y que Cambiemos tuvo que aceptar a regañadientes para llevar tranquilidad a los sectores más desprotegidos.

La iniciativa se tratará en medio de un clima de tensión social ya que un grupo de organizaciones sociales lideradas por el Polo Obrero y Libres del Sur decidió ayer acampar por dos días frente al Ministerio de Desarrollo Social luego de un enfrentamiento con la policía. Estos sectores sociales reclaman un aumento de la ayuda social y de planes sociales que el Gobierno se niega a dar bajo «condiciones de extorsión», como dijeron en la Casa Rosada.

«Será una sesión corta donde trataremos de que no se haga un show mediático en un tema tan sensible como es el hambre de los chicos», expresó anoche a Infobae un encumbrado diputado de Cambiemos que formó parte de las negociaciones con el kirchnerismo para dar con un proyecto de ley de emergencia alimentaria consensuado.

El presidente Mauricio Macri habilitó ayer a sus legisladores a dar el debate al sostener sin vueltas: «Si quieren ampliar o cambiar el proyecto, estaremos disponibles», dijo. Pero aclaró de inmediato que la emergencia alimentaria está desde el 2002 y «hay herramientas suficientes para atender estas cosas, estamos para asistir a los gobernadores». Así, el Gobierno dejó en claro que apoyará la medida aunque observa una sobreactuación de la oposición en un tema sensible.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Carolina Stanley dijeron que la emergencia alimentaria ya estaba vigente en la Argentina y que este año se destinaron $12.000 millones del presupuesto para comedores escolares a los que se añadió $6.000 millones más después de la devaluación de las PASO.

Así, el aumento del 50% que contempla la oposición se sustentaría en base a los $18.000 invertidos en ayuda alimentaria por el Ministerio de Desarrollo Social para el 2019.

No obstante, desde el Gobierno quieren evitar una confrontación con la oposición en un tema tan sensible y por ello se habilitó a los legisladores de Cambiemos a aprobar la iniciativa que contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social en el contexto de la emergencia alimentaria y que en la práctica implicaría la inyección de fondos de entre $8.000 y $10.000 millones.

No se descarta que haya un pedido de Cambiemos para comprometer también al próximo gobierno a una inversión de fondos complementaria en ayuda alimentaria para exigir eventualmente a Alberto Fernández un esfuerzo similar al que hará Macri ahora.

El acuerdo entre oficialismo y oposición se dio ayer tras una reunión reservada entre el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el titular del Interbloque de Cambiemos Mario Negri y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Allí se acordó una sesión rápida y sin demasiados debates aunque nadie garantiza que en el recinto de Diputados hoy no se levanten discursos duros contra Macri desde las bancadas opositoras.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso al que tuvo acceso Infobae evaluó el impacto del proyecto de ley de emergencia alimentaria y detalló: «En cuanto a la forma en que se atenderá el financiamiento de la medida si bien en el artículo 4 no queda especificado, de acuerdo con la lectura del artículo 6 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional estableciendo como límite que las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad servicios sociales».

Así quedó en claro que no habrá nuevos gastos sino reasignación de partidas que deberán definir el jefe de Gabinete y el ministro de Hacienda Hernán Lacunza. Esta decisión prevé también dar una señal de austeridad hacia afuera tendiendo en cuenta que el FMI reclama que no haya un aumento del gasto público para desembolsar los USD 5.400 millones que aún restan del crédito lanzado el año pasado.