El Senado se aprestará a sancionar este miércoles el proyecto de ley de emergencia alimentaria tras un acuerdo del oficialismo y la oposición a pesar de que el Gobierno no definió aún de dónde reasignará partidas del presupuesto por más de 8.000 millones de pesos para sustentar un aumento del 50% de los planes sociales alimentarios como contempla la iniciativa avalada la semana pasada en Diputados.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y el jefe de la bancada de senadores del PJ Carlos Caserio acordaron darle urgente tratamiento y sancionar de una vez el proyecto que prorroga hasta el 2022 de la emergencia alimentaria, y que apunta a cubrir los requisitos nutricionales de niños de hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.
La idea es que haya una sesión corta y sin demasiados debates como ocurrió en Diputados. Así, se acordó que hablarán cinco minutos por jefe de bloque y luego se votará sin modificaciones el proyecto.
Los senadores buscan transmitir a los movimientos sociales, la Iglesia y a los gremios que habrá una respuesta al reclamo de la calle sobre la necesidad de atender el incremento de la emergencia alimentaria. Esta señal de alerta no sólo es de la oposición sino que, por ejemplo se volcó en un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que sostiene que la situación de vulnerabilidad alimentaria en los niños creció a su pico máximo el año pasado desde el 2010 hasta ahora.
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A la vez, esta semana volverán a la calle los piqueteros duros liderados por el Plolo Obrero y Libres del Sur bajo la reiterada amenaza de acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ante este clima beligerante el Senado buscará una sesión corta y de urgente respuesta.
Temas sin resolución
De todas maneras, hay dos cuestiones de fondo que no están saldadas aún más allá de la aprobación del proyecto: el monto y la reasignación de partidas.
No está clara el monto del aumento destinado a la Emergencia Sanitaria ya que hay una discusión de fondo que no fue saldada en Diputados. Durante el debate en particular del proyecto se especificó en el artículo 4 que el monto final de la ampliación de emergencia será en función al crédito vigente. Esto significa que se trata de un aumento del 50% que surgirá de la reasignación de partidas que defina el jefe de Gabinete: unos $10.000 millones de pesos acorde al cálculo peronista; 8.000 millones de pesos según los números del oficialismo.
La confusión parte de que Cambiemos toma en cuenta los $12.000 millones presupuestados en este año para emergencia alimentaria, más un adicional de $6.000 millones que se dieron después de la devaluación. Así lo señalaron los diputados Mario Negri y Luciano Laspina.
En cambio, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el diputado kirchnerista Carlos Castagnetto, que fue viceministro de Desarrollo Social de Cristina Kirchner, entendieron que se tratará de un aumento de $10.000 millones. Es que el kirchnerismo toma en cuenta el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que menciona otras partidas aportadas por el Ministerio de Salud y el PAMI que implicaría otros $2.000 millones. Así, el 50% del aumento, sería de $10.000 millones y no de $8.000.
Por otra parte, desde el Ministerio de Hacienda que lidera Hernán Lacunza no definieron aun cuáles son los fondos de reasignación de partidas que deberá tener el presupuesto de aquí a fin de año para cubrir esos $8.000 o $10.000 millones según quién haga el cálculo.
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En la Casa Rosada tienen una certeza por ahora: no se tocarán los fondos de la obra pública. Es que en el Gobierno entienden que la mayor parte de los proyectos de obra pública tiene un 70% ejecutado por lo que restarle fondos ahora implicaría no sólo paralizar obras sino también dejar sin trabajo a miles de obreros que sustentan esos proyectos.
«Hay que pensar en reasignar partidas de fondos subejecutados o de proyectos de algunos Ministerios que no sean prioritarios», explicó a Infobae un funcionario de Hacienda. Pero no pudo especificar aún de donde saldrán esos fondos.
Informe de la UCA
Detrás del proyecto de ley de emergencia alimentaria que aprobó la Cámara de Diputados y se apresta a debatir el Senado este miércoles se encuentran datos alarmantes para la Argentina: la inseguridad alimentaria total llegó al pico máximo del 35,8% desde el 2010 hasta ahora, con niveles de falta de comida severos del orden del 17,4% y déficit de nutrientes alimentarios que en sectores bajos del país llegan hasta el 44%.
Según un detallado informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA «la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018».
El conurbano bonaerense es la zona del país más golpeada por la emergencia alimentaria ya que los chicos que viven en el GBA y experimentan inseguridad alimentaria severa (14,5%) en un 79% son pobres en términos monetarios, y el 63% reside en villas o asentamientos. Es decir, que la experiencia de hambre infantil registra una fuerte concentración en los hogares pobres y espacios socio-residenciales informales.
A su vez, el informe de la UCA reveló que «la tendencia al alza de los niveles de ayuda alimentaria directa como de la inseguridad alimentaria (total y severa) se mantienen persistentes en los últimos dos años, alcanzando niveles alarmantes tanto a nivel país como para los NNyA del GBA, en el tercer trimestre de 2018».
Así, en este último año, se pueden observar los valores más elevados de la serie para todos los indicadores. De modo que el aumento de la cobertura alimentaria, si bien elevada y habiéndose adelantado al futuro aumento de la inseguridad alimentaria en 2016, pareciera ser aún insuficiente para saldar los déficit de acceso a los alimentos de NNyA, tanto del GBA como a nivel promedio del país.
La inseguridad alimentaria severa, que significa haber experimentado situaciones de hambre en los últimos 12 meses, afecta al 11,3% de los chicos y adolescentes a nivel del promedio nacional entre 2017 y 2018, mientras que alcanza al 14,5% en el conurbano. Es decir, que estos últimos se ven afectados por el riesgo alimentario más que sus pares a nivel del promedio nacional.
Ianina Tuñon, la directora del proyecto de Infancia del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló a Infobae que «la emergencia alimentaria hay que dotarla de contenido y de una clara estrategia de gestión de los recursos procurando llegar a los sectores sociales más vulnerables y a los niños pequeños y adolescentes no escolarizados».
Esta investigadora que alertó sobre los niveles históricos que registró la Argentina en materia de inserguridad alimentaria expresó también que «en un contexto con aumento de la pobreza es entendible que se haya incrementado la inseguridad alimentaria y desde el 2010 hasta ahora las transferencias de ingreso no fueron suficientes para atender los incrementos de inseguridad alimentaria severos».
Así, el informe de la UCA alerta que entre el 2017 y 2018 no fue suficiente la ayuda alimentaria ni la transferencia de ingresos. «Se suma no sólo un incremento de la pobreza e inflación sino un mercado laboral muy recesivo y ello impacta también en la inseguridad alimentaria», dijo Tuñon.
En esta misma línea de análisis el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA Agustín Salvia detalló a Infobae que «las medidas de asisitencia que se tomaron ante la emergencia no son estructurales para atender la emergencia alimentaria. Se podrían haber tomado medidas mejores incluso en el marco del acuerdo del FMI. Esto fue una falla estratégica en materia de planificación».
Para Salvia, «es necesario ampliar la asistencia alimentaria en las escuelas y mejorar al mismo tiempo la dieta alimentaria. Una emergencia alimentaria exige movilización de recursos para lograr no sólo mejoras en materia de atención alimentaria sino en salud. La crisis debe servir no sólo para asistir cino para invertir esta ecuación donde se tiene a los pobres como los más vulnerables. Tomar medidas más estratégicas e inteligentes significa no solo invertir en recursos sino generar acuerdos con sectores sociales, académicos y técnicos en términos de un proceso de movilización social que se atienda la emergencia y se mejore la situación de los más pobres».
Los datos de chicos y adolescentes del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria, frente a sus pares del promedio nacional según diferentes factores sociales, y así presentan déficits graves en el acceso a los alimentos se ven concentrados en hogares en situaciones de pobreza (79%), residentes en barrios informales (63%) y localizados principalmente en la zona oeste del conurbano (44%).
A la vez, el informe de la UCA advierte que el déficit de nutrientes esenciales presenta elevados niveles de incidencia en NNyA tanto a nivel nacional como en el GBA. Se trata de un fenómeno extendido en diferentes infancias, sin embargo, se agudiza en los niños/as más pequeños que a su vez son los que más se perjudican por las consecuencias que ello tiene en su desarrollo físico y cognitivo.
La profundidad de este déficit es mayor en el GBA ya que el déficit severo presenta una mayor participación en el nivel total de déficit. La situación más severa alcanza al 7,8% de los NNyA del GBA que carece de todos los nutrientes esenciales en su dieta alimentaria diaria.
La asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país. Los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños/as en edad de escolarización primaria. Pero el informe de la UCA destaca que la tasa de cobertura disminuye abruptamente para los niños/as de edad preescolar y para los adolescentes. Es decir, que la ayuda alimentaria en el GBA está fuertemente localizada en el espacio escolar y no necesariamente se focalizada en espacio socio- residenciales de villas o asentamientos o en las escuelas más pobres del territorio.
El acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños/as no escolarizados y los adolescentes.
Así, los chicos del GBA que presentan inseguridad alimentaria severa en un 44% no recibe ningún tipo de asistencia alimentaria (6,46%), lo que deja al descubierto que no son suficientes las políticas de ayuda alimentaria directa en el conurbano bonaerense y que las mismas necesitan mayor escala y mejor calibración para llegar a los NNyA más vulnerables.
El 84,6% de estos chicos son pobres en términos monetarios y el 41,8% reside en villas o asentamientos urbanos.
Los niños/as que principalmente están recibiendo estos alimentos son aquellos que se encuentran en edad escolar para asistir a la primaria (5 a 11 años), que viven en hogares de los niveles socio-económicos bajos, en situaciones de pobreza o indigencia, y cuya vivienda se encuentra en villas o asentamientos.
Sin embargo, la incidencia de la asistencia alimentaria gratuita en el GBA registra valores elevados para los chicos en estratos medios bajos (30,4%), en hogares en barrios con trazado urbano (37%), que no viven en situaciones de pobreza (28,9%) ni de indigencia (36,3%).
La diferencia en la cantidad de chicos que reciben alimentos de manera gratuita según su grupo de edad es alarmante: los niños/as más protegidos, de 5 a 11 años tienen el doble de posibilidades de obtener alimento gratuito frente a sus pares de 0 a 4 años, y 1,7 veces más que sus pares adolescentes (12 a 17 años). Esto toma especial relevancia recordando que la inseguridad alimentaria afectaba a todos los grupos de edad por igual y el déficit de nutrientes esenciales revelaba una pequeña dependencia para los más pequeños.
fuente INFOK