Renegociar la deuda es, junto con la inflación, uno de los principales temas económicos de corto plazo que la próxima administración deberá resolver. Pero no haría falta esperar a que el equipo de Alberto Fernández asuma el 10 de diciembre. Según distintos analistas especializados en el tema, ya deberían haber comenzado las negociaciones para posponer los próximos vencimientos, que, de no resolverse pronto, podrían dejar a la Argentina nuevamente en default.
Un grupo de acreedores de deuda argentina en moneda extranjera busca agilizar las negociaciones y formó un comité para tener un mensaje unificado frente al país. La idea es facilitar el proceso para los bonistas que tienen una exposición fuerte a la deuda argentina, sobre todo para aquellos que compraron Bonos del Tesoro 2020 (BOTE), en junio del año pasado. Algunos de los fondos que serían parte son Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Amundi y Blackrock.
Si los nuevos funcionarios llevan una propuesta convincente para este grupo, luego será más fácil negociar con el resto de los tenedores. «Esto le podría convenir al nuevo gobierno, salvo que se forme una posición muy dura en contra y se unifiquen todos de un lado, de modo que no sea viable desde el punto de vista argentino», opinó Daniel Marx, jefe negociador de la deuda externa de 1989 a 1993.
«Puede ser que haya más de un grupo en el exterior tratando de armarse para negociar y después se fusionan. Si el proceso es rápido o lento dependerá de la voluntad de ambas partes, pero todavía no está asignado el representante del Fernández», agregó el director ejecutivo de Quantum Finanzas.
A diferencia de las negociaciones de la deuda argentina en 2005, la mayoría de los títulos con ley extranjera fueron emitidos bajo la cláusula de acción colectiva. Esto significa que si entre el 70% y el 85% de los tenedores acepta una propuesta -el porcentaje depende del tipo de bono-, la oferta se aplica automáticamente al resto de los acreedores y no pueden accionar judicialmente para conseguir un precio mejor. Esto evita futuros reclamos de holdouts.
«La Argentina tiene deuda con ley extranjera por US$60.000 millones. Entre los grandes tenedores pueden llegar a tener 15.000 millones. Lo central será saber qué esfuerzo fiscal o macroeconómico ofrece el país para que los acreedores aprueben el canje», indicó Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews y exsecretario de Finanzas, en referencia al programa fiscal que tendrá el próximo gobierno.
Esto suele repetir también Martín Redrado, uno de los economistas a los que se tienen como fuente de consulta tanto del lado del próximo gobierno como de parte del comité de acreedores. «La negociación que resulte dependerá del programa fiscal y de las expectativas de crecimiento que tenga la Argentina para los próximos años», indica.
Para 2019, se espera que el resultado fiscal primario (antes de intereses) finalice con un déficit de entre 0,8% y 1,3% del PBI. Partiendo de este nivel, cuanto más exigente sea el sendero para lograr el superávit, más «amigable» será la negociación con los acreedores privados. Por eso los inversores están con expectativa de conocer el programa económico del presidente electo.
Negociación tripartita
Los analistas estiman una suba de impuestos y una ampliación de la base tributaria para aumentar los ingresos, pero reina la incertidumbre en relación con lo que se hará con el gasto.
Antes de que comiencen las negociaciones con el comité de acreedores, los mismos tenedores sugieren que previamente haya una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), principal acreedor de la Argentina y quien actuará como auditor de que se cumplan las nuevas condiciones de pago. Sin embargo, los intereses del Fondo generalmente no coinciden con los bonistas. «Acá se aplica la teoría de los juegos. Al Fondo le interesa que la deuda sea sustentable, quizá sea más agresivo en materia de quita con los privados», indicó otro analista en off.
La sorpresa en el mercado en estos primeros días del mes es que los bonos en dólares argentinos subieron hasta un 10%, concentrados en el Bonar 2020, que es el bono de más corto plazo. «Hay una expectativa de mejora evidente en los bonos de vencimientos más cortos, que esperan mejores condiciones de renegociación en un escenario de canje», analizó Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.
Para el año próximo, la Argentina tiene vencimientos de bonos bajo ley extranjera por US$3500 millones en intereses y US$500 millones en capital, según los cálculos de Delphos Investment. Los vencimientos más importantes, sin embargo, están concentrados en 2021, con pagos de US$4000 millones en intereses y otros US$4000 millones en capital. «Lo justo sería reestructurar la deuda emitida bajo ley local y extranjera de la misma manera, pero con la cláusula de acción colectiva que tiene la extranjera es muy complicado reestructurarla. Además, los vencimientos en 2020 no son tan importantes y por lo tanto es muy difícil llevarlos a acabo de esa manera», dijo Santiago López Alfaro, socio de la consultora, que cree que podría haber solo un reperfilamiento con este tipo de deudas.
La deuda emitida con ley local rinde menos en el mercado, a la espera de que la reestructuración sea más drástica. «Muchos de los fondos que tienen estos bonos no son los tenedores oficiales, los compraron cuando habían perdido buena parte de su valor. A ellos les interesa que una vez que entraron en el canje se les pague», analizó por su parte Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
«El sendero de superávit primario es importante para la negociación con el Fondo, pero también es importante para los bonistas, porque necesitan que sea creíble la capacidad de pago posreestructuración. Si no, el título no valdrá nada en el mercado cuando después lo quieran salir a vender», agregó.
fuente LA NACION